El Partido Popular no derogará ninguna de las leyes ideológicas aprobadas por el Gobierno PSOE-Podemos: ni la de Memoria Democrática, ni la de «sólo sí es sí», ni la reforma del aborto, ni la ley de eutanasia, ni la Trans…
¿En qué me baso para tan tajante afirmación? Primero, en la experiencia reciente de un Gobierno PP que, con mayoría absoluta en 2011-2015, dejó intacta la herencia legal-ideológica de Zapatero. Segundo, en la experiencia actual de Gobiernos autonómicos del PP -Madrid, Andalucía, Galicia…- que, con mayoría absoluta o casi, mantienen en vigor leyes sobre género, «igualdad», bioética y familia heredadas de la izquierda, cuando no aprobadas por ellos mismos.
El caso de Galicia es especialmente revelador, por tratarse del feudo inveterado del PP y por haber sido gobernada durante 13 años con mayoría absoluta por Núñez Feijoo. De entre los muchos ejemplos posibles, fijemos nuestra atención en la Ley LGTBI gallega («Ley 2/2014, de 14 de abril, por la igualdad de trato y la no discriminación de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales en Galicia»).
La Ley LGTBI del PP es indistinguible de la del PSOE en lenguaje, objetivos y premisas teóricas. En su Exposición de Motivos suscribe al 100% el relato (falso) de España como país tránsfobo y homófobo, necesitado de vigilancia y reeducación «en la diversidad». Saluda la ley de matrimonio homosexual —a la que el PP se opuso en 2005 con el acertado argumento de que la única forma de unión capaz de reproducir la especie es la de hombre y mujer, y que esta merece un reconocimiento institucional diferenciado, sin perjuicio de que las uniones homosexuales puedan regularse por otras vías— como una gran conquista: «Se han producido avances importantes en lo que atañe a la protección de los derechos de las personas LGTB, de manera que son muchos los países que reconocen el derecho a contraer matrimonio entre personas del mismo sexo». Es decir: el PP de 2014 corrige al PP de 2005, dándole la razón al PSOE de 2005. El dicho de que «el PP es el PSOE con diez años de retraso» encuentra aquí una confirmación literal.
Con la excusa de combatir una homofobia/transfobia inexistente en España, la Ley LGTB-Trans del PP exhibe el propósito totalitario de reeducación e ingeniería social característico de las leyes woke. El artículo 2.2 deja claro que se pretende cambiar la concepción social del sexo y de la familia en todos los ámbitos; la acción adoctrinadora afectará a los siguientes planos: «a) Policial y de la Justicia, b) Laboral, c) Familiar, d) De la salud, e) De la educación, f) De la cultura y del ocio, g) Del deporte, h) De la juventud, i) De la comunicació».
El artículo 5 consuma la destrucción de la igualdad ante la ley, introduciendo el principio de «discriminación positiva» (o sea, negativa para todos los que no sean LGTBI) y recomendando «que se mantengan o que se adopten medidas específicas a favor de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales destinadas a prevenir o a compensar las desventajas que les afecten». Es decir: cuotas y privilegios para quienes se identifiquen como LGTBI. Entre esos privilegios figura el de ser interlocutores preferentes de la Administración: «Los poderes públicos de Galicia establecerán un diálogo fluido y colaborarán con las asociaciones, organizaciones y colectivos LGTBI» (art. 7.2).Y el de ser financiados con dinero público: «Las instituciones gallegas garantizarán el acceso de las asociaciones, organizaciones y colectivos LGTBI a las convocatorias de subvenciones y ayudas coincidentes con sus fines» (art. 7.3).
El artículo 15 explica a los gallegos lo que deben entender por familia. En una región con gravísimos problemas de infranatalidad, se adoctrinará a la gente en la noción de que la familia biológica y estable (padre-madre-hijos) es sólo una entre muchas interesantes y más modernas fórmulas: «Se entiende por familia la derivada del matrimonio, de la unión entre dos personas del mismo o distinto sexo, en relación de afectividad análoga a la conyugal, registrada o no, del parentesco, de la filiación o de la afinidad, y también las unidades monoparentales, formadas por mujeres o hombres, con hijos e hijas a su cargo». Consiguientemente, en la adopción no se podrá buscar que el niño disponga de unos padres adoptivos equiparables a los naturales (un hombre y una mujer): «Se garantizará que en la valoración de la idoneidad en los procesos de adopción no exista ninguna discriminación por razón de orientación sexual o identidad de género» (art. 16).
Y por si acaso hay gallegos que sigan apegados al anticuado triángulo padre-madre-hijos al que debemos la conservación de la especie, el artículo 17 prevé «programas de información dirigidos a las familias al objeto de divulgar las distintas realidades afectivo-sexuales y de género y los distintos modelos familiares».
Pero vayamos al artículo dedicado a la transexualidad, que es el 20: «Se garantizará la atención sanitaria, según la necesidad y el criterio clínico, de las prácticas y para las terapias relacionadas con la transexualidad». Las prácticas y terapias exigidas por el lobby trans —al que la propia ley ordena prestar especial audiencia: recuérdese el artículo anterior sobre diálogo constante con las asociaciones LGTBI— no son la «espera atenta» o la indagación de los conflictos emocionales que pueda estar encubriendo la «disforia de género» (especialmente, cuando es «de instalación rápida», ROGD), sino la conceptuación de cualquier menor de edad que diga estar incómodo con su sexo como «atrapado en un cuerpo equivocado», la administración de bloqueadores de la pubertad (que impiden la solución natural de la disforia), de hormonas del sexo opuesto y, más adelante, las mastectomías y mutilaciones genitales. La Ley Trans del PP se basa en los mismos principios que han multiplicado por 40 en pocos años el número de adolescentes que, en países como el Reino Unido, piden la «transición al otro sexo», con consecuencias psicológicas y médicas irreversibles.
Y, por supuesto, que no falte el adoctrinamiento en las escuelas: «La consejería competente en materia de educación incorporará la realidad homosexual, bisexual, transexual, transgénero e intersexual en los contenidos transversales de formación de todo el alumnado de Galicia […]. Se visibilizarán en la educación los diferentes modelos de familia establecidos en esta ley» (art. 22). La reeducación debe abarcar también a los profesores, pedagogos, psicólogos y juristas, no vaya a ser que alguno piense todavía que un niño necesita a su padre y su madre: «Se establecerán actividades de formación para el personal docente existente. Asimismo, se incorporará la realidad LGTBI y los diferentes modelos de familia a los cursos y másters de formación del futuro personal docente y a los planes de estudios de las titulaciones de Educación Social, Magisterio, Pedagogía, Psicología y Derecho».
Los niños, los profesores, los abogados… ¿Y el público general que no pertenezca a estas categorías? A esos hay que llegar a través de la cultura: ninguna manifestación social debe escapar a la nueva religión de Estado: Art. 28: «La consejería competente en materia de cultura impulsará y apoyará las producciones culturales que contemplen la realidad LGTBI y potenciará referentes positivos de la homosexualidad, bisexualidad, transexualidad e intersexualidad».
La ley LGTBI del PP no deja atrás la práctica deportiva, que también debe ser modernizada con arreglo a los dogmas de la ideología de género: Artículo 29: «La práctica deportiva y de actividad física en Galicia se desarrollará en términos de igualdad y sin discriminación alguna por razón de orientación sexual e identidad de género». El precepto está abriendo la puerta a la participación de hombres que se consideren mujeres («mujeres trans») en la competición femenina: la clave está en el uso del término «identidad de género», que alude a la identidad sexual sentida/autopercibida, no necesariamente coincidente con el sexo biológico.
¿Es esta ley un mero brindis al sol, principios abstractos que no se plasmarán en medidas efectivas? No. Lean, por ejemplo, el «Protocolo educativo para garantir a igualdade, a non discriminación e a liberdade de identidade de xénero» de 2016, con directivas a aplicar en las escuelas. Les excuso una exposición detallada. Como muestra, un botón (en gallego, única lengua usada por la Xunta): «Establécense as seguintes recomendacións xerais:
§ Realizar actuacións de información e sensibilización sobre diversidade sexual e de xénero dirixidas ao alumnado, con especial atención ao recoñecemento e normalización da realidade transexual, incluíndo actividades de autocoñecemento, coñecemento mutuo, empatía, aprecio e comunicación para favorecer a cohesión do grupo.
§ Realizar actuacións formativas dirixidas aos equipos directivos, orientadores eorientadoras e equipos docentes, así como ás familias, relacionadas coa diversidadesexual, facendo especial referencia ao coñecemento da realidade transexual».
La pauta del PP en materia LGTBI es la misma que en lo relativo a feminismo, apocalipsis climático, inmersión lingüística (donde el PP gallego ha copiado las políticas catalanas), «igualdad», «violencia de género»… Creen que las cuestiones de valores no son importantes, o que en realidad la izquierda lleva la razón en esos asuntos. ¿En qué se diferencian, entonces, de la izquierda? Supuestamente, en un manejo más sensato de la economía y una «gestión eficaz» (es decir, una aplicación más efectiva de las políticas previamente establecidas por la izquierda, árbitro indiscutido de la moral).
Todo aquel que no crea que «la economía lo es todo» (Rajoy dixit) debería meditar muy bien su voto.
