La Ley de Transparencia aprobada recientemente por el Gobierno solo es una cortina de humo, cuyo objetivo es tratar de contentar a una sociedad hastiada de la corrupción política. Además, el “Portal de Transparencia” no aporta ningún dato novedoso.
Por consiguiente, la sociedad civil deberá exigir a los gobernantes que la información que nuestra Administración debe suministrar a los ciudadanos englobe hasta el último euro público gastado.
Tanto en cuanto, la ansiada transparencia en la Administración únicamente se lograría despolitizando la Justicia y, complementariamente, eliminando los aforamientos. Pero estas dos imprescindibles medidas no las propondrá el PP-PSOE.
Algunos ciudadanos se han quedado perplejos al conocer, a través del citado portal, el desfase salarial existente actualmente en la Administración. Aunque el gran problema son las consecuencias de tal descontrol retributivo.
El diseño de la política retributiva de una empresa competitiva tiene un carácter estratégico, y la misma representa un área de gestión relevante que integra el “Plan Estratégico de Gestión de Personas”.
Sería complicado desarrollar en la Administración, tal como tienen implantado multitud de compañías líderes, un “modelo de retribución flexible”, basado en la productividad y la consecución de objetivos, y que girara en torno al “salario emocional”. Y en el que el paquete retributivo de cada empleado se diseñara de forma personalizada, permaneciera vinculado a la evaluación del desempeño y, en este sentido, primara el esfuerzo, los méritos y la valía.
Si bien, del mismo modo, es prácticamente delictivo que nuestra Administración no tenga implementado un modelo retributivo basado en la equidad, el nivel de responsabilidad, la sostenibilidad económica, la cualificación, etc.
Y más gravoso es aún para nuestra economía el hecho relativo a que la media salarial en el sector público sea más alta que en el sector privado. Algo propio de repúblicas bolivarianas, pero no de democracias occidentales.
Todo ello, es debido fundamentalmente a la politización de la Administración y sus derivaciones en forma de enchufismo y nepotismo, vía entrada de asesores, empleados públicos sin oposición (y enchufados por los partidos políticos) y políticos prescindibles. Estos colectivos, contradictoriamente y en multitud de casos de forma ilegal, gozan de una retribución más alta que los funcionarios, y esta es la causa, entre otras, tanto de los desfases salariales como de la subida de la media salarial en el sector público.
¿Servirá la Ley de Transparencia para intentar subsanar las incoherencias salariales en la Administración? ¿Es sostenible para la economía española, económicamente y a largo plazo, este desequilibrio salarial entre el sector público y el privado? ¿Estas incongruencias salariales impactan negativamente en nuestro fracasado mercado laboral?
¿Se podría calificar con el término de corrupción a los insultantes sueldos de los directivos de las más de 4.000 empresas públicas subvencionadas que todavía existen en España, la mayoría de ellas en números rojos?
El sueldo medio en el sector público es de aproximadamente 2.530 euros brutos mensuales. Destacar que en las Comunidades Autónomas, las retribuciones son en general más altas. Por el contrario, el salario medio en el sector privado está situado en torno a los 1.700 euros brutos. (Según datos del INE y en función de la última EPA).
Por cada puesto de trabajo improductivo que se destruyera en el sector público, podrían crearse 2,5 puestos de trabajo en el sector privado, es decir, en la economía productiva.
¿A alguien le sorprende que nuestro país tenga una deuda prácticamente impagable, y sea líder de la Unión Europea en número de parados, junto a Grecia?
Y Podemos pretende aumentar los empleados públicos para solucionar el problema del desempleo en España.
