Ni el Gobierno ni la oposición pueden reformar la Constitución

“Una sociedad en la que las garantías de los derechos no está asegurada, ni la separación de poderes determinada, no tiene Constitución”.

Se trata del Artículo XVI de la ‘Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano’. Este documento, que es una sinopsis conceptual  de la Revolución Francesa, fue aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente de Francia el 26 de agosto de 1789.

Recordemos que la mencionada “Declaración” ha sido la referencia de otras importantes declaraciones de los derechos del hombre a nivel internacional e, igualmente, sirvió de base para la Constitución francesa de 1946 y de 1958.

A tenor de lo expuesto en el citado artículo, España no tiene Constitución.

Ciertamente y en relación con lo anterior, nuestra Constitución está invalidada. Tanto en cuanto, los diferentes gobiernos españoles han incumplido en numerosas ocasiones lo establecido en ella, privando a los ciudadanos de sus derechos y sometiendo la justicia al poder político.

El caso más flagrante es el referido al incumplimiento del Artículo 122.3. (Titulo VI. Del Poder Judicial), de la Constitución española.

Puesto que el Gobierno socialista de Felipe González politizó el Consejo General del Poder Judicial, en contra de lo determinado a tal efecto en nuestra Carta Magna, a través de la Ley Orgánica 1/1985 del Poder Judicial.

Y el Gobierno, también socialista, de Mariano Rajoy (con la complicidad del PSOE, CiU, PNV e IU) secuestró a nuestra justicia durante la renovación del CGPJ a finales del año 2013. En función de ello, los 20 vocales del máximo órgano de gobierno de los jueces españoles fueron elegidos por la partitocracia.

Este es el acto de corrupción más grave que puede cometer un Gobierno, mucho más doloso aún que delinquir a través de la malversación de dinero público. Sin duda, eliminar la división de poderes es un auténtico sacrilegio anticonstitucional y antidemocrático.

La Justicia está intimamente ligada a la economía 

Tanto es así que la economía española está intervenida por la corrupción política, sobre todo, del tripartidismo PP-PSOE-CiU, derivada de la politización de la justicia.

Mientras la justicia siga sometida y dependiente de los intereses de la oligarquía política (y su alter ego, la élite financiera), la recuperación económica será una utopía. La crisis político-económica, que tiene prisionera a España y a la mayoría de los españoles, sería historia si nuestra justicia fuera independiente.

Estado de alarma, excepción, sitio y corrupción política institucionalizada 

El artículo 169 de la Constitución Española (Título X. De la Reforma Constitucional) estipula que no podrá iniciarse una reforma constitucional en tiempo de guerra o de vigencia de algunos de los estados previstos en el artículo 116 (estado de alarma, excepción y sitio).

Evidentemente, España no se encuentra en estado de alarma, excepción o sitio. Además, es el Gobierno el que debe declarar tales estados en virtud de ciertas circunstancias que en la actualidad no concurren.

Respecto al citado artículo 116, los legisladores o padres de nuestra Constitución debieron añadir el “estado de corrupción política institucionalizada” a los inicialmente determinados, es decir, al estado de alarma, excepción y sitio.  

Por tanto y aunque la Constitución Española necesita ser reformada en profundidad, ni el Gobierno ni la oposición se encuentran legitimados para acometer tal reforma. Principalmente, en virtud de las dos razones esgrimidas con anterioridad. Primera. Han incumplido sistemáticamente relevantes preceptos constitucionales. Segunda. Representan la corrupción política institucionalizada.

Si se procediese a la realización de una reforma constitucional en estos transcendentales y críticos momentos que vive nuestro país, la identidad de España como nación podría verse amenazada más aún de lo que está actualmente.

Máxime, conociendo las propuestas realizadas al respecto por el PSOE, próximas a las posiciones independentistas catalanas, y la nefasta forma de proceder del Gobierno del PP respecto al “golpe de Estado del 9-N”.