El traslado de la sede social de Ferrovial a los Países Bajos ha dado lugar a una previsible catarata de manifestaciones en contra de una decisión que, sin duda, debilita el tejido industrial español, o lo que queda de él después de que su desmantelamiento fuera el precio pagado por entrar en el club europeo. Los ataques más feroces recibidos por la empresa crecida durante el franquismo y recrecida bajo la democracia coronada han venido del bando de Unidas Podemos, cuyos globalistas miembros cultivan la imagen tópica e infantil del empresario déspota y explotador. En la ofensiva desplegada por los rigoristas de la deslocalizadora Agenda 2030 ha destacado la ministra Ione Belarra, que ha adelantado que su grupo llevará al Congreso una ley para que Ferrovial, a la cual ha llegado a calificar de pirata en el curso de una ceremonia de consumo interno, devuelva las ayudas estatales percibidas durante la última década.
Ocurre, no obstante, que la maniobra de Ferrovial se ajusta a la aplastante lógica que el propio Gobierno de coalición impulsa con su política de difuminación de fronteras y su beatería europeísta. En este contexto, lo lógico es que la decisión de Ferrovial fuera aplaudida, aunque fuera de un modo silencioso en recuerdo de aquellos primaverales días del 15M, desde la Moncloa y los círculos podemitas, pues es seguro que la empresa, que factura un 90% fuera de España, se ajustará a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aquellos con los que difícilmente pueden cumplir las pymes y los esforzados autónomos españoles, potenciales agresores del planeta a bordo de sus contaminantes furgonetas.
La decisión de Ferrovial no es sino un movimiento lógico dentro del tablero internacional en el que se mueve. Huelga recordar, por otro lado, que las empresas multinacionales fabrican donde los costes son menores, razón por la cual el grupo presidido por Rafael del Pino ha decidido poner rumbo a un lugar donde la carga impositiva es menor, alejándose, de paso, de contribuir a la financiación, por vía impositiva, de algunas de las estructuras marcadamente ideológicas que mantienen redes clientelares sobre las que se asienta el actual Gobierno, estrategia que ya desveló en su día Íñigo Errejón.
Las críticas vertidas por la Belarra o la Díaz, a las que se ha sumado el doctor Sánchez, que tanto debe al IBEX 35, contrastan poderosamente con omisiones perfectamente predecibles. Silencios propios del mundo de contradicciones, dogmas y complejos en el que se mueven, con excelentes dividendos para sus cuentas corrientes, los, las y les podemitas. El rigor aplicado a Ferrovial contrasta con la ausencia de comentarios acerca del blindaje del Concierto Económico Vasco, agravio asentado en supuestos derechos históricos. Las críticas a la multinacional conviven también con un mutismo sepulcral acerca del mayor intento de privatización y expropiación, a obreros y empresarios, que se cierne contra lo común. Me refiero, naturalmente, al intento de secesión, de robo, en suma, que tratan de consumar los secesionistas catalanes, antes los cuales se postra la grey podemita. El clamor contra Del Pino, choca, por último, con el silencio que Unidas Podemos y el mundo que orbita a su alrededor guarda en relación a la banda terrorista ETA, que en 1991 asesinó al directivo de Ferrovial, José Edmundo Casañ, y que en 2009 hizo explotar un coche lleno de explosivos en la sede central de Madrid, hechos ante los cuales la memoria democrática se desvanece.
