La fase crepuscular del régimen partitocrático de 1978 es rica en conceptos contradictorios. Por ejemplo, ¿cabe imaginar un oxímoron más fastuoso que el de “federalismo asimétrico”? Ahora el ministerio de Hacienda incuba otro hallazgo, que se supone se llamará “estabilidad presupuestaria inestable”, porque nueve Comunidades Autónomas superaron en septiembre el margen de déficit del 1% de su PIB previsto para todo el año. Este incumplimiento flagrante no es propio de un color ideológico o de unas siglas determinadas, dado que las transgresoras son populares, socialistas o nacionalistas, unidas por su santo temor a cuadrar las cuentas. En estos días ha sido muy comentada la propuesta de Pedro Sánchez de modular el artículo 135 de la Constitución, reformado tan recientemente como en 2011, para hacerlo más flexible, es decir, para invalidar lo que se hizo hace tres años con el fin de disciplinar el derroche de nuestras pródigas Administraciones. Esta rectificación, además de haber demostrado que su impulsor es un inconsistente y un frívolo, resulta innecesaria porque el Gobierno actual, cuyas bases doctrinales deberían obligarle a contener el gasto superfluo, actúa como si esta disposición constitucional no existiese.
Ya en 2013 el objetivo de déficit de las Autonomías no se cumplió, sin que Cristóbal Montoro pareciese darse por enterado. En el presente ejercicio vamos por el mismo camino desviado y ello ha obligado a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIRF) a intervenir de acuerdo con sus competencias. Este organismo, nacido a instancias de la Unión Europea, se dispone a animar al Gobierno a tomar las medidas previstas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria para domeñar a las Comunidades malgastadoras. La primera es enviar una carta de advertencia a los Presidentes autonómicos correspondientes, comunicándoles que deben corregir el rumbo y que disponen de un mes para ello. Si no reaccionan, el ministerio queda facultado para imponer las acciones adecuadas. La razón de la pasividad del Ejecutivo es política y está directamente ligada al proceso separatista en Cataluña. Si se fuerza a Artur Mas a la disciplina fiscal, su estrategia victimista recibirá un nuevo argumento y como no se puede poner en vereda a unos sí y a otros no, pues permisividad general y a otra cosa. El problema es que desde Bruselas no entienden estas peculiaridades españolas y consideran que los Gobiernos de los Estados Miembros no pueden eludir sus compromisos de equilibrio presupuestario. Por tanto, entre un aspirante a la Moncloa que reniega de lo que defendía ayer y un titular de la plaza que practica el dontancredismo como nadie, la deuda seguirá creciendo y el artículo 135 de nuestra Ley de leyes inédito. Esta situación deriva de un hecho tan innegable como carente de solución dentro del presente marco institucional: la disfuncionalidad y la irracionalidad de nuestra estructura territorial, concebida para solucionar conflictos políticos -que no sólo no se han resuelto, sino que se han agudizado- y no para garantizar una administración eficiente, honesta y austera. Cuando el Estado se diseña para satisfacer las necesidades artificiales y los intereses espurios de los gobernantes y no para responder a la realidad social y económica, el tinglado acaba derrumbándose. España no saldrá de la crisis sin una revisión completa de la obra de la Transición. Tenemos que volver a una transformación profunda del sistema de la ley a la ley, pero, al igual que se hizo entonces, sin tabúes ni complejos. Lo que se cambió radicalmente en la segunda mitad de los setenta del siglo anterior simplemente no era viable, lo que hay ahora tampoco lo es. Se trata de asumirlo y ser consecuentes.
