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El grupo Parlamentario Socialista presentó ayer en el Congreso una proposición de ley para prohibir las donaciones de las empresas en la nueva ley de financiación de partidos polĆticos. Rubalcaba, conocedor de las intenciones del Partido Popular en este sentido, querĆa llevar la iniciativa, pero los populares no se dejaron embaucar. No serĆ” la iniciativa del Grupo Socialista la base para cambiar la ley de financiación de partidos polĆticos, sino el proyecto que tiene preparado el Gobierno en torno a un cambio general de la financiación en la que entrarĆ” la supresión de las donaciones de las empresas. La razón que esgrimió el Gobierno para no autorizar con su voto la discusión de la iniciativa socialista, es que su Proyecto de Ley OrgĆ”nica de control de la actividad económico-financiera de los partidos polĆticos es mĆ”s completo A partir de la aprobación de esta ley, que es inminente, sólo se permitirĆ”n las donaciones de particulares.
El Ejecutivo quiere que la iniciativa de eliminar las donaciones de empresas a partidos sirva como medida de regeneración democrĆ”tica, que prevenga casos de corrupción, y como medida de ejemplaridad pĆŗblica, que devuelva la confianza al ciudadano. Y aunque los motivos sean loables, el planteamiento de la cuestión es erróneo, porque el problema de fondo no es si es mejor que las donaciones provengan de personas fĆsicas en lugar de jurĆdicas, sino la transparencia de esas donaciones. Lo que importante es saber quiĆ©n da, cuĆ”nto da, a quĆ© partido se lo da y en quĆ© se lo gasta el partido. En definitiva, que las cuentas sean claras y que estĆ©n sometidas a un control para que no haya contabilidades B, cosa que hasta ahora no ha ocurrido.
Una vez logrado este objetivo, el siguiente paso serĆa expulsar a los partidos polĆticos de los Presupuestos Generales del Estado, porque no es de recibo que el 85 por ciento de los gastos de los partidos polĆticos espaƱoles se financie con el dinero procedente del bolsillo del contribuyente. Un agravio incalificable en unos momentos en que las exacciones fiscales impuestas por el Gobierno estĆ”n alcanzando niveles prĆ”cticamente confiscatorios para todos los ciudadanos.Ā
Sin mandato constitucional que lo justifique y en una situación económica de extrema gravedad como la actual, no hay razón para seguir soportando que los partidos polĆticos vivan a costa del bolsillo de los ciudadanos. Deben financiarse con las cuotas de sus afiliados y las aportaciones voluntarias de quienes asĆ lo consideren oportuno āya sean personas fĆsicas o jurĆdicasā y deben empezar a hacerlo de manera inmediata y, sobre todo, transparente. Ā
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