Todo parecía indicar que el Siglo XX terminaba, salvo contadas excepciones, con una decidida consolidación de la libertad en el mundo occidental, tras uno de los episodios más transcendentales del siglo como fue la caía del muro de Berlín, último bastión autoritario.
Sin embargo, los hechos demostraron que la libertad es un bien tan preciado como frágil y que si su férrea defensa no se ubica a la cabeza de la agenda de los líderes, puede estar en riesgo, aún en países que declaman rechazo por los autoritarismos.
El retroceso de las instituciones que dan solidez a los sistemas políticos va de la mano con el avance de las izquierdas, que nunca abandonaron su delirio controlador.
De hecho, el politólogo alemán radicado en los Estados Unidos, Yascha Mounk, alertó sobre el devenir de las últimas décadas, que lo describe como «recesión democrática» porque interpreta que Occidente se relajó y permitió que los enemigos de la libertad, vencidos pero no aniquilados, avanzaran sobre nuestra cosmovisión e impusieran sus modos.
Resultó que la democracia sola no alcanza para enfrentar y controlar la pulsión autoritaria. No llama la atención que países con regímenes autocráticos detesten la libertad y la circulación de la información. De China a Irán, de Cuba a Venezuela estaba claro que harían todas las atrocidades imaginables para prohibir a sus poblaciones el ejercicio de la libertad.
Brasil, que ostenta un gobierno elegido por el voto popular, acaba de prohibir la red social de Elon Musk, X (ex Twitter). La compañía ha tenido que cerrar sus oficinas en ese país ante las amenazas de castigos económicos y penales atento a que la empresa se negó a bloquear ciertas cuentas que pretendía el gobierno.
En Venezuela y Nicaragua la presión ya no solapada sino explícita y feroz contra cualquier disidencia no solo política sino también religiosa y de conciencia no tiene nada que envidiarle al régimen comunista de Corea del Norte.
Por su parte el saliente López Obrador, presidente de México, pretende despedirse de la función pública con una reforma judicial y establecer un régimen de elección popular de los jueces, una medida populista que el peronismo kirchnerista de Cristina Fernández intentó llevar adelante en la Argentina durante su último mandato y que, por suerte, no prosperó.
Son ejemplos de medidas arbitrarias tomadas por gobernantes declaradamente autoritarios. Pero actualmente somos espectadores de hechos idénticamente inadmisibles que ocurren en naciones aparentemente democráticas.
La detención del creador de Telegram por parte de los servicios de inteligencia franceses no tuvo la repercusión que merece un hecho de tanta gravedad. ¿Podrían ahora las autoridades francesas tener acceso ilimitado a los contenidos encriptados de esa red social? ¿Bajo qué argumento?
En Estados Unidos, Facebook impidió la difusión de contenido publicitario del Partido Republicano. Censura pura y dura que la población va normalizando.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden por su parte, tiene en mente alterar el número de miembros de la Corte Suprema, entre otras reformas que dan vuelta en las intenciones de los demócratas, que suspiran desagradados ante un sistema judicial, unos jueces y una constitución que consideran obsoleta. Cualquier modificación en ese sentido echaría por tierra siglos de seguridad jurídica de la que hizo gala el país más democrático del planeta.
Kamala Harris acaba de declarar: «Ordené al Departamento de Justicia que censure la desinformación y el odio en internet». Ni se privó del disimulo de evitar la palabra «censura«. Si, los demócratas quieren censurar y quieren recortar libertades.
En la actualidad, la libertad en general y particularmente la libertad de expresión se han vuelto molestas pero no ya para los enemigos declarados del libre albedrío. Las alarmas suenan cuando las restricciones y amenazas asoman en países impensados.
Cuando se produjo la irrupción de internet y, con ella, las distintas redes sociales que concitaron la masiva adhesión popular, se interpretaron como una fuente de acceso a noticias y comunicación global para todo ciudadano y no un arma de adoctrinamiento o una mordaza a expensas de los gobiernos para limitar la libertad del público. El paso del tiempo está demostrando que tanta información «sin control» disgusta aún a muchas administraciones occidentales.
En este mismo contexto, el presidente argentino acaba de decidir, por decreto, la limitación del derecho de acceso a la información pública, una ley sancionada en 2016 por el entonces Presidente Mauricio Macri y que imponía al estado la obligación de responder el requerimiento de los particulares sobre acciones y gastos de los funcionarios públicos. La medida ha provocado una ola de rechazos que van desde todo el arco político a infinidad de organizaciones de la sociedad civil.
El decreto introduce discrecionalidad para que el burócrata de turno decida si quiere o no responder el pedido de datos sobre la gestión y/o los funcionarios. Inquieta, además, la figura jurídica (¿jurídica?) creada de «abuso del derecho» que habilita a perseguir judicialmente a quienes, según el criterio oficial, no realicen el pedido de información «de buena fe». La pregunta es quién determinará la intencionalidad de cada presentación y decida responder o no. El ejemplo que se impone hoy para demostrar la inconveniencia de la flamante medida es que, con su vigencia, no se hubieran descubierto los delitos cometidos por el expresidente Alberto Fernández durante la cuarentena eterna y el encierro impuesto a la población en épocas del covid 19. A propósito de la vigencia de aquella ley de acceso a la información se han conocido las reuniones, fiestas y demás irregularidades ocurridas en espacios del ámbito público, datos que hoy podrían ser vedados al público al amparo del reciente decreto.
En ámbitos de reflexión crece la preocupación en torno a que países libres y democracias occidentales pongan en jaque a la libertad. Sería una tragedia. Por eso es tiempo de reaccionar y reclamar a los líderes y gobernantes que, a la par del mejoramiento económico de las sociedades, protejan las instituciones que son el marco de la vida en comunidad. No sea cosa que la quema de libros del pasado mute a la mordaza cibernética.
