Claude Guéant, ex ministro del Interior con Nicolas Sarkozy, ha sido arrestado por agentes de la OCCIFF (Oficina Central Contra la Corrupción y las Infracciones Financieras y Fiscales) como sospechoso de haber hecho uso ilegal del «dinero discrecional» de que dispusieron entre los años 2002 y 2004, en que era jefe de gabinete de Sarkozy, a la sazón ministro del Interior. Esta detención, así como la de Michel Gaudin, director general de la policía en esos años, forma parte de la investigación que la Occiff lleva a cabo desde junio. Es posible que cuando lleguen estas líneas al lector, ambos detenidos hayan sido formalmente inculpados del delito de «extorsión de caudales públicos», pero también podrían haber quedado en libertad.
En Francia, como en otros países, los titulares y altos cargos de determinados Ministerios disponen de ciertas cantidades (en España se llaman fondos reservados) de uso discrecional, pero no tanto como para destinarlo al enriquecimiento propio o de amigos y colaboradores. Las detenciones han producido el previsible escándalo, pues se ha llegado a hablar de 10.000 euros al mes durante esos dos años. Guéant ha negado siempre estas acusaciones que habían aparecido más o menos veladamente en los medios, diciendo que nunca se quedó con esos fondos, sino que los destinó a «sobresueldos» a algunos de los policías que realizaron misiones especiales.
Resulta explicable que la noticia haya causado impacto en España, donde tenemos amarga y abundante experiencia de las irregularidades que se han cometido con caudales públicos en general, y con fondos reservados en particular; pero, evidentemente, es aún pronto para emitir cualquier juicio acerca de este asunto, del que poseemos sólo una poca información fragmentaria. Probablemente la investigación se enredará en disquisiciones y matices acerca de cuándo se traspasa la línea roja de la ilegalidad en el uso de este dinero de empleo tan versátil, y en sospechas relativas a los bienes que Guéant compró en efectivo, según atestiguan facturas halladas en el registro de su domicilio.
El caso no tiene buen aspecto prima facie, pero la prudencia aconseja de momento esperar, porque en él se mezcla el hecho de que Sarkozy acaba de hacer unas declaraciones en las que no descarta correr de nuevo la carrera hacia la presidencia de la República, y parece que la fuente originaria de la investigación de la Occif ha sido precisamente Manuel Valls, el sucesor de Guéant al frente de Interior, que podría haber esperado a esta coyuntura para destapar el escándalo. Si esta hipótesis respondiera a la realidad estaríamos, como tantas otras veces en política, en una guerra de malos y malos.
