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Este artículo se publicó en La Gaceta antes de convertirse en La Gaceta de la Iberosfera, no siendo entonces propiedad de Fundación Disenso.
Socio-Director de Eurogroup Human Resources.Orgulloso de colaborar con Intereconomía desde abril de 2012."""
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Endurecer las penas no frenará la corrupción

12 de enero de 2015

“2015, el año de la recuperación económica”. “La legislatura de las reformas”. Y “el Gobierno ha salvado del rescate a España”. Estos son los tres lemas, político-económicos y en clave marketiniana, concebidos engañosamente por Arriola y elegidos para ser utilizados como reclamo electoral durante el presente año.

 

Los mismos, según se ha decidido en el último “retiro” que el PP ha celebrado en Toledo, serán reproducidos hasta la saciedad por parte de los dirigentes del partido del Gobierno y a través de los medios de comunicación. Al objeto que la opinión pública española los asimile y termine por creérselos.

Los españoles, estupefactos e indignados, comprobamos que casi todo sigue igual respecto a la corrupta, desfasada y vieja forma de hacer política del PP-PSOE.

Zapatero negó la crisis, dejando a España en quiebra económica. Y Rajoy vende una irrisoria recuperación económica sin antes solucionar los principales problemas de nuestra economía. Sobre todo, el relativo a nuestra impagable deuda pública, originada por un desaforado gasto público-político proveniente del sector público autonómico y local.

E, igualmente, presume de reformas que no responden a las demandas de los españoles pero que dejan intacto el inmerecido estatus, los inmorales privilegios y la super protección de la casta política.

Por ejemplo, la reforma de la Administración, que ha sido presentada por el Gobierno como su propuesta estrella en esta legislatura. No obstante y al respecto, únicamente se han recortado servicios públicos para los ciudadanos, manteniéndose íntegramente la “mamandurría” política, el comisionismo, el clientelismo y las subvenciones amigas. Imitando al Gobierno de ZP.

Otro de los ingeniosos y escasamente graciosos chistes inventado por el gurú del PP, que nos seguirán contando durante el presente año desde los distintos escenarios gubernamentales, está basado en la idea relativa a que el Gobierno salvó a España del rescate… Gracias a que Dragui lanzó un flotador al Gobierno desde su buque, el BCE.

 

La última reforma propuesta por el Gobierno es la referida al Código Penal. La misma se encuentra en fase de tramitación parlamentaria. Puesto que actualmente la Comisión de Justicia del Congreso está discutiendo las numerosas enmiendas presentadas al citado texto, con el objetivo de aprobarlo y trasladarlo al Senado a finales de enero.

Esta nueva reforma del Código Penal, respecto a los delitos relacionados con la corrupción política (una de las máximas preocupaciones de los españoles), propone prolongar los plazos de prescripción. Aumentar las penas de inhabilitación. Y, en general, endurecer las penas.

Recordemos que algunos de estos delitos son la malversación de caudales públicos, la prevaricación, el cohecho, el tráfico de influencias, etc. Y que los mismos pueden ser cometidos tanto por cargos públicos como por funcionarios.

 

¿La imposición de penas más duras frenará la corrupción política?

En este sentido, es factible afirmar que el endurecimiento generalizado del sistema penal es el objetivo prioritario que persigue conseguir la reforma del Código Penal. No obstante e independientemente que pueda ser acertado incrementar la dureza de las penas, la raíz del problema de la corrupción política se encuentra en la ausencia de separación de poderes de nuestro sistema.

En base a ello y mientras la justicia siga politizada y al servicio del PP-PSOE, ninguna reforma del Código Penal será eficaz.

¿Recuerdan la “Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, de reforma del Consejo General del Poder Judicial”? De forma inconstitucional, y con la complicidad del PP-PSOE, la partitocracia eligió a los vocales del CGPJ y, de esta forma, blindó a la casta ante la justicia.

Los jueces y magistrados de los altos tribunales de justicia españoles, actualmente, son “políticos con toga”. Y el CGPJ, máximo órgano de gobierno de los jueces, se ha convertido en una filial del Ministerio de Justicia, es decir, del Gobierno de turno.     

Lamentablemente, esta reforma del Código Penal es una muestra más del engaño al que somos sometidos los ciudadanos constantemente.

Parche sobre parche. Y el sistema sigue desinflándose. Porque a la partitocracia heredera de la Transición no le conviene cambiarlo.    

 

 

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