Mientras la Cloaca Máxima Ferracina sigue evacuando una cantidad de fango que amenaza con salpicar al One, el Congreso de los Diputados ha tomado en consideración una reforma de su reglamento impulsada por ERC, Junts, Podemos, Compromís y el BNG para rebajar las exigencias para constituir grupo parlamentario propio. La iniciativa, que ha sido apoyada por el PSOE, ha recibido los votos en contra del PP, Vox y UPN. Pero como la aritmética parlamentaria, esa que dio acceso al poder a P. S., manda, el proceso de reforma dará comienzo en breve. El objetivo es permitir la configuración de un grupo propio rebajando del 5 al 3% el porcentaje de votos a nivel nacional y descender del 15 al 10% en las provincias en las que se presentan estas facciones que se dicen partidos.
La modificación haría innecesarios los préstamos que reciben algunas formaciones disolventes, siempre socorridas por el bipartidismo. De hecho, en esta legislatura, los golpistas Junts y ERC recibieron cuatro diputados del PSC y dos de En Comú, respectivamente, para que el secesionismo sentara con garantías sus reales en la Carrera de San Jerónimo. Lanzado el capote, configurados los grupos, los prestamistas se taparon y regresaron a sus siglas de origen. La cuestión no es baladí, pues un grupo político tiene garantizado un puesto en las comisiones parlamentarias, en la Diputación Permanente y en la Junta de Portavoces, amén de acceder a prebendas mediáticas y económicas.
Cualquier partido político que asumiera su verdadero papel se negaría a favorecer a estas facciones, pues facciones, que no partidos, es lo que son. La distinción la estableció el jurista suizo Johann Kaspar Bluntschli, para el que los partidos buscan el interés general de la Nación, pues representan a una parte el todo, mientras las facciones se guían por el egoísmo, por el interés privado. Teniendo esto en cuenta ¿qué sentido tiene permitir que estas facciones operen en la legalidad? La respuesta es evidente si se tiene en cuenta que la empresa radicada en Ferraz, que cuenta con una sección de fontanería propia, debe su hegemonía a su labor como coordinadora de secesionistas. Desde Ferraz se dosifica la intensidad del chantaje a todos los españoles por parte de un puñado de facciosos siempre protegidos desde esas instancias tapizadas por moqueta roja. Ferraz atesora la logística que desmantela lo público, empezando por el propio territorio, para entregárselo a los diferentes cacicazgos regionales. Es allí donde brota la propaganda mientras en Génova esperan a que llegue su turno bajo la idea de prometer que todo cambiará para que nada cambie pues, ya lo advirtió Pujol: «Si vas segando la rama de un árbol, al final caerán todas». Y bajo ese árbol se cobijan todos: el bipartidismo y los facciosos.
Todo parece indicar que la reforma saldrá adelante y que las sectas de siempre tendrán más facilidades para dañar a España desde su mismo corazón. Cabe, sin embargo, advertir de un efecto que acaso no hayan calculado en las alcantarillas: la posibilidad de que la rebaja dé acceso a formaciones que, por una u otra razón, sean indeseadas. Facciones que, o bien por su extremado localismo o por su sesgo ideológico, no encajen bien en el relato.