La huelga de los servicios de limpieza de Madrid es una huelga salvaje en toda regla. Es preciso dejar esto sentado desde el principio para no quedar enredados en las propuestas y contrapropuestas de concesionarios y sindicatos o en el aprovechamiento partidista de personajes de mente hueca que sólo saben cacarear tópicos demagógicos por Internet. De todo esto se puede y se debe hablar, pero dejando previamente claro que esta huelga es una huelga salvaje: primero los huelguistas, en vista de que los primeros días no se notaba la diferencia entre que trabajasen o no, decidieron empuercar ellos mismos las calles de la ciudad, volcando contenedores y esparciendo las basuras por doquier; en segundo lugar, porque para aparecer en las televisiones no vacilaron en incendiar contenedores con la excusa explícita de que “si no hay fuego no sales en la tele”; y en tercer término, porque la Policía ha tenido que proteger de los piquetes a quienes cubren los servicios mínimos. Una huelga consiste en detener el trabajo, no en incendiar contenedores, esparcir residuos y agredir a quienes cumplen los servicios mínimos exigidos por la ley. Eso es provocar un conflicto de orden público, del que cabe exigir no sólo su justa represión, sino también las correspondientes sanciones a los culpables.
Por alguna razón misteriosa, parece que los sindicatos convocantes de esta huelga piensan que la crisis que golpea a todos no debe afectar al servicio de recogida de basuras, y que el dinero que cobran los trabajadores cae desde un dirigible que se posa sobre las empresas todos los fines de mes.
Para que recapaciten y se comporten como seres racionales hace falta que la única alternativa a los recortes o los despidos parciales –lamentables y dramáticos, desde luego– sean los cierres y los despidos totales, y aun así no siempre reaccionan razonablemente, sobre todo cuando en un conflicto anda envuelto cualquier organismo público.Pero dicho todo esto, llama la atención en este caso el aparente desentendimiento de las autoridades municipales, como si por el hecho de haber confiado la gestión de la limpieza a unas empresas privadas eliminase todo asomo de problema de índole política y redujera la cuestión a una confrontación entre esas empresas y sus empleados. No es así. El Gobierno municipal y el partido que le da soporte han de saber que esta huelga, por salvaje que sea, habrá de repercutir electoralmente en su contra. Por eso sorprende tanto su distanciamiento del aspecto laboral del conflicto como su política de comunicación (o de no-comunicación), impropia de una situación como la presente. Nuestros munícipes sabrán qué es lo que más les conviene.
