En España se ha asentado la mentalidad de que la ley y las sentencias judiciales son una especie de sugerencia de forma de vida susceptibles de cumplirse o no según las apetencias y, por supuesto, la ideología del sujeto. Si usted, pobre mortal, se salta un semáforo en La Coruña, no tenga la menor duda de que la Agencia Tributaria logrará cobrarle la multa correspondiente hasta en Tarifa si es ese su lugar de residencia. Pero si todo un Gobierno cierra un país utilizando la herramienta jurídica equivocada; miente de forma reiterada en todo lo que se refiere a los datos más sensibles sobre nuestra salud; oculta la mortandad real de cientos de miles de españoles -el Gobierno de la transparencia-; escurre el bulto cuando no se hace con la situación y hace dejación de sus funciones más elementales en manos de las comunidades autónomas convirtiendo España en un pollo sin cabeza y elude el control parlamentario de la forma más grosera -parte esencial de un Estado democrático-, no le pasará nada. Nada de nada.
Porque ninguna de las barbaridades perpetradas hasta ahora le ha pasado factura al Gobierno -más allá de lo que pueda suceder en las futuras elecciones-, el presidente puede ponerse folclórico el Día de la Constitución y, sin sonrojarse, decir aquello de que «ahora lo que toca es cuidarla (a la carta magna) cumpliendo de ‘pe a pa’ todos los artículos de la Constitución, del primero al último». Sí, esto dijo Sánchez, un señor al que el Tribunal Constitucional ha tumbado dos Estados de Alarma.
Si todo lo que ha hecho Juana Rivas lo hubiera hecho un tal Juan Rivas, no hablaríamos de esto. Sería un caso más de un señor que está en la cárcel
No sé qué escandaliza más, si las sentencias de inconstitucionalidad por la enorme gravedad que implica que se conculcaran nuestros derechos fundamentales de forma flagrante sin que exista posibilidad alguna de reponer el enorme daño causado, o que esto haya sucedido sin llevarse al Gobierno por delante. Sin duda, creo que me preocupa mucho más lo segundo. No hay consecuencias. El Ejecutivo y su entorno gozan de la impunidad más absoluta.
El cada día más turbio caso Juana Rivas es otra demostración de la ligereza con que se toman las sentencias de los tribunales cuando tienen que ver con la ideología gubernamental. Sin necesidad de entrar en los gravísimos datos conocidos en el auto del juez de Granada, el hecho de que una señora secuestre a sus hijos y sea indultada de forma parcial por la circunstancia biológica de ser mujer es una aberración jurídica difícil de describir. Si todo lo que ha hecho Juana Rivas lo hubiera hecho un tal Juan Rivas, no estaríamos hablando de esto. Sería un caso más de un señor que está en la cárcel -con toda la razón- por haber delinquido. Sin más.
Si vamos a Canet de Mar nos encontraremos con otra anomalía jurídica difícil de calificar en un país democrático. Un colegio que se niega a aplicar la sentencia firme del Tribunal de Justicia Superior de Cataluña que obliga a que el 25 por ciento de las horas escolares sean impartidas en español porque, según el nacionalismo, atenta contra la lengua catalana. La Generalidad ya ha dado la orden de que no se produzca ningún cambio en los planes lingüísticos en las escuelas. El Gobierno de España mira para otro lado y el Defensor del Pueblo balbucea cuando es preguntado por el caso.
Sin Estado de Derecho, sin imperio de la ley, no hay democracia posible por más que se llenen la boca todos los días con la palabra ‘democracia’
Nos mesamos los cabellos y nos rasgamos las vestiduras cuando hablamos de la familia de Canet o de los hijos de Juana Rivas, pero todo pasa y cae en el olvido hasta que salta a los medios de comunicación otra atrocidad cometida en cualquier lugar. No llegamos a tocar el problema de fondo: el desprecio a la ley.
Debemos afrontar de forma ineludible que en España cumplir la ley se ha convertido en algo optativo para determinadas personas que encajan en la ideología que se nos quiere imponer. Si desde las propias instituciones del Estado se obvia el cumplimiento de la ley, no existe Estado de Derecho. Y sin Estado de Derecho, sin imperio de la ley, no hay democracia posible por más que se llenen la boca todos los días con la palabra ‘democracia’. España va camino de ser un Estado fallido donde no existe seguridad jurídica.
Si a esto unimos el populismo periodístico que impera en los grandes medios de comunicación en los que se alientan y justifican estas conductas, se abordan desde un punto de vista sentimental tendente a adoctrinar y, de paso, subir audiencias, lo que tenemos es la cooperación necesaria para que al final cumplir la ley se convierta en algo casi exótico.
Pero usted no se preocupe, que ese semáforo en ámbar que se pasó en La Coruña hace dos años cuando estuvo de vacaciones tendrá su justo castigo monetario se encuentre donde se encuentre. El Estado ha quedado en un mero recaudador de dinero, ya sea vía sanciones o impuestos, con el que sufragar el festín ideológico de un Gobierno entregado al muy poco encomiable objetivo de acabar con España.
