Si tratas de explicarle a un niño que hay palabras que no deben pronunciarse, es muy probable que no entienda lo que le quieres decir. En el niño, la capacidad de pensamiento mágico está muy desarrollada, pero, a la vez, en lo que atañe a las realidades de su mundo terreno, su lógica resulta de una coherencia insobornable. «¿Una palabra que no se puede pronunciar? ¿Para qué existe entonces? ¿Qué utilidad tiene?». Son objeciones posibles a nuestros desvelos pedagógicos. 

Bien. Antes de dar la batalla dialéctica por perdida y recurrir al manoseado argumento según el cual en una discusión de incierto desenlace la razón pertenece siempre al interlocutor de mayor edad, concedamos que el niño no anda desencaminado. Sus reparos son legítimos. Una palabra surge para ser empleada. Su función es designar una parcela de la realidad para la que, hasta ese momento, no existía término alguno. ¿Por qué renunciar a usarla si todos sabemos que está ahí, en el mismo umbral de nuestra conciencia, dispuesta a rellenar ese hueco de silencio donde cada una de sus sílabas encaja como una mano en su guante? 

Damos por hecho que el niño permanece todavía ajeno a las arduas convenciones del mundo. Es necesario explicarle entonces que hay palabras susceptibles de ofender la sensibilidad de ciertos individuos, palabras creadas con la intención de denigrar, palabras que calumnian y otras que evocan realidades demasiado atroces como para traerlas a colación sin adoptar ningún tipo de cautela previa. Hay que explicarle que a veces las palabras tienen el poder de destruir una amistad, de arruinar una relación, de humillar a la persona a la que van dirigidas. Porque las palabras no son una mera secuencia de sonidos, sino algo que toca nuestras fibras más vulnerables. Y una vez pronunciadas no hay manera de hacer que no existan: lo que decimos contra alguien en un instante de desahogo vengativo ya nunca se podrá revocar.

Así pues, debemos hacer que el niño comprenda que con cada palabra que sale de nuestra boca asumimos una responsabilidad. Las culturas antiguas prohibían el empleo de ciertos términos. Es lo que nosotros denominamos —con un vocablo de origen polinesio— palabras tabú. Pero mientras en el pasado se trataba por lo general de un tipo de léxico relacionado con el ámbito de la religión o lo esotérico, nuestra época ha encauzado su ánimo censor hacia el terreno de la ideología. No podía ser de otro modo, dado el cariz de este tiempo. Ello ha provocado una revolución en nuestros usos sociales. Casi de golpe, hemos visto cómo ciertas palabras, en principio inofensivas, adquirían connotaciones que nunca hubiéramos pensado que llegarían a tener. La nómina de vocablos excluidos del acervo lingüístico no ha dejado de agrandarse. Cada mente individual ha tenido que plegarse a las disposiciones preventivas de su propio gendarme interior. De manera irónica, en el seno de nuestras sociedades supuestamente democráticas y diversas, allí donde, al menos sobre el papel, la intimidación a través de la fuerza física ha sido excluida, la coacción más brutal se ha impuesto por medio de la ingeniería del lenguaje.

Pero ¿cuál ha sido entre nosotros el punto máximo de este proceso de purga, el extremo acontecimiento que marca la diferencia con el resto de los países de nuestro entorno? Sin duda, el hito donde se manifiesta el lastimoso decaimiento que hemos experimentado como sociedad es la prohibición implícita de mencionar el nombre de la nación de la que formamos parte. Insisto en que se trata de un hecho tan insólito como portentoso. A lo largo del tiempo, hemos visto cómo una porción de nuestros conciudadanos se han vedado a sí mismos utilizar el nombre de España, a menos que lo hicieran con ánimo denigratorio. Es algo digno de ver. Hablan del «territorio estatal», o de «este país», o echan mano de cualquier otro circunloquio que les evite recurrir a la palabra maldita. España era —sigue siendo para muchos— la palabra impronunciable, el tabú por antonomasia, y de ahí proceden buena parte de nuestros males presentes. 

Quienes renuncian a la identidad nacional para sustituirla por una lealtad de signo exclusivamente localista dan rienda suelta a un resentimiento abonado por décadas de tergiversaciones históricas y mentiras institucionales. Quienes, en el otro extremo, defienden el papel subsidiario de España y optan por proclamarse altivos miembros de una ciudadanía global, disfrazan sus complejos de inferioridad bajo los ropajes de un cosmopolitismo de baratillo. En ambos casos, las élites transnacionales, en vergonzosa connivencia con nuestra clase gobernante, han aprovechado el clima de fragmentación interna para desmoralizar a nuestra sociedad, debilitar sus mecanismos de defensa y reducir a nuestra nación a un penoso papel de comparsa. 

Se entiende que una situación como la descrita hasta aquí haya sido aprovechada al alimón por las potencias que desean ver a España sometida a sus intereses y por las oligarquías internas que parasitan su disolución. Estamos justo donde ellas nos quieren. El clima de crispación en que vivimos no es más que la prueba fehaciente de que somos incapaces de participar de un proyecto común. Las trifulcas constantes en que nos enzarzamos, azuzadas por un aparato mediático y cultural que tiene como principal objetivo el desmantelamiento de nuestro suelo común, nos condenan al ridículo y a la irrelevancia. No cabe duda de que el veneno ideológico ha hecho su efecto. Hay generaciones que viven, cada día, pegándose cabezazos contra los muros de la cárcel mental que ellas mismas se han fabricado. Los conceptos saltan al escenario o se silencian sin soporte alguno en la historia ni en la realidad a pie de calle. La atmósfera es completamente tóxica. Hasta el punto de que cabe preguntarse si el problema no será que seguimos tratando como un asunto político lo que ya es más que nada un desorden psiquiátrico.