«Ser es defenderse», Ramiro de Maeztu
La Gaceta de la Iberosfera
Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.
María Zaldívar es periodista y licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Católica de Argentina. Autora del libro 'Peronismo demoliciones: sociedad de responsabilidad ilimitada' (Edivern, 2014)
María Zaldívar es periodista y licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Católica de Argentina. Autora del libro 'Peronismo demoliciones: sociedad de responsabilidad ilimitada' (Edivern, 2014)

La Argentina maleducada

20 de abril de 2024

Por estos días la Argentina muestra una intolerancia algo novedosa a la corrupción pues pasó décadas conviviendo con ella y votando, inclusive con alegría, a políticos cuyo crecimiento patrimonial es imposible de explicar. Hay una reflexión que aún, por extremadamente escéptica, no es para descartar: lo que realmente molesta no es que roben sino que roben otros, dicen quienes sostienen que la indecencia es un cromosoma componente del ADN nacional.

Exagerado o no, cierto es que se cuentan con los dedos de una mano quienes pudiendo participar de algún negocio de esos que a uno lo vuelven millonario de la noche a la mañana, han preferido rechazarlo. Y para confirmar esta versión está el empresariado argentino, cómplice y partícipe necesario del escandaloso latrocinio perpetrado por el peronismo a través de sus variadas y numerosas gestiones. 

Pero hace algún tiempo algo cambió; los ex funcionarios no pueden circular por la calle libremente porque la gente los insulta. Poco rigurosos como somos los argentinos y políticamente correctos hasta la hipocresía, se le da en llamar «escrache» a eso que no es más que una reacción aislada y espontánea de personas que, sin proponérselo, se cruzan accidentalmente con las caras de la estafa. Los que insultan no se ponen de acuerdo, no van a buscar a nadie a la casa ni utilizan la fuerza colectiva en contra de nadie. Tan solo coinciden con otros en el repudio. 

¿Por qué ocurren esos episodios del todo desagradables? La respuesta tiene dos patas: faltan educación y justicia. No es más riguroso en las convicciones y en la moral quien exterioriza la indignación a los gritos pero, sin duda, es más maleducado. Los argentinos hemos perdido el don de gentes y nos hemos transformado en vulgares. Hemos caído bajo. Hacemos cosas que la urbanidad y las buenas costumbres condenan, y no es secundario ni una frivolidad. Los modales importan. Las formas importan. 

La justicia es la otra gran deuda nacional. Porque peor aún que la corrupción que transpira la sociedad en su conjunto, es la impunidad. Hace décadas que prácticamente nadie paga por lo que hace mal en la Argentina. Llevamos muchos años de un poder judicial politizado que no parece decidido a encarar las enormes causas «dormidas». Todavía no hay una respuesta contundente desde ese poder del estado al reclamo generalizado de justicia.

La mayoría de magistrados y fiscales argentinos están severamente cuestionados. Su independencia es ficción. Hoy, a pesar de las indagatorias, los procesamientos y las detenciones de un puñado de personas, no hay mucho más. Cada uno de los que arrumbó expedientes, ignoró pruebas y alargó procesos debe hacerse cargo de la cuota de responsabilidad que le compete en esta reacción popular que va desde la queja a hacer justicia por mano propia, y todo porque aquellos no proceden sobre quienes delinquen. 

El presidente Javier Milei habla de la «casta» para referirse a personas enquistadas durante décadas en la trama del poder político. Es una descripción acertada. Pero también hay una casta judicial que luce las mismas mañas. Familias enteras, parientes y amigos diseminados por diferentes cargos de la escala permanecen inamovibles y casi que heredan los espacios de poder dentro de los tribunales. Se trata de una corporación endogámica que resiste los cambios y la renovación y que se muestra implacable a la hora de defender sus privilegios, que son muchos. Si no será una tarea sencilla ni rápida deshacer los acuerdos políticos de los primeros, tampoco lo será en el caso de la justicia pero es imprescindible encararlo.

Sin embargo, hay señales que empiezan a confundir a la población. Uno de los legisladores más apreciados por el presidente Milei acaba de declararse contrario a la educación básica obligatoria con el argumento de que son los padres quienes deben decidir si su hijo estudie o vaya a trabajar. Aún ignorando los derechos del niño que rigen hace más de medio siglo y que prohíben el trabajo infantil, es un despropósito considerar a la educación como una opción en un país tan carente de preparación formal. Para el pobre el estudio puede ser la única vía de progreso y de ascenso social. Tal vez el anarco capitalismo, aunque hubiese sido exitoso en algún rincón del planeta, no sea una receta adecuada para la Argentina actual. El país necesita que los incentivos impulsen a padres e hijos hacia la escuela y esa mirada sobre la importancia vital del aprendizaje debería ser unánime de la dirigencia, aún sin distinción de color partidario.

El reciente aumento de sueldo que se auto otorgaron los senadores también causó indignación en el público, que mira con incredulidad cómo esos privilegiados pasaron de recibir aproximadamente 2.500 euros mensuales a más de 7.000 tras una votación de 46 segundos. Sorprende y rebela de una administración que obtuvo la adhesión general bajo el compromiso de terminar con los privilegios y porque esta vez «el ajuste lo pagaría la casta».

En el plano de la justicia, por estos días la ciudadanía se ha enterado, con sorpresa, de que el Presidente de la Nación impulsa para ocupar un lugar en la Corte Suprema de Justicia a un juez absolutamente cuestionado por diferentes personalidades y asociaciones civiles por su manifiesta inacción en causas sensibles y que cuenta en su legajo con investigaciones de corrupción por el inexplicable aumento patrimonial suyo y de sus familiares cercanos. Su postulación resulta una pésima señal que ha movilizado al Colegio de Abogados de Argentina, a la Asociación de Magistrados y hasta a la misma Cámara Americana de Comercio de los Estados Unidos (AmCham), a integrantes argentinos de la internacional Society of Public Law y a referentes académicos de las más variadas disciplinas.

El desafío de la nueva administración es inmenso: rescatar a un importante segmento de la población de una escolaridad insuficiente y deficiente, y devolver solidez al sistema republicano de la división de poderes para que la justicia retome el papel central que perdió enchastrándose en el barro de la política. Por eso el reciente anuncio resulta sombrío y muy lejos de la dirección correcta. Si la decisión fuera volver a transitar el sendero de los valores éticos que hicieron grande al país, ciertamente no es por ahí. A la Argentina le sigue costando encontrar el camino del saneamiento en materia institucional.

.
Fondo newsletter