La crisis de la fiscalía respecto al “caso del referéndum de cartón del 9-N” constata fielmente la anticonstitucional politización que sufre nuestra Justicia.
En la web oficial de la Fiscalía General del Estado se puede leer, en portada y a modo de presentación, el artículo 124 de la Constitución Española.
El Ministerio Fiscal, según el citado artículo, tiene como misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los tribunales y procurar ante estos la satisfacción del interés social.
Igualmente, el Ministerio Fiscal deberá ejercer sus funciones por medio de los órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad.
¿Algún español, respecto al mencionado caso e independientemente del nivel de sus conocimientos jurídicos, puede pensar que los principios que expone el referido artículo se han cumplido por parte de la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña?
Del mismo modo, ¿ha respetado la citada fiscalía catalana las dos leyes que regulan el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, que son la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial y la Ley 50/1981 de 30 de diciembre?
¿Ha sido víctima el Fiscal General del Estado del doble juego del Gobierno, propiciado por la negociación paralela que ha mantenido con CiU y el PSOE? ¿El Fiscal General del Estado es prisionero de su falta de independencia y, consecuentemente, de la ilegal lealtad que le profesa al Gobierno?
El film sobre el independentismo de Cataluña, que llevan rodando hace tiempo tanto el PP& PSOE como CiU, le está costando políticamente caro al Gobierno español. Y más costoso todavía, sobre todo a nivel económico, está resultando el mismo para el resto de comunidades autónomas españolas, que son sus financiadoras.
Puesto que los aplausos, que certifican el engaño del que ha sido víctima el Gobierno de España, se los está llevando el actor protagonista de esta perversa película, Arturo Mas. Un reo de alta traición, que si nuestro Estado de Derecho funcionara, posiblemente tendría que actuar desde la cárcel.
¿El Gobierno ha caído, irónica y contradictoriamente, en el cepo de la politización de la Justicia? Una trampa, mortal para la democracia, puesta por el bipartidismo al objeto de blindarse judicialmente.
Pero en esta ocasión, y respecto a la esperpéntica pseudo consulta independentista catalana, la politizada Justicia española se ha vuelto en contra del Gobierno. El cazador ha sido cazado con su propio lazo.
¿O, por el contrario, el comportamiento ilegal de la fiscalía del TSJC es consecuencia de un plan cuya ejecución no está desarrollándose tal y como estaba previsto?
Independientemente que el Fiscal General del Estado consiga sacar adelante la querella por desobediencia, usurpación de funciones, prevaricación y malversación de caudales públicos contra Mas e, incluso, aunque la fiscalía de Cataluña avale finalmente la misma, la politizada Justicia española se ha vuelto a retratar.
Sin Justicia, no hay democracia. Y sin Estado de Derecho, únicamente nos queda la sociedad civil.
Los españoles no tenemos otra solución que expulsar de la política y, por ende, de la gestión pública a todos los integrantes de los actuales organigramas del PP-PSOE-IU-CiU-CC.OO.-UGT…
Debemos acabar con la vieja y corrupta forma de hacer política, democratizar los partidos (y sustituirlos por otros) y dotar de independencia a la Justicia.
El sistema está podrido. Y solo la sociedad civil puede salvar a España. Enhorabuena a los particulares y a las asociaciones públicas que han interpuesto querellas contra Arturo Mas. Este es el camino.
