Con las últimas diligencias practicadas, la jueza Alaya lleva ya 207 imputados en el caso de los ERE fraudulentos de Andalucía. Los últimos han sido los cinco “intrusos” detectados en el expediente de la Faja Pirítica de Huelva, por instrucción directa del que fue director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, y un sexto en la empresa Springer Arteferro.
Las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y los informes periciales de la intervención General del Estado siguen aportando elementos a un sumario que no deja de crecer por la base, con la incorporación de nuevos “intrusos”, mientras que, en la cúspide, será el Tribunal Supremo quien se pronuncie acerca de la supuesta implicación de los aforados expresidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
Tal como queda reflejado en “Sindicatos, S.A.” (Sekotia, 2014), el fraude de los ERE se destapó tras la investigación de un “intruso” en el Expediente de Regulación de Empleo de Mercasevilla en el año 2007. Un miembro de la ejecutiva socialista de Baeza llamado Antonio Garrido Santoyo se acogió al ERE sin haber trabajado nunca en el mercado sevillano. Tirar del hilo de ese ovillo permitió encontrar a otra “intrusa” en un ERE del 2003 en la misma empresa. Cuando la jueza Mercedes Alaya empezó a investigar, detectó toda una red de corrupción que, desde la administración autonómica, permitía la inclusión de personas en la regulación de empresas en las que jamás habían trabajado, el reparto de subvenciones indiscriminadas, el pago de comisiones y un complejo entramado que afectaba a líderes sindicales de UGT y CC.OO. y a cargos de la Junta de Andalucía.
Imputado el que fuera director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, y la entonces consejera de Economía y Hacienda, Magdalena Álvarez, la gran sospecha que deberá resolver el Supremo es si los máximos responsables de la Junta de Andalucía en esos momentos, los presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, estaban al corriente o incluso participaron en el gran cambalache que se ha convertido ya en el mayor fraude político-económico de la democracia, con permiso del escándalo Pujol que va camino de arrebatarle al caso ERE tal dudoso honor.
Y, más allá de la corrupción política que está siendo investigada, de las imputaciones a los implicados y de la búsqueda de responsabilidad en los estratos más altos de la administración autonómica, el caso ha dado de lleno en la línea de flotación de los sindicatos. Estas organizaciones, nacidas para defender los derechos de los trabajadores, han quedado expuestas debido a las malas prácticas de algunos de sus integrantes. Y lo más lamentable es que sus máximos mandarines, Cándido Méndez (UGT) e Ignacio Fernández Toxo (CC.OO.), en vez de pedir perdón y ponerse al frente de una depuración, han preferido mirar para otro lado. Así, difícilmente, recuperarán la credibilidad perdida.
