La Comisión de Interior del Congreso aprobó este martes, para su remisión al Senado, el proyecto de reforma de la Ley de Tráfico, que ha incorporado como principales novedades durante la tramitación parlamentaria sendas enmiendas transaccionales pactadas por PP y CiU: una que elimina la previsión inicial de multa generalizada de 1.000 euros por consumo de alcohol o drogas, y otra sobre uso obligatorio del casco en la bicicleta. Con la transaccional pactada por populares y nacionalistas, el reto de “tolerancia cero” con el alcohol al volante que se ha marcado este Gobierno se suaviza y la multa de 1.000 euros se reservará a quienes dupliquen la tasa permitida, a quienes se nieguen a someterse al control o a los reincidentes. En el caso del uso obligatorio del casco en la bici en núcleos urbanos, PP y CiU han pactado fijarlo en menores de 16 años, pese a que el Gobierno primero quería una obligatoriedad generalizada para todos los ciclistas y después rectificó a menores de 18. La norma, que ahora debatirá el Senado, prevé que el próximo Reglamento de Circulación eleve la velocidad máxima permitida a 130 kilómetros por hora en algunos tramos de carreteras, pero no se sabe ni cuándo ni dónde.
En resumidas cuentas, los escasos cambios introducidos por la decimosexta ley de Tráfico de la democracia parecen ir más bien encaminados a incrementar la cuantía de las multas y a reducir su impacto en los puntos del carnet, más que a velar por la seguridad de los ciudadanos, que requeriría otro tipo de medidas, lo que denota una vez más, un cierto afán recaudador.
Es evidente que en el último medio siglo España ha experimentado un avance radical en los ámbitos sanitario, automovilístico y de infraestructuras, lo cual ha supuesto una gran mejora en lo relacionado con la seguridad. Pero la mejora de ésta, reflejada en un menor número de accidentes está más relacionada con los avances de nuestros equipos de transporte que con el estado de las carreteras o el Código Penal. Al fin y al cabo, el número absoluto de accidentes viene reduciéndose ininterrumpidamente desde 1989, año en el que alcanzó una cifra cuatro veces mayor a la actual.
Tráfico debería centrarse en mejorar aún más la calidad de las carreteras, eliminar del mapa los fatídicos puntos negros, en los que se concentran los accidentes graves, y situar los radares en aquellos tramos en los que realmente contribuyen a reducir los riesgos para la seguridad de los conductores y no en las rectas de las autopistas. Asimismo, también debería elevar los límites de velocidad cuantos antes y de forma permanente en autopistas y autovías -y no sólo en algunos tramos- tal y como sucede en numerosos países europeos, porque, entre otras cosas, la medida permitiría salvar de la quiebra a numerosas concesionarias de vías rápidas y ahorraría una nacionalización que no gusta a nadie.
