La ONG Quorum Social 77, instalada en Canarias y con varias investigaciones judiciales abiertas por presuntos malos tratos, lesiones, delitos de odio y amenazas a menores migrantes no acompañados (menas), ha dado un nuevo paso más allá del archipiélago. Doce días después de que LA GACETA publicara un comunicado interno en el que la entidad pedía voluntarios entre sus propios trabajadores para «un nuevo proyecto» en Ceuta, imágenes difundidas este domingo por @CanarioToday sitúan en la ciudad autónoma a Salvador González Armas, vicepresidente de la asociación y pareja de su presidenta, Delia García.
El documento adelantado el 8 de septiembre no dejaba lugar a dudas sobre la intención de la organización. En el mensaje interno se leía que existía «la posibilidad de poner en marcha un nuevo proyecto en Ceuta». Aunque reconocía que aún no había fecha confirmada, pedía a su personal disponible para desplazarse nombre y apellidos, DNI, turno y centro al que pertenecen, «únicamente para conocer la disponibilidad y poder organizar el proyecto cuando tengamos más información». Aquel texto fue interpretado entonces como un movimiento para abrir un nuevo frente allí donde la presión migratoria genera contratos y recursos públicos. Las imágenes de este domingo refuerzan esa lectura.
El vídeo muestra a González Armas en una zona costera de Ceuta con tiendas de campaña, ropa tendida, vehículos y grupos de inmigrantes ilegales acampados junto al mar, el mismo paisaje de asentamientos improvisados que lleva semanas marcando la crisis en la ciudad. El montaje compara esas tomas con fotografías de actos de Quorum Social 77, en las que el mismo hombre aparece identificado como vicepresidente y responsable de área, junto a Delia García y otros cargos de la entidad.
No ese trata de una asociación corriente. Quorum Social 77 llegó a gestionar en Canarias cerca de un tercio de los menores tutelados —en torno a 1.925 plazas en su momento álgido— y a facturar más de 150 millones de euros en fondos públicos entre 2023 y 2025, según informaciones periodísticas, a un ritmo estimado de 90 a 94 euros diarios por menor.
Esa expansión se produce con la causa judicial todavía abierta. La investigación, dirigida por el Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas y conocida como Operación Cábila, se activó en 2025 tras denuncias de menores, un vídeo con insultos racistas y partes médicos de lesiones. Se clausuraron al menos dos centros —La Fortaleza I, en Santa Brígida, y el de Arinaga— y fueron detenidos una quincena de trabajadores, entre ellos la propia Delia García y el director de centros Enrique Quintana, militante del PSOE. Quedaron en libertad con cargos. Después ha habido más registros, incluido uno en Tenerife en 2026. Pese a los cierres, las detenciones y las críticas al modelo de acogida, la ONG mantiene recursos en Canarias.
Ceuta, entretanto, arrastra desde finales de julio una crisis migratoria de gran escala, con miles de personas todavía en playas, calles y campamentos improvisados. El llamamiento interno de Quorum Social 77 y la presencia ahora documentada de su vicepresidente en ese escenario no equivalen, por sí solos, a un contrato ya adjudicado. Sí muestran, según quienes siguen el rastro del dinero, que la entidad no ha parado de explorar nuevos territorios mientras sigue bajo el escrutinio de la Justicia. El negocio de la inmigración no se detiene: cambia de mapa.
