El Gobierno de Pedro Sánchez ha adjudicado otros 2,3 millones de euros para las obras de un nuevo Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) en Granadilla de Abona, en Tenerife. Según el anuncio oficial de adjudicación publicado el 21 de julio de 2026, el contrato de emergencia, valorado en 2.211.529,35 euros (sin impuestos), se destina a obras, suministros y servicios necesarios para atender la llegada sostenida de inmigrantes a las costas canarias, principalmente a Fuerteventura y El Hierro. La empresa adjudicataria es Mediohabit, S.L., y el plazo de ejecución se fija en diez meses desde el inicio de los trabajos, en el polígono industrial de Granadilla.
Esta nueva inversión se suma a los más de siete millones de euros ya comprometidos anteriormente para la misma infraestructura, que contará con capacidad para centenares de plazas. El expediente, financiado en parte con fondos europeos, se justifica por la «declaración de emergencia» ante el flujo migratorio irregular que llega a las islas. Sin embargo, la decisión se produce en un contexto en el que muchos canarios siguen esperando soluciones definitivas a problemas mucho más cercanos y urgentes.
Mientras el Ejecutivo central prioriza la construcción y ampliación de centros para inmigrantes ilegales, en La Palma todavía hay familias que viven en casas-contenedor desde la erupción del volcán de 2021. Cuatro años después, decenas de afectados continúan en estas viviendas provisionales de madera y contenedores, soportando calores extremos, estrechez y una incertidumbre burocrática que no termina de resolverse. Algunas personas mayores y familias completas denuncian que las ayudas llegan tarde o no llegan, y que el realojo definitivo se demora sin una explicación clara.
La situación se agrava con los incendios forestales que afectan a Canarias. En las últimas semanas, vecinos evacuados por el fuego han tenido que pernoctar en polideportivos y centros deportivos, en condiciones precarias y sin un plan de vivienda temporal digna a largo plazo. Las alertas por riesgo de incendios se han sucedido durante julio de 2026 en Tenerife, La Palma y otras islas, y las autoridades locales se ven obligadas a improvisar albergues mientras el Gobierno de España destina millones a infraestructuras migratorias.
Este contraste genera un profundo malestar entre la población canaria. Mientras se invierten recursos públicos en políticas migratorias que parecen prioritarias para el Ejecutivo de Pedro Sánchez, los problemas estructurales de vivienda, reconstrucción tras desastres naturales y atención a los damnificados por incendios quedan en segundo plano. Los afectados del volcán y del fuego se preguntan por qué hay dinero y voluntad política para levantar centros de acogida de inmigrantes y no para garantizar un techo digno a quienes ya residían en las islas.
En definitiva, la adjudicación de estos 2,3 millones de euros vuelve a poner de manifiesto una desconexión entre las prioridades del Gobierno central y las necesidades reales de Canarias. Mientras se construyen y amplían instalaciones para la llegada de inmigrantes irregulares, canarios que perdieron sus hogares hace años o que hoy duermen en polideportivos siguen esperando respuestas concretas. La crítica se centra en una política que, a ojos de muchos, antepone el gasto migratorio a la dignidad de quienes llevan décadas contribuyendo a estas islas.
