El proceso fue, en buena parte, un relato. Sobre todo para excitar al personal. La primera posverdad fue la de «Espanya ens roba» («España nos roba») en alusión al supuesto déficit fiscal.
El lema fue impulsado por el partido Solidaritat Catalana per la Independència, Solidaritat para abreviar, fundado entre otros por el notario Alfons López Tena. En las elecciones del 2010 llegaron a obtener cuatro diputados —uno, Joan Laporta, el actual presidente del Barça— y provocaron un corrimiento de tierras en la política catalana. A rebufo, CDC impulsó una campaña con el lema «La España subsidiada vive a costa de la Cataluña productiva». La presentación corrió a cargo —y supongo que la idea— del actual presidente del Parlament, Josep Rull. Debió decirlo por él, que se ha dedicado toda la vida a la política. Caben en una mano los años cotizados en el sector privado. Y todavía nos sobrarían dedos. Rull era entonces el coordinador general de Convergencia, el hombre fuerte del partido. Como Aznar, que también se inventó el mismo cargo para poner a Ángel Acebes, su hombre de confianza.
Aunque lo de «Espanya ens roba» tiene truco. Como dijo el portavoz de VOX en el Parlament, Joan Garriga, durante un pleno de la cámara el pasado 27 de febrero, «los territorios no pagan impuestos, pagan las personas físicas o jurídicas». Tenía razón. Los de Pedralbes también pagan más que los de Nou Barris y los de La Moraleja más que los de Parla.
Luego con el covid dieron un paso más allá. Ahora España ya no robaba, sino que mataba directamente. La entonces portavoz del Gobierno catalán, Meritxell Budó, dijo en una entrevista radiofónica en abril del 2020 que si la Generalitat gestionara las competencias «habría tenido menos muertos». Mientras que el actual diputado de Junts, Joan Canadell, ahora diputado de Junts, llegó a afirmar que «España es paro y muerte».
Finalmente se ha pasado al «España asesina». En la conmemoración del atentado de las Ramblas el pasado 17 de agosto, los de siempre se manifestaron con carteles de «Estado español, asesino». En este caso eran miembros del Consell de la República, un organismo bajo la órbita de Puigdemont, encabezados por su presidente, el abogado Jordi Domingo.
TV3 calentó el ambiente un día antes con un reportaje en el que entrevistaban a la diputada de Junts Pilar Calvo, antigua periodista estrella de deportes de la cadena, o al de ERC Francesc-Marc Álvaro, antaño columnista de La Vanguardia, al que se consideraba más próximo a Convergencia que a Esquerra. El independentismo siempre ha visto la mano del Estado en el atentado. Por activa o por pasiva. Es evidente que el CNI cometió errores porque, entre otras cosas, no pudo detectar el atentado. Aunque estas cosas obviamente tampoco son fáciles de detectar. A Estados Unidos el 11-S también les pilló por sorpresa. O la polémica de los contactos de los servicios secretos con el imán de Ripoll. Al que al parecer sondearon para que hiciera de confidente. Como deben hacer, por otra parte, con la mayoría de imanes en España. O que no percibieran que era potencialmente peligroso.
¿Pero alguien en su sano juicio puede creer que el Estado tolerase, auspiciase o hiciese la vista gorda con el atentado de las Ramblas? En agosto del 2019 ya se encontró fortuitamente una bomba de la Guerra Civil a tres metros de profundidad. En una playa de la Barceloneta. Y algunos también vieron la mano negra del Estado que habría colocado la bomba en cuestión para joder la temporada turística de Barcelona. Por ejemplo, uno de los que se apuntó al carro fue Josep Lluís Allay, el exjefe de la oficina de Puigdemont. En un tuit dijo que le parecía todo «muy extraño». Allay es profesor de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona, especializado en el Tíbet. Para que vean también cómo está la universidad española en general, y la catalana en particular.
Porque si hay que cuestionar el papel de las fuerzas de seguridad del Estado —que los Mossos mantuvieron al margen— habría que pasar lista también a los errores de la propia policía autonómica. De entrada no vieron el móvil terrorista en la explosión de Alcanar (Tarragona). Ahí se perdió un tiempo precioso. Incluso es sabido que la juez al cargo de la investigación plantó la hipótesis. El jefe del dispositivo le contestó con un «Señoría, no exagere». Con el tiempo ascendió a jefe del cuerpo autonómico. Y meses después, descabalgado. En la Operación Jaula montada tras el atentado tampoco pudieron detener a nadie. Uno de los terroristas escapó por la Diagonal a pesar de una decena de impactos de bala en el vehículo.
Los Mossos d’Esquadra han montado en dos ocasiones el dispositivo que en teoría tiene que blindar Barcelona. Uno tras el atentado del 2017. El otro, después de la segunda fuga de Puigdemont en agosto del año pasado. En ninguna de las dos consiguieron detener a nadie.
Cuando localizaron al terrorista cuatro días después en una localidad a unos cuarenta kilómetros de Barcelona, le dispararon varios tiros ante la sospecha de que podía llevar un cinturón explosivo. La CUP lo consideró una ejecución a sangre fría. No seré yo el que se alinee con los antisistema. Pese a que habría dado más información vivo que muerto. Lo peor es que parece ser que nadie de la comunidad islámica de Ripoll, tampoco sus familiares, notaron la radicalización de una decena de jóvenes. Ni las prédicas del imán desde la mezquita. Yo no me lo creo.
Todos habían nacido aquí o habían llegado muy jóvenes. Habían disfrutado de educación, atención sanitaria y supongo que hasta ayudas sociales. La generosidad no impidió que los terroristas bajaran por las Ramblas a toda velocidad para matar a cuanta más gente mejor.
La prensa más progresista ensalzó igualmente el discurso de la hermana de uno de ellos sólo para descubrir poco después que en conversaciones grabadas con familiares de Marruecos consideraban que su hermano estaba ya en el paraíso. Lo que decía en público no tenía nada que ver con lo que decía en privado. Para que luego vayan dando lecciones.
