Siempre al servicio de la causa subvencionatoria, los medios de comunicación afines al Gobierno publicitan sin descanso las protestas, previsiblemente crecientes hasta la celebración de las próximas elecciones autonómicas, de los sanitarios madrileños. Dentro de una estrategia selectiva de desgaste, pues la madrileña no es, ni mucho menos, la sanidad más precarizada de España, son constantes los testimonios televisivos de determinados integrantes de este colectivo, algunos de ellos, ¡oh, casualidad!, afiliados a los partidos que han hecho bandera de esta causa.
Mientras Madrid, rompeolas de todas las mareas, sigue siendo el terreno de batalla ideológico más visible, en Baleares ha ocurrido algo inaudito: la rebelión de los galenos frente a las imposiciones de ese subproducto del catalanismo que responde al nombre de Francesca Lluc Armengol Socías, Francina Armengol en los carteles electorales. Allí, los médicos han decidido no someterse a los dictados lingüísticos, en concreto la exigencia de la posesión del título de catalán para trabajar en la sanidad pública del archipiélago, con los que el gobierno balear trata de erradicar el idioma español del espectro público. Firmes en sus posiciones, algunos sanitarios han manifestado su propósito de abandonar las islas si esta medida se aplica. Si tal ocurriera, la sanidad balear se resentiría gravemente, aunque cabe dudar de que ello tuviera una cobertura mediática adecuada.
La actitud de este colectivo contradice muchas de las mostradas otros que, debidamente encauzados por los sindicatos subvencionados que se dicen «de clase», se han ajustado a los excluyentes quicios autonómicos, engolfándose y blindando sus puestos de trabajo frente a colegas de otras regiones. Un proceso, este, que se ha dado singularmente en el terreno de la enseñanza, allí donde la lengua divide con la precisión de un bisturí. Sirva como ejemplo la última medida emprendida por el Gobierno autonómico de Cataluña, cuyo consejero de Educación, bajo la coartada de lograr una «comunidad integrada» (sic), impondrá el catalán en las guarderías para erosionar todavía más el dominio que los jóvenes catalanes tienen de la lengua de Cervantes, idioma que, al parecer, no requiere de enseñanza reglada.
La nueva medida del gobierno de Aragonés, que se ha jactado de eludir la aplicación de un mísero 25% de horas en español, no hallará, más allá de algún aspaviento, oposición alguna por parte de los partidos mayoritarios, siempre plegados a las políticas de sus socios secesionistas. Que el máximo responsable de esta nueva vuelta de tuerca lingüística es el gobierno catalán, está fuera de toda duda, pero también es indudable que la actual situación no hubiera sido posible sin la colaboración de muchos de los docentes catalanes, muchos de los cuales miraron para otro lado cuando, hace más de cuatro décadas, las amenazas e incluso alguna bala, hicieron que muchos maestros abandonaran Cataluña ante la imposición de una medida similar como la que ha llevado a las batas baleares a enfrentarse al sucedáneo gubernamental catalanista que opera en Baleares.
La reacción de los sanitarios de las islas, a la que se le aplica sordina por si encontrara eco en otros gremios y regiones, demuestra que es posible enfrentarse a las políticas disgregadoras a las que los diversos inquilinos de la Moncloa no han tenido el arrojo de enfrentarse. Cunda, pues, este ejemplo. Surjan una, dos, tres Baleares.
