«Ser es defenderse», RAMIRO DE MAEZTU
Este artículo se publicó en La Gaceta antes de convertirse en La Gaceta de la Iberosfera, no siendo entonces propiedad de Fundación Disenso.
Socio-Director de Eurogroup Human Resources.Orgulloso de colaborar con IntereconomĆ­a desde abril de 2012."""

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Ni el Gobierno ni la oposición pueden reformar la Constitución

17 de diciembre de 2014

ā€œUna sociedad en la que las garantĆ­as de los derechos no estĆ” asegurada, ni la separación de poderes determinada, no tiene Constituciónā€.

Se trata del ArtĆ­culo XVI de la ‘Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano’. Este documento, que es una sinopsis conceptual Ā de la Revolución Francesa, fue aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente de Francia el 26 de agosto de 1789.

Recordemos que la mencionada ā€œDeclaraciónā€ ha sido la referencia de otras importantes declaraciones de los derechos del hombre a nivel internacional e, igualmente, sirvió de base para la Constitución francesa de 1946 y de 1958.

A tenor de lo expuesto en el citado artículo, España no tiene Constitución.

Ciertamente y en relación con lo anterior, nuestra Constitución estÔ invalidada. Tanto en cuanto, los diferentes gobiernos españoles han incumplido en numerosas ocasiones lo establecido en ella, privando a los ciudadanos de sus derechos y sometiendo la justicia al poder político.

El caso mÔs flagrante es el referido al incumplimiento del Artículo 122.3. (Titulo VI. Del Poder Judicial), de la Constitución española.

Puesto que el Gobierno socialista de Felipe GonzÔlez politizó el Consejo General del Poder Judicial, en contra de lo determinado a tal efecto en nuestra Carta Magna, a través de la Ley OrgÔnica 1/1985 del Poder Judicial.

Y el Gobierno, también socialista, de Mariano Rajoy (con la complicidad del PSOE, CiU, PNV e IU) secuestró a nuestra justicia durante la renovación del CGPJ a finales del año 2013. En función de ello, los 20 vocales del mÔximo órgano de gobierno de los jueces españoles fueron elegidos por la partitocracia.

Este es el acto de corrupción mÔs grave que puede cometer un Gobierno, mucho mÔs doloso aún que delinquir a través de la malversación de dinero público. Sin duda, eliminar la división de poderes es un auténtico sacrilegio anticonstitucional y antidemocrÔtico.

La Justicia estĆ” intimamente ligada a la economĆ­aĀ 

Tanto es así que la economía española estÔ intervenida por la corrupción política, sobre todo, del tripartidismo PP-PSOE-CiU, derivada de la politización de la justicia.

Mientras la justicia siga sometida y dependiente de los intereses de la oligarquía política (y su alter ego, la élite financiera), la recuperación económica serÔ una utopía. La crisis político-económica, que tiene prisionera a España y a la mayoría de los españoles, sería historia si nuestra justicia fuera independiente.

Estado de alarma, excepción, sitio y corrupción política institucionalizada 

El artículo 169 de la Constitución Española (Título X. De la Reforma Constitucional) estipula que no podrÔ iniciarse una reforma constitucional en tiempo de guerra o de vigencia de algunos de los estados previstos en el artículo 116 (estado de alarma, excepción y sitio).

Evidentemente, España no se encuentra en estado de alarma, excepción o sitio. AdemÔs, es el Gobierno el que debe declarar tales estados en virtud de ciertas circunstancias que en la actualidad no concurren.

Respecto al citado artĆ­culo 116, los legisladores o padres de nuestra Constitución debieron aƱadir el ā€œestado de corrupción polĆ­tica institucionalizadaā€ a los inicialmente determinados, es decir, al estado de alarma, excepción y sitio.Ā Ā 

Por tanto y aunque la Constitución Española necesita ser reformada en profundidad, ni el Gobierno ni la oposición se encuentran legitimados para acometer tal reforma. Principalmente, en virtud de las dos razones esgrimidas con anterioridad. Primera. Han incumplido sistemÔticamente relevantes preceptos constitucionales. Segunda. Representan la corrupción política institucionalizada.

Si se procediese a la realización de una reforma constitucional en estos transcendentales y críticos momentos que vive nuestro país, la identidad de España como nación podría verse amenazada mÔs aún de lo que estÔ actualmente.

MĆ”xime, conociendo las propuestas realizadas al respecto por el PSOE, próximas a las posiciones independentistas catalanas, y la nefasta forma de proceder del Gobierno del PP respecto al ā€œgolpe de Estado del 9-Nā€.

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