Un español tipo trabaja medio año para alimentar la máquina estatal en sus tres órdenes, central, autonómica y local.
Hace varios años que el gasto público supera ampliamente en España los ingresos del Tesoro, lo que se ha venido traduciendo desde 2009 en déficits alarmantes. Cada ejercicio presupuestario, las Administraciones consumen mucho más dinero del que los españoles aportan en impuestos, y no porque los ciudadanos paguen poco a Hacienda teniendo en cuenta el elevado nivel de la tributación sobre la renta, el notable coste de las cargas sociales, el sablazo que se propina a los réditos del capital y el considerable peso del IVA. A todo ello hay que añadir las diversas tasas municipales y otras exacciones de diversos órdenes sobre numerosos actos y transacciones que se realizan derivados de la actividad económica. Es famosa la estimación de que un español tipo trabaja medio año para alimentar la máquina estatal en sus tres órdenes, central, autonómica y local, mientras que sólo se le deja disponer para su propia vida y sus propios proyectos la mitad de lo que gana con el sudor de su frente. Estamos, pues, en un régimen fiscal al que poco le falta para merecer el duro apelativo de confiscatorio. Si a este saqueo de los bolsillos de individuos y empresas le correspondiese una cantidad y calidad de servicios públicos que justificase tan exigente aportación, se podría discutir la necesidad de esta distribución tan desfavorable a la libertad de la gente, pero desafortunadamente basta verse en la tesitura de tener que acudir a la Justicia o de solicitar asistencia médica o de escolarizar a la prole o de matricularse en la universidad púbica o de abrir un negocio, para advertir que las prestaciones que se reciben a cambio de un esfuerzo fiscal individual tan agobiante no son ni mucho menos las esperadas.
Este año que acabamos de cerrar el Gobierno pugna, y es bastante probable que no lo consiga, por incrementar la deuda en un volumen que no sobrepase el 6.5% del PIB, o sea un desequilibrio del orden de 70000 millones de euros. La conclusión a la que llega cualquier persona sensata es que procede disminuir el gasto corriente de las Administraciones de manera drástica antes de que el endeudamiento nos asfixie por completo e hipoteque nuestro futuro por varias generaciones. Sin embargo, los partidos políticos, lejos de tomar medidas en consonancia con la gravedad del problema, se resisten tanto como pueden a adelgazar una maquinaria gigantesca e ineficiente de la que viven y, digámoslo con la inevitable claridad que el asunto requiere, a la que roban a mansalva. Su esquema mental se basa en ver a España como una nación de contribuyentes, cuando deberían concebirla como una nación de creadores de riqueza. Tanto el PP como PSOE quieren que los españoles produzcan para mantener el Estado y ya es hora de que aparezcan opciones políticas que propicien un Estado que facilite que los españoles se mantengan a sí mismos.
