Hace menos de un mes, el Ayuntamiento de Vich, que cuenta con una concejalía de la lengua, catalana, por supuesto, habilitó un «buzón ciudadano» para, bajo el argumento de fomentar el idioma regional, recoger denuncias lingüísticas. La medida se encuadra dentro de la estrategia desplegada por el consistorio en un documento titulado Defender la lengua, estimar el país, que rezuma el habitual victimismo catalanista. Alarmados por el —citamos textualmente— «proceso de desconexión emocional hacia el catalán, especialmente entre los jóvenes», los munícipes vigitanos tratan de aprobar lo que califican de «asignatura pendiente»: la, al parecer, mala costumbre de muchos vecinos catalanoparlantes, que cambian al español si el interlocutor les habla la lengua de Cervantes. Con estas y otras medidas, aniquiladoras del famoso seny, se persigue el sueño de vivir en catalán, anhelo tan inalcanzable que ha llevado a Ignasi Farga, concejal de ERC en Palau Solità y Plegamans, a renunciar a tener hijos para no traer al mundo castellanoparlantes. El drama que padece Farga, impulsor de lo que cabría calificar como maltusianismo lingüístico, ya lo vivió la finada Marta Ferrusola en pleno franquismo, cuando hubo de renunciar a llevar a sus hijos al parque para que no se contaminaran con los efluvios del idioma gramaticalizado por Nebrija.
Publicitado bajo una apariencia amable —¿quién puede negarse a la defensa de una lengua?—, la iniciativa impulsada por el ayuntamiento incorpora un buen número de iniciativas claramente discriminatorias para con el español. El objetivo, bajo fórmulas groseras, pero también mediante el uso de medidas punitivas, es la persecución, erradicación, en el límite, del español, sueño húmedo de las variadas formas del catalanismo. Ocurre, sin embargo, que el problema al que se enfrentan los ediles de Vich, no son esos contumaces hispanoparlantes que se mueven por sus calles, sino otros colectivos, igualmente parlantes cuyo crecimiento amenaza seriamente el uso común, más allá del claustrofóbico mundo oficial, del catalán.
Un simple vistazo a los datos que ofrece Instituto de Estadística de Cataluña para la localidad de Vich resulta revelador. Sobre un censo ligeramente superior a los 48.000 habitantes, la población no nativa, gran parte de ella, racializada, según la racista terminología empleada por los wokistas, supone casi un 30%. De este grupo, el 1 de enero de 2023, 3.237 eran marroquíes, 2.405, en total desequilibrio paritario, eran ghaneses, y 1.924, indios. Menos de un millar son colombianos, agentes del español. Tras ellos, nigerianos, senegaleses, chinos, rumanos, georgianos… Como es habitual, estos grupos nacionales, aumentados por aquellos que, habiendo obtenido la nacionalidad española, mantienes sólidos lazos con sus sociedades originarias, tienden a concentrarse en áreas concretas de la ciudad. Es allí donde el catalán tiene menor uso, hasta el punto, de desaparecer de la rotulación, sin que los chivatos habituales pongan el grito en el cielo tal y como lo vienen haciendo desde hace décadas en una Cataluña que, en efecto, es diferente, pues multa a quien no ponga su cartelería en catalán.
Ante esta realidad demográfica, el mantenimiento de las esencias catalanistas se complica. Una de las más clásicas, el catolicismo —recordemos que el primer partido fundado por Jordi Pujol se llamó Cristo y Cataluña— ya retrocedió hace tiempo, a pesar de que los clérigos colaboracionistas con el proceso de secesión hayan colgado esteladas en sus campanarios. Vich cuenta hoy, al menos con tres mezquitas para las que no hay comisario político capaz de reconducir el rezo y lograr que se haga en catalán. Para lo que van quedando tan siniestros personajes, a los cuales se suman los buzonitas, es para espiar los juegos de los niños.
