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(Bilbao, 1965) periodista, máster de El País, publicar noticias y opiniones que escandalicen a los incondicionales de lo políticamente correcto y la «memoria histórica»— como Gaceta.es, Libertaddigital y Actuall. En la editorial Homo Legens ha publicado Eternamente Franco y Los césares del imperio americano. Su último libro es 'Eso no estaba en mi libro de historia del Imperio español' (Almuzara)
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(Bilbao, 1965) periodista, máster de El País, publicar noticias y opiniones que escandalicen a los incondicionales de lo políticamente correcto y la «memoria histórica»— como Gaceta.es, Libertaddigital y Actuall. En la editorial Homo Legens ha publicado Eternamente Franco y Los césares del imperio americano. Su último libro es 'Eso no estaba en mi libro de historia del Imperio español' (Almuzara)

Fernández Marugán, Defensor del Gobierno

Ha pasado una semana desde que el Tribunal Constitucional comunicase la sentencia por la que declaraba inconstitucional el uso por el Gobierno del estado de alarma para limitar derechos fundamentales durante las primeras semanas de la epidemia y ya casi se ha olvidado.

El truco de los propagandistas que rodean a este Gobierno, como antes al de Zapatero, consiste en tapar un escándalo o una derrota con el griterío de su prensa amiga (el 90% de la que existe en España) y en sacar una nueva ley o una nueva propuesta, cuanto más divisora y radical mejor. Ahora es el anteproyecto de ley de memoria democrática; antes fue la campaña contra la carne. No puede haber un día de descanso.

Sucede todo tan deprisa que no ha dado tiempo a hacer el recuento completo de las bajas que ha provocado la sentencia. Dos magistrados han quedado a la altura del betún, el presidente, Juan José González Rivas, y Andrés Ollero. De conservadores, a ‘conservaduros’: siempre con el poder. Y un tercer magistrado ha caído aún más bajo, pues ha acabado en un muladar: Cándido Conde-Pumpido, al que se señala como el filtrador de su voto particular, en el que insulta a sus compañeros. Tan grande fue el malestar que causó ese escrito que el tribunal difundió un comunicado en el que Conde-Pumpido aseguraba que su voto particular no era el ya conocido, sino el que se publicaría más tarde en el BOE y que, por supuesto, él no dudaba de la capacitación de sus compañeros.

Pues aparte de los anteriores, junto con los asesores del Gobierno, la Abogacía del Estado, el ministro de Justicia (que ha regresado a la judicatura), el ministro de Sanidad y tantos más, otra baja no pequeña es el actual Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán.

Lo repito para que no se olvide: Francisco Fernández Marugán, de profesión socialista

A él se dirigió un grupo de juristas en abril de 2020 para instarle a que presentase un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto-ley 463/2020 de 14 de marzo que establecía el estado de alarma, ya que se trataba, para ellos, de “la más grave suspensión de derechos constitucionales de la historia de nuestra democracia”. La solicitud quedó registrada el 19 de abril. 

El 4 de septiembre, en su escrito de respuesta, Fernández Marugán comunicó a los solicitantes que no iba a interponer el recurso, facultad que le reconoce la Constitución. Lo acompañó de una resolución justificativa de veinticinco páginas. Meses después, sabemos que el defensor y su equipo jurídico se equivocaron. Quizás influyese en la decisión de Fernández Marugán su larga militancia socialista: ingresó en el PSOE en 1975 y fue diputado entre 1982 y 2011, casi treinta años

Aunque debería dimitir, no dudamos de que permanecerá en su puesto y de que Sánchez le agradecerá los servicios prestados

Según el artículo 1 de la ley orgánica que regula esta institución, el Defensor del Pueblo es “el alto comisionado de las Cortes Generales designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I de la Constitución, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales”. Por tanto, a la vista de la sentencia del TC, Fernández Marugán no actuó como Defensor del Pueblo, sino como defensor del Gobierno. Aunque debería dimitir, no dudamos de que permanecerá en su puesto y de que Sánchez le agradecerá los servicios prestados. 

La epidemia de Covid-19, con la ayuda del Gobierno social-comunista, está destruyendo no sólo nuestras libertades y nuestra economía, sino muchos prestigios y famas mal habidos: los ‘expertos’ como Fernando Simón, la clase médica, la OMS, los medios de comunicación (receptores de millones de euros de fondos públicos), las farmacéuticas, las comunidades autónomas españolas… El último busto removido ha sido el del Defensor del Pueblo, que tiene nombre y apellido. Lo repito para que no se olvide: Francisco Fernández Marugán, de profesión socialista. ¿Para qué pagamos los españoles instituciones que no cumplen sus funciones? ¿Para que los partidos del Sistema coloquen a sus peones?

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