España tiene un problema dramático de vivienda. Tenemos un déficit de aproximadamente dos millones de viviendas asequibles. La vivienda es un factor esencial para formar una familia, avanzar en el progreso individual, lograr el ascenso social, y para tener una sociedad con una calidad de vida acorde con los tiempos. Hay que proclamar pese a los mantras de cierta izquierda, que una sociedad de propietarios es mucho más justa, más equilibrada y productiva que una que no lo es.
El fracaso español en vivienda es elocuente y paradójico teniendo en cuenta nuestra geografía tan extensa. Una de las causas del fracaso está en la delegación de la competencia urbanística a las comunidades autónomas y sus diecisiete sistemas legales. Pese a la diversidad, tenemos un urbanismo feo, chapucero, parcheado y muy corrupto.
Ante el problema de la vivienda, el gobierno Sánchez -cada vez más absurdo e inútil-, y en lugar de ponerse a trabajar, es decir a construir o dejar que se construyan viviendas lanza una propuesta de ley que tiene dos medidas estrella: la primera, controlar los precios de alquiler en zonas “tensionadas” (a saber que significa esto y como se mide) y sólo a los grandes tenedores de viviendas. Estos representan apenas el 4% del parque de la vivienda en alquiler o unas ciento cincuenta mil viviendas. Por lo que el 95% de los caseros por ahora se libran. Hay que recordar que la vivienda en alquiler en España ha sido refugio del ahorro de millones de españoles. Hablamos de más de tres millones trescientas mil viviendas. Por tanto, estamos ante una medida de muy poco alcance, por ahora.
¿Qué va a conseguir el gobierno con esta medida ridícula? Lanza un mensaje terrible a los, por ahora, no afectados caseros; genera mucha incertidumbre entre los inversores inmobiliarios, muchos de ellos extranjeros, y todo para muy poco, reitero. Para visualizar la chapuza, sólo hace falta imaginar un edificio donde puede haber inquilinos con la renta intervenida y otros no, según el casero sea gran tenedor o no.
Pero es que además es una medida trasnochada que no ha funcionado en ningún lugar, y que además como en el caso de Berlin o Barcelona ha sido contraproducente. Los caseros se han retraído y al haber menos oferta, los precios han subido.
La segunda medida es exigir un 30% vivienda social en cualquier promoción, incluso en Sotogrande o en la milla de oro de Madrid o Barcelona. Algo parecido se ha instaurado en Barcelona de la mano de Colau y ha producido un parón en las licencias. Con el mercado -creíamos que a estas alturas lo habían aprendido- hay que ser inteligentes y encauzarlos mediante incentivos hacia los objetivos públicos.
El sentido común llevaría a que se incentivara la construcción de vivienda asequible. Además, sería una fuente enorme de riqueza y de empleo. Pero esto a un gobierno tan débil y que tiene que hacer gestos a una izquierda tan siniestra, pintoresca y trasnochada como la que representan sus socios de Podemos, ERC y Bildu es pedir un imposible.
Imagino que las intenciones del gobierno ante este disparate y su dudosísima legalidad, es que lo tumben los tribunales. Volvemos a dejar la política a los jueces como ha sido recurrente en los últimos tiempos.
