Me consta que en España la gente de bien está ahora ocupada siguiendo las aventuras berlanguianas de Tito Berni o las consecuencias de la moción de censura contra Sánchez y todo el ruido generado a su alrededor por la muy gregaria opinión publicada. Y cuando asoman su interés más allá de las fronteras españolas, la gente de bien sigue absorbida por la guerra de Ucrania, sus consecuencias económicas y una posible escalada con China de estrella invitada.
Normal. Pero este flujo continuo de información aturde e impide percatarse de atropellos que, contados a cámara lenta, con un mínimo de distancia y de perspectiva, nos harían llevarnos las manos a la cabeza. A la sombra del frenesí, y con una memoria de pez ciudadana cultivada a la luz de las pantallas, algunos gobernantes pueden cometer auténticos atracos sin despeinarse. Que se lo digan a Pedro Sánchez. Y de paso, a la Unión Europea también.
Me explico. Desde febrero de 2022, la otrora inofensiva Bruselas ha adquirido un poder exorbitante en forma de condicionalidad para proteger «los intereses financieros de la Unión». En teoría, se trata de un mecanismo para impedir que los fondos europeos, incluidos los fondos de recuperación, acaben en bolsillos equivocados y luchar contra el fraude cometido violando las reglas del Estado de Derecho. Bienvenido sea… si así fuera, pero supongo que el lector ya se percata que en nombre del Estado de Derecho, un concepto maleable hasta la saciedad desde Bruselas, sus paladines pueden cometer auténticas arbitrariedades. Sobre todo si la primera (y de momento única) diana de éste mecanismo es la Hungría de Orbán al que ya nadie perdona su cuarta mayoría absoluta.
De momento, en virtud de este mecanismo y a pesar de la turbulencias geopolíticas, el país no ha recibido ni un mísero euro de los fondos de recuperación, y le han impuesto una escabechina de 65% de otros fondos europeos, ambas amenazas en vigor hasta que el Gobierno se pliegue a todas las condiciones impuestas –que no propuestas– por la Comisión y avaladas por los Estados miembros. En un principio, fueron 17, y al ver que Budapest se comprometía a ponerlas en práctica, de repente se convirtieron en 27. Diez más de propina en unas semanas. Algunas quizás tengan sentido, como una cooperación más estrecha con la agencia europea anti-fraude OLAF. Otras son claramente abusivas. ¿En qué medida las competencias del Tribunal Constitucional o el Tribunal Supremo húngaro constituyen una amenaza para el presupuesto de la Unión? Obviamente ninguna, pero aún así esas son dos de las condiciones innegociables. O cómo transformar el presupuesto de la Unión en una máquina de apropiarse competencias nacionales e imponer cambios constitucionales sin mandato y con excusas de mal leguleyo.
Pero este atraco parece hasta decente comparado con la última ocurrencia de Bruselas: echar a patadas a dos tercios de las universidades húngaras de los programas Erasmus y Horizon (éste último dotado con 70 000 millones de euros para la investigación) a partir de septiembre. ¿Por qué? No se sabe, por si acaso. Hace unos años, el Gobierno Orbán cambió el modelo de gestión de la enseñanza superior para dar más dinamismo e autonomía a unas universidades carcomidas por el inmovilismo y la burocracia. Lo hizo con un modelo de fundaciones inspirado de Estados Unidos y replicado en otros países europeos. Con buenos resultados. Ahora además de los claustros habituales un consejo de administración también gobierna esas universidades.
Ocurre que unos 11 miembros de esos consejos de un total de 110 eran cargos políticos, excusa de la que se vale Bruselas para morder aunque nunca lo ha hecho en Francia, Austria o Bélgica aunque se dé el mismo caso. ¿Morder? Más bien disparar a bocajarro: invocando que la estructura de esos consejos de administración constituye en sí una amenaza para el presupuesto europeo aunque jamás hubo una sola malversación de fondos europeos y ni siquiera existe un ápice de riesgo serio ya que esos consejos no gestionan fondos europeos la UE ha excluido simple y llanamente a 180 000 estudiantes húngaros de su programa más reconocido. Por si las moscas.
Erasmus es probablemente la iniciativa mas popular y consensual de la UE y, según sus eslóganes, una máquina de tender puentes, crear Europa y brindar oportunidades. Una vaca sagrada que jamás se había politizado ni utilizado para sanción alguna. De hecho, Turquía es miembro de pleno derecho del programa desde hace años y su permanencia nunca se ha cuestionado. Gracias a Erasmus Mundus, su vertiente mundial, estudiantes de Irán, Nigeria o Venezuela pueden perfectamente venir a Europa a estudiar. Pero Hungría, a partir de septiembre, no en virtud de un atropello jurídico consistente en imponer una sanción de una severidad extrema por una infracción imaginaria e hipotética.
Estamos hablando de una infamia sin precedentes, de un chantaje despiadado con la juventud de un país tomada como rehén y de una barbaridad jurídica (castigar sin infracción alguna), una auténtica arbitrariedad en nombre… del Estado de Derecho sin que nadie se inmute. Que baje Orwell y lo vea. Pero mientras tanto, en la indiferencia general, una UE satisfecha con sus nuevos superpoderes ha transformado su iniciativa más popular en un instrumento de chantaje. Contra sus propios ciudadanos.
Por cierto, los 11 políticos miembros que se sentaban en los consejos de administración han dimitido de sus cargos en febrero, pero la Comisión se ha sacado de la manga seis condiciones más para seguir apretando. Que baje otra vez Orwell.
