Desde la publicación a finales de 2019 del llamado Pacto Verde europeo y de las Estrategias de la Granja a la Mesa y de Biodiversidad 2030, observamos con perplejidad cómo los planteamientos de la Unión Europea no contribuyen a la defensa de un modelo agrícola realmente sostenible.
Los ataques al consumo de carne en los menús escolares, el asalto continuo a explotaciones ganaderas por parte de activistas animalistas, las declaraciones en contra de la producción y consumo de carne, la negación de los efectos beneficiosos del consumo moderado del vino o la intención de imponer un sistema de etiquetado que equipara al aceite de oliva o el jamón ibérico con un alimento ultraprocesado o que persigue calificar como aceite tóxico los aceites esenciales de la lavanda son el resultado de una estrategia ideologizada que propicia un conjunto de normativas a escala europea y nacional que apagan los sueños y ahogan las explotaciones de la España rural.
Sólo un demente o un sectario –o un sectario demente– puede dudar de que los ganaderos y agricultores de España trabajan duro día a día creando puestos de trabajo en las zonas rurales, luchando contra la despoblación e implementando las normas más estrictas del mundo en seguridad alimentaria, salud y bienestar animal.
Sin embargo, no reciben más que el abandono de unas élites que les desprecian y de una izquierda urbanita que sabe que ellos son una de las últimas líneas de defensa de ese mundo de costumbres y tradiciones, de hombres recios y mujeres fuertes, de tiempos lentos, de mirar al cielo y trabajar la tierra, de oraciones cuando no llueve y de acciones de gracias el día de la cosecha. Odian ese mundo porque nuestro campo es inmune a su veneno.
No podemos ahorrarnos palabras gruesas y verdaderas; bien sabéis que estamos ante una coyuntura muy compleja. A los efectos de la desastrosa gestión de la epidemia de coronavirus se unen ahora los de la guerra en Ucrania. Una guerra que los oligarcas sirvieron en bandeja a Putin al dejar toda Europa a los pies del gas y del petróleo ruso con el socialismo alemán liderando la rendición energética.
El precio en origen de muchos productos sigue estancado, aunque la subida de costes, energía y materias primas y el impacto de la nueva normativa verde provoca un brutal incremento de la inflación de los alimentos para las familias españolas cuya cesta de la compra se carga día a día.
La competitividad y la rentabilidad de las explotaciones agrarias y ganaderas no es del interés de las burocracias de Bruselas ni del progre consenso urbanita de socialistas y populares en España; y el cierre de explotaciones es continuo por la presión inmisericorde de una normativa verde que sólo beneficia a los falsos ecologistas y a terceros estados extranjeros.
Ayer mismo, en el Parlamento Europeo, se ha aprobado la reforma de un Reglamento sobre uso de la tierra, cambio de uso y silvicultura que impone –otra vez el fanatismo climático– la neutralidad climática en los sectores apegados a la tierra, incluidas las emisiones agrícolas distintas del CO2, como las derivadas del uso de fertilizantes y el ganado.
En el caso de España, los objetivos que se fijan son inasumibles. Otra vez, la presión de las ONG ecoradicales ha surtido efecto en los diputados. En VOX hemos votado en contra porque lo que queremos conservar, proteger, recuperar y acrecentar es la prosperidad de nuestro sector primario y eso no se hace con normas que ahogan, limitan, prohíben y restringen el trabajo de nuestra buena gente del campo.
Nunca se ha preguntado a los españoles sobre estas cuestiones que afectan a la vida de quienes todos los días –haga frío o calor, lluvia, nieve o pedregal– arriman el hombro para que los urbanitas podamos disfrutar de un buen ágape regado con buenos vinos de España.
Los españoles deben decidir. Los españoles quieren cuidar lo suyo. Y para eso VOX está en las instituciones y camina con paso firme para crecer en los próximos comicios locales y regionales.
