Galicia siempre ha sido una tierra de paciencia. Aquí, desde donde escribo estas líneas, el verde no es un color sino una forma de vida. Es más, las granjas no son tan solo explotaciones o un modo de vida: son familias, apellidos, generaciones enteras levantándose antes del amanecer. Hoy, ese paisaje se apaga sin hacer ruido. Leía estos días que en la última década han desaparecido miles de explotaciones ganaderas, como si alguien hubiera decidido borrar el mapa rural con una goma administrativa. Y mientras se cierran establos, Europa empieza a mirar al sur para llenar las botellas de leche. Marruecos aparece en el horizonte como proveedor mientras aquí se empuja al productor local al borde del abandono. No es una distopía: es la consecuencia directa de una política que ha dejado de considerar estratégico alimentar a su propia población.
La paradoja es brutal. Se habla de soberanía, de resiliencia, de autonomía estratégica, pero se permite que el campo europeo se marchite. El modelo familiar, ese que garantizaba arraigo, calidad y control, se asfixia entre costes imposibles, normativas infinitas y precios que no cubren ni la dignidad. Galicia es sólo el primer síntoma visible de una enfermedad que recorre todo el continente. Por eso, Bruselas ha vuelto a escuchar el rugido de los tractores. Otra vez. Por enésima vez. Como antes de las elecciones europeas, como tantas otras veces. El sector primario ha tenido que cruzar fronteras para hacerse notar, para recordar que existe. Miles de agricultores y ganaderos han tomado la capital comunitaria mientras, tras los cristales de los edificios oficiales, se discutían agendas donde el campo apenas ocupa una nota al pie. Fuera, barricadas, tensión, agua a presión y gas. Dentro, silencio administrativo.
Se prometió escucharles. Se prometió aliviarles. Se prometió cambiar el rumbo. Pero pasan los meses, se renuevan los cargos y la vida en el campo sigue exactamente igual o, cada vez peor. La sensación de engaño no es ideológica, es material: facturas, gasoil, fertilizantes, piensos, sequías, heladas y una competencia imposible de asumir. Porque el problema ya no es sólo interno. Es profundamente político. Europa ha decidido exigir a sus agricultores que produzcan menos, más caro y bajo un corsé normativo que no existe fuera de sus fronteras. El resultado es una competencia desequilibrada que convierte al productor europeo en el eslabón más débil de la cadena. Mientras, aquí se penaliza cada práctica, se abren las puertas a productos que no cumplen las mismas reglas. Ahí entra Mercosur. Un acuerdo que se presenta como oportunidad histórica y que, para el campo europeo, suena a sentencia. Tras más de dos décadas encallado, ahora se intenta cerrar a toda prisa, casi con ansiedad, como si fuera la solución a todos los males. Pero en su capítulo agrícola es, sencillamente, devastador. Carne, aves, azúcar, arroz, etanol… sectores enteros expuestos a una avalancha de productos más baratos, producidos bajo estándares distintos, con costes laborales, sanitarios y medioambientales muy inferiores.
La incoherencia es difícil de disimular. La misma Comisión que ha multiplicado las exigencias a los productores europeos se muestra ahora sorprendentemente flexible cuando negocia con terceros países. ¿Dónde queda la igualdad de condiciones? ¿Dónde la coherencia climática, sanitaria y social de la que tanto se presume? La oposición al acuerdo no nace únicamente en los sindicatos agrarios. Se suman organizaciones ecologistas, asociaciones de consumidores, incluso gobiernos nacionales que ven el riesgo evidente: deslocalizar la producción, perder control, aumentar la dependencia y vaciar el medio rural. Algunos lo han dicho alto y claro. Otros lo piensan en voz baja y prefieren aceptar.
Mercosur es un bloque poderoso, con países que buscan colocar sus productos en el mercado europeo. El problema no es comerciar. El problema es hacerlo sacrificando a quienes cumplen las reglas. El problema es exigir excelencia dentro y aceptar mínimos fuera. El problema es llamar progreso a lo que, en realidad, es desmantelamiento.
Europa parece haberse empeñado en destruir su propio campo. Y lo más inquietante es que nadie explica por qué. No hay un debate honesto, no hay un plan de transición real, no hay una protección efectiva. Nuestros productos no sólo son mejores: son el resultado de siglos de conocimiento, exigencia y cultura agrícola que Europa parece dispuesta a liquidar, porque lo que se destruye ahora no se recupera después. Y quien habla de productos, lo hace de valores y tradiciones.
Sólo discursos «verdes», acuerdos apresurados y un desprecio casi técnico por quienes producen. Mientras tanto, los agricultores vuelven a las calles porque no les queda otra. Porque si no hacen ruido, desaparecen. Porque saben que cuando el último tractor se apague, no habrá pacto que devuelva la vida a los pueblos ni normativa que recupere lo perdido.
La dependencia energética ya es un castigo; la dependencia alimentaria, en cambio, no es una sanción económica, es una sentencia de muerte. Europa, obstinada, sigue cavando su propia zanja en el campo que la alimenta. Sin saber, o sin querer decir, para qué.
