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El grupo Parlamentario Socialista presentó ayer en el Congreso una proposición de ley para prohibir las donaciones de las empresas en la nueva ley de financiación de partidos políticos. Rubalcaba, conocedor de las intenciones del Partido Popular en este sentido, quería llevar la iniciativa, pero los populares no se dejaron embaucar. No será la iniciativa del Grupo Socialista la base para cambiar la ley de financiación de partidos políticos, sino el proyecto que tiene preparado el Gobierno en torno a un cambio general de la financiación en la que entrará la supresión de las donaciones de las empresas. La razón que esgrimió el Gobierno para no autorizar con su voto la discusión de la iniciativa socialista, es que su Proyecto de Ley Orgánica de control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos es más completo A partir de la aprobación de esta ley, que es inminente, sólo se permitirán las donaciones de particulares.
El Ejecutivo quiere que la iniciativa de eliminar las donaciones de empresas a partidos sirva como medida de regeneración democrática, que prevenga casos de corrupción, y como medida de ejemplaridad pública, que devuelva la confianza al ciudadano. Y aunque los motivos sean loables, el planteamiento de la cuestión es erróneo, porque el problema de fondo no es si es mejor que las donaciones provengan de personas físicas en lugar de jurídicas, sino la transparencia de esas donaciones. Lo que importante es saber quién da, cuánto da, a qué partido se lo da y en qué se lo gasta el partido. En definitiva, que las cuentas sean claras y que estén sometidas a un control para que no haya contabilidades B, cosa que hasta ahora no ha ocurrido.
Una vez logrado este objetivo, el siguiente paso sería expulsar a los partidos políticos de los Presupuestos Generales del Estado, porque no es de recibo que el 85 por ciento de los gastos de los partidos políticos españoles se financie con el dinero procedente del bolsillo del contribuyente. Un agravio incalificable en unos momentos en que las exacciones fiscales impuestas por el Gobierno están alcanzando niveles prácticamente confiscatorios para todos los ciudadanos.
Sin mandato constitucional que lo justifique y en una situación económica de extrema gravedad como la actual, no hay razón para seguir soportando que los partidos políticos vivan a costa del bolsillo de los ciudadanos. Deben financiarse con las cuotas de sus afiliados y las aportaciones voluntarias de quienes así lo consideren oportuno –ya sean personas físicas o jurídicas– y deben empezar a hacerlo de manera inmediata y, sobre todo, transparente.
