Se puede uno llevar sustos tremendos con los titulares: «Se aprueba la ley que cambia el modelo de instrucción». Y no se ha aprobado, se ha aprobado la reforma que del Consejo de Ministros sale a las Cortes.
En honor a la verdad, esto ha venido significando que sí, se aprueba, porque el gobierno controla el legislativo. Ahora hay algún cabo suelto, Puigdemont, al que, si hiciera falta, se le podría volver a seducir mañana mismo.
Sobre la reforma hay que ir al asunto fundamental. La instrucción de la causa penal (el «impulso procesal», el soplo divino que anima la justicia) pasaría del juez al fiscal. Sería como en las películas: el fiscal sabueso que investiga el crimen. Y se entiende que este cambio, que tanto altera el cometido de los fiscales, debería llevar aparejado un cambio en su estatuto. ¿Es así? Si le dan a los fiscales mucho más poder, ¿se reforma también su funcionamiento?
La realidad es que no, aunque se maquille. Se dice que se blinda al Fiscal General del Estado (FGE) porque se nombrará por cinco años y no estará estrictamente vinculado a la legislatura; se dice que el gobierno no podrá darle instrucciones y que los nombramientos más importantes los hará el propio FGE, pero esto no afecta en nada a lo fundamental, porque el FGE seguiría siendo nombrado por el gobierno y los fiscales seguirían vinculados jerárquicamente al mismo, de modo que, de facto (qué jurídico me siento al decir de facto) esto significa tener a los fiscales atados al gobierno.
Esta reforma se venderá con razones históricas y técnicas. En primer lugar, aparece la palabra mágica: «homologar». Con eso nos adaptamos a Europa y bla, bla, bla. Adaptarse a Europa no es en sí mismo algo bueno y suela aprovecharse para colar de matute otras cosas como gran caballo de Troya. Parece que la reforma, idealmente planteada, haría más funcional el sistema judicial y dejaría al juez en juez juzgador, más de acuerdo, en rigor, con su naturaleza constitucional, algo que, al parecer, sucede en la práctica en los casos de poca importancia, la mayoría, donde la instrucción es, de facto otra vez, de la fiscalía.
Seguramente, en una justicia ideal, esto debería ser así, pero no parece el momento, no parece el ministro (nada que se llame Ley Bolaños, el hombre con mano en los tres poderes pero sin peine, contribuye a la tranquilidad de operadores y sufridores jurídicos) y, desde luego, no viene acompañado de las garantías suficientes. En la práctica, se le quitará la instrucción a un juez algo independiente para dársela a un fiscal jerárquicamente dependiente del FGE, su jefe, dedocráticamente elegido por el gobierno.
O de otro modo: homologando, homologando se le da al gobierno la instrucción de los procesos penales y la policía judicial y, de paso, se elimina a los partidos y asociaciones como posible acusación popular, dejando así al gobierno (al partido de gobierno) la vía penal expedita.
No hace falta ser jurisperito para darse cuenta de que la ley, que en el Congreso sólo podría ser empeorada, es decir, plurinacionalizada, feministizada o absurdizada por los socios del gobierno, sería temible.
La alternancia en España ha funcionado no por mecanismos democráticos según maduraciones ideológicas, sociológicas o culturales sino fundamentalmente por la acción de las cloacas o, como mucho, del Estado revolviéndose contra sí mismo en facciones contrarias. Partes vivas, cimarronas o distintas del Estado son activadas y el expediente de la corrupción anima el turnismo. Esa ventanilla, por pobre que sea, quedaría cerrada también con la nueva ley.
La necrosis, el cariz golpista de la corrupción, seguiría según lo proyectado: dependencia política del gobierno judicial, dependencia política del ministerio fiscal, proceso penal intervenido políticamente y sólo quedaría acabar con la independencia personal, psíquica y moral de los jueces en tanto opositores, mediante la modernización del proceso de selección.
