La historia de atropellos a la Constitución y de falta de lealtad institucional de la Generalitat catalana en manos de los separatistas empieza a ser de una densidad llamativa. Está en marcha la creación de las llamadas “estructuras de Estado”, una Agencia Tributaria propia, un Servicio Exterior ajeno al general español y una Seguridad Social igualmente segregada de la nacional. Como último episodio desafiante, el Conseller Raúl Romeva ha anunciado la apertura de diez nuevas “embajadas” el próximo año en otras tantas capitales incluyendo Ciudad del Vaticano, Ginebra, Rabat, Seúl y Buenos Aires. El total destinado a la acción exterior en el proyecto de presupuesto elaborado por Oriol Junqueras es de 51 millones de euros, una cantidad a todas luces excesiva para una Comunidad Autónoma, al ser la política internacional competencia exclusiva del Gobierno central. Estas maniobras fuera de la legalidad y de la racionalidad económica son ruinosas para la Hacienda de la Generalitat y, en consecuencia, para la del Estado, que acaba pagando los caprichos megalómanos de los dirigentes secesionistas.
A este respecto, hay que recordar un caso muy ilustrativo. Tras la victoria insuficiente del Partido Popular en las elecciones generales de 1996, Pujol le exigió a Aznar a cambio de su apoyo en el Congreso para su investidura una serie de competencias y mayores transferencias fiscales. Una de sus demandas fue la salida de Cataluña de la Guardia Civil de Tráfico y el traspaso de esta función a los Mozos de Escuadra. El motivo esgrimido para justificar esta operación por parte del Nada Honorable fue que cuando veía a los motoristas vestidos de verde en las carreteras del Principado “no se sentía en casa”.
El Benemérito Cuerpo venía desempeñando el control de las vías de comunicación catalanas desde hacía décadas a plena satisfacción de los ciudadanos. Su experiencia, dedicación y ejecutoria en este ámbito eran ejemplares y de una altísima calidad. Con su proverbial austeridad y entrega proporcionaban seguridad y buen orden a la circulación de vehículos fuera de las ciudades a un coste modesto sin reparar en esfuerzo y abnegación. El material que utilizaban se mantenía en servicio largo tiempo con el consiguiente ahorro porque suplían el desgaste de sus equipos con su capacidad de hacerlos durar y de sacarles el máximo rendimiento. No pocos de ellos, procedentes de otras partes de España, se habían casado con catalanas y habían establecido su vida familiar en la que percibían y sentían como otra tierra española. Pues bien, al asumir los Mozos la competencia del tráfico extra-urbano, la Generalitat adquirió una flota completa de nuevos coches y motocicletas de última generación, uniformes, infraestructura de comunicaciones y armamento. Los sueldos de los Mozos motorizados fueron significativamente más altos que los de los sufridos Guardias Civiles y sus condiciones de trabajo en cuanto a horarios, vacaciones y otras ventajas bastante mejores que las de aquellos a los que sustituyeron. Los Guardias estuvieron obligados en su mayoría a pedir el traslado con el consiguiente trastorno para sus proyectos vitales y sus expectativas de cara al futuro. Se perpetró, por tanto, un disparate desde la óptica de la eficiencia, del reconocimiento del mérito y de la optimización del servicio público. Este suceso concreto ilumina perfectamente las consecuencias aberrantes de haber organizado el Estado dividiéndolo en diecisiete entidades sub-estatales sin atender ni a la lógica financiera ni a la sensatez organizativa ni a la prudencia política, a golpe de interés partidista a corto plazo combinado con fanatismo ideológico particularista.
Llegados al punto en el que nos encontramos, en el que los separatistas han puesto en marcha el proceso definitivo de desgajamiento de la Nación, cabe preguntarse por las razones de la incomprensible pasividad del Gobierno central y su renuncia a valerse de los instrumentos constitucionales y legales que le facultan para cortar de raíz semejantes abusos y transgresiones flagrantes del orden vigente. ¿Es el temor a agudizar los impulsos centrífugos? Parece difícil que se exacerben aún más. ¿Es la esperanza en que hay todavía espacio para una solución negociada? Tampoco resulta plausible, vista la contumacia intransigente de los nacionalistas. ¿Es la convicción de que el dislate es de tal calibre que terminará disolviéndose en su imposibilidad intrínseca? El riesgo de quedarse impávido mientras los hechos avanzan en dirección irreversible es demasiado alto como para correrlo.
Por consiguiente, la explicación ha de ser otra. Millones de españoles han sentado la conclusión de que se trata de pura cobardía, de manifiesta incapacidad para imponer legítimamente el cumplimiento de la ley y, en suma, de debilidad de carácter y de falta de principios. Por mucho que algunos insistan en vislumbrar una notable inteligencia política en la impavidez inane ante las tropelías de un grupo de supuestos redentores, que no son otra cosa que una banda de irresponsables y corruptos, la verdad es que el amargo período que estamos condenados a contemplar ofrece un nivel de pusilanimidad y de indolencia dolosa sin parangón en la Europa contemporánea.
