Desde hace unos años, soy para el régimen chavista venezolano un reo de delitos de odio. Eso, según la escala socialista, chavista y dictatorial existente, elaborada desde la mirada castrista autocrática y completa y absolutamente desvinculada de cualquier tipo de normativa internacional que pueda amparar esa legislación interna.
Según expediente adelantado en 2017 por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones del gobierno chavista, y después de una minuciosa revisión de los contenidos de la emisora Radio Caracas, en la que aún trabajo de forma remota, se me acusa de:
“Incitar o promover el odio y la intolerancia por razones políticas, que pudieran resultar en alteraciones del orden público, (…) se realizan llamados a tomar acciones contra un supuesto Gobierno dictatorial y represivo, se ha hecho apología del delito con llamados a la ciudadanía a salir a la calle de forma violenta, (…) mediante el uso del lenguaje discursivo planteando escenarios en forma de interrogantes dirigidos a desacreditar las acciones o políticas que el Estado venezolano impulsa en materia socio-económica y además se descalifica, se vilipendia y hasta se intenta desconocer a los representantes del Ejecutivo nacional (…)”.
Si se revisa bien el expediente, incluso el pequeño resumen que entrecomillado cito anteriormente, es fácil notar que los elementos de juicio utilizados son de orden político y no consumados. Es decir, la acusación es que un supuesto “discurso de odio” (que no es tal) podría haber causado tales y cuales consecuencias (que no causó). Es decir, me acusan de golpista sin golpe, de insurrecto sin insurrección, de rebelde no ya sin causa, sino sin consecuencias y, de paso, se me condena el decir que las políticas económicas socialistas condenan a quien las aplique al fracaso.
Este libelo sería una simple anécdota, quizás un pie de página en el Diccionario de la censura comunista, de no ser por el detallazo que acompaña la acusación: la promulgación de la “Ley constitucional contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia”, que establece en su Artículo 20:
“Quien públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas, en razón de su pertenencia real o presunta a determinado grupo social, étnico, religioso, político, de orientación sexual, de identidad de género, de expresión de género o cualquier otro motivo discriminatorio será sancionado con prisión de diez a veinte años, sin perjuicio de la responsabilidad civil y disciplinaria por los daños causados.” (Subrayado del autor)
He ahí pues el castigo al cual se me expone con la acusación. Primero, se me acusa de forma anodina de promover el odio por decir, entre otras cosas, que el socialismo acaba con las economías y condena a sus ciudadanos a la pobreza y al hambre, tal como lo demuestra la historia universal. Luego, por decir esa verdad, que puede ser falsa para un comunista o no del todo cierta para un socialdemócrata, pero que es mi verdad, que decido expresar con el derecho a la libre expresión que me conceden las normativas internacionales en materia de derechos humanos y legislaciones accesorias en la materia.
De diez a veinte años, pero a mi me tocarían veinte. ¿Por qué? Porque la acusación me señala de promover el odio contra “una persona o conjunto de personas, en razón de su pertenencia real o presunta a determinado grupo social, étnico, religioso, político, de orientación sexual, de identidad de género, de expresión de género o cualquier otro motivo discriminatorio”. Así, el Articulo 21 de la Ley, impone un agravante curioso, inapelable:
“Artículo 21. Será considerado como un agravante de todo hecho punible que sea ejecutado o incrementado por motivo de la pertenencia, real o presunta, de la víctima a determinado grupo racial, étnico, religioso o político, así como por motivos de género, orientación sexual, identidad de género, expresión de género o cualquier otro motivo discriminatorio. En estos casos la sanción aplicable será el límite máximo de la pena establecida para el hecho punible correspondiente” (subrayado del autor).
Es decir, que la pena de diez a veinte años se debe llevar al límite superior (veinte años) pues este agravante así lo dispone para el “delito” que se me imputó.
Debo indicar que la redactora de esta ley es la señora Delcy Rodríguez, la misma que con prohibición de entrada al territorio europeo, fue pomposamente recibida por el ministro socialista Ábalos, hace unos meses en Madrid.
¿Qué pasaría si esta ley fuese aplicada al rapero Hásel o al periodista Pradera? ¿O si se le aplicara a tanto “comediante” de izquierdas, de esos que esconden su agenda política detrás de la presunta “irreverencia” obligatoria de su oficio?
¿Cuántos manifiestos de artistas de izquierdas han emitido contra normativas como esta? ¿Cuántos llamados de la Amnistía Internacional?
Pero hay más que decir.
El por qué de la acusación
La acusación ocurre no porque el reo haya hecho algo. La acusación ocurre, como en todo caso político, por ser el acusado quien es. Estamos hablando del programa más escuchado de la emisora y del programa líder en su horario en toda la radio de Venezuela. Hablamos, además, de la para entonces única emisora independiente de la línea del régimen que en Venezuela trasmitía en señal abierta. Hoy no existe ninguna pues aunque RCR sigue trasmitiendo vía internet, el 30 de abril de 2019 fue ordenada su salida del espacio radioeléctrico venezolano, por entrevistar a Juan Guaidó frente a una base militar donde se registraba un alzamiento cívico militar a favor de su “gobierno interino”.
Había que sacar al programa del aire y a su conductor prohibirle cualquier aparición en cualquier otro medio de comunicación. Y si eso implicaba meterlo a la cárcel, pues allá iban. El final de la historia es que me escapé de Venezuela y no ocurrió ni una cosa ni la otra. Pero el hecho es que se buscaron excusas para la acusación y, entre ellas, están las siguientes:
4 DE SEPTIEMBRE DE 2017, A LAS 4:48 PM, DICE DANIEL LARA FARÍAS MODERADOR DEL PROGRAMA:
“En estos días Maduro, por cierto, pero es que a Maduro un día de estos le va a dar un ataque de inteligencia y no va a sobrevivir, el señor Maduro dijo que los esañoles habían matado más de 800 millones de indios en América, y yo me dije bueno y este animal que se ha leído, animal porque eso es…no, perdón. Pobrecitos los animales”.
7 DE AGOSTO DE 2017, 4:21 pm, DICE DANIEL LARA FARÍAS MODERADOR DEL PROGRAMA:
“Jamás voté por Chávez, (…) los que tienen tanto tiempo escuchándome saben la cantidad de defectos que tengo, pero entre mis defectos no se encuentra el haber votado por Chávez y tampoco se encuentra el haberme ido a abrazar con asesinos y narcotraficantes”.
A estas dos declaraciones, sume treinta y siete más, donde se intercalan chistes, ironías y verdades fácticas comprobables. Todo eso, en el mismo saco para acusarme de “incitar al odio y promover la intolerancia y el desconocimiento a las autoridades legítimamente constituidas”.
Un gobierno que se dice socialista, y lo es. Porque en esto degenera el socialismo: en su fase superior, el chavismo.
¿Aguantaría Hásel el rapero o Pradera, el oncólogo pret-a-porter, ejercer su “derecho a la libre expresión” contra un régimen como el chavista, en Venezuela y con el mismo lenguaje que utilizan contra las instituciones y ciudadanos españoles?
Si las palabras que me censura el régimen chavista fuesen dirigidas a “la derecha” o “al imperialismo yankee” ¿Me acusarían de incitación al odio? Porque el difunto Chávez, en cadena nacional de radio y televisión y ante miles de sus partidarios, le dijo burro a George Bush. Y por si quedara una duda de traducción, lo repitió en inglés: “You are a donkey, Mr. Bush”. ¿Incita al odio un periodista cuando opina que el dictador de su país es un burro que desconoce la historia, pero promueve el amor un presidente que en cadena nacional llama burro al presidente de otra nación?
Todo depende de quien esté en el poder. Si gobierna la izquierda, toda crítica, es odio.
Consideraciones sobre el odio real
Yo odio al chavismo y tengo mis razones, completamente justificables y entendibles. Destruyó mi país, acabó con la vida de millones de venezolanos, obligó a millones, incluyéndome, a marchar de un país en el que creíamos que teníamos el derecho a estudiar, trabajar, crecer y morir en paz, porque nacimos en él. Explicar las razones de mi odio, no me convierte ni en promotor del odio ni en promotor de la violencia, pues mal puedo yo convencer a un comunista bruto, tipo Alberto Garzón o tipo Hásel, de que el chavismo merece ser odiado, tanto como el nazismo.
Hace unos días, en este mismo espacio, indiqué mi opinión sobre Jorge y Delcy Rodriguez, actuales mano izquierda y mano derecha de Nicolás Maduro. Dije que ambos dan muestras claras y así incluso lo han declarado, de que su ascenso al poder es una venganza por el asesinato del padre de ambos, quien murió torturado por fuerzas del estado cuando se investigaba el secuestro de un industrial estadounidense. Yo siento que en efecto esos hermanos esperaron cuarenta y cinco años para ejecutar esa venganza y siento que son personajes viles, siniestros que deben ser apartados, incluso por la fuerza, del poder. ¿Por qué? Porque siendo unos personajes movidos por el afán de venganza contra un país al que le cobran la muerte de su padre, su detentación del poder será siempre nociva.
Eso no es promover al odio, ni al desconocimiento de las autoridades legítimamente electas (que por cierto, nadie en el chavismo es hoy legítimamente electo). Odio sería decir que me alegra la muerte del padre, o pedir que el carro del hijo le pongan una bomba o que a la hija le den un tiro en la nuca.
Eso es odio. Sin duda. Y cuando dices, teniendo influencia y poder de convocatoria como el rapero Hasél: “Que alguien clave un piolet en la cabeza de José Bono” o “No me da pena tu tiro en la nuca, pepero” o “Que li fotin una bomba, que revienten sus sesos y que sus cenizas las pongan en la puerta de la Paeria” más que odio, más que promoción del odio, más que alegoría al delito o incitación al crimen, hay ya un delito consumado en si mismo. No es libertad de expresión lo que se debate aquí: es el mínimo decoro que en una sociedad debe existir a la hora de desarrollar no ya un debate político, sino la convivencia cotidiana.
Pero la izquierda torcida, la de siempre, la que se perfuma de socialdemócrata hasta que el mal sudor del poder le delata, antes de juzgar una expresión, revisa la afiliación. Muestre el carné, camarada. Pase usted con su odio y pida una caña, que se la merece, en nombre del proletariado oprimido.
¿Qué no tiene el carné? ¿Qué no es de izquierdas? ¿Qué no es un camarada? ¿Reniega de la lucha de clases, no ve al imperialismo como fase superior del capitalismo ni asume al obrero como el sublime hermano de la mano de quien haremos la Revolución, para hacer la Patria Buena donde muera el Capital?
Pues lo sentimos. Es un facho. Son veinte años de cárcel o exilio perpetuo. Escoja usted.
Mientras, al promotor de la muerte del adversario, como tiene carné, le harán un Remitido donde los “abajo firmantes” le declararán héroe, desde sus trincheras de chalé con señoras de servicio, pagas con el pastón que queda después de tanta entrada vendida a tanto concierto subvencionado, que paga dos veces.
Odiadores ajenos a la izquierda: contad con la muerte aun siendo inocentes. Odiadores camaradas: contad con la vida aun siendo culpables. Puño en alto, pero con amor.
