El pasado jueves 11 de mayo, las principales centrales sindicales de la Argentina llevaron adelante el segundo paro nacional de la gestión del presidente Javier Milei, lo que totaliza dos medidas extremas en cinco meses. La primera fue el 24 de enero y la segunda, 100 días después.
Con el apoyo que obtuvieron de los gremios del transporte, obviamente el cese de actividades dispuesto alcanzó cierta relevancia porque la gente vio dificultada y, en muchos casos, imposibilitada la llegada a sus lugares de trabajo. Sin embargo, aún a pesar de la extorsión que significó ese impedimento, la población activó todos los recursos a su alcance e hizo esfuerzos para presentarse a cumplir con sus tareas habituales.
Las empresas organizaron la movilización de sus empleados; se hicieron cargo del gasto que supuso la utilización de taxis o remisses y contrataron automóviles de los servicios de aplicaciones que hicieron naufragar el éxito abrumador con el que soñaban los líderes sindicales. Dichas aplicaciones aumentaron la demanda un 100% respecto del día anterior en las primeras horas de la mañana, lo que significó un importante sobrecosto para trabajadores en algunos casos o para sus empleadores. La población quería trabajar.
Los datos del día son: el 83% de los comercios abrieron sus puertas, fuerte indicador de que la comunidad eligió cumplir con sus tareas porque entiende que de la crisis se sale trabajando; sin embargo, las pérdidas igualmente fueron cuantiosas: en puertos el costo del paro asciende a 100.000 dólares por barco debido a cuestiones logísticas (barcos demorados en la entrada y salida de los puertos); los aeropuertos registraron una pérdida de 62 millones de dólares, monto que responde a los 400 vuelos suspendidos que implicaron 70.000 pasajeros demorados. Y este resumen se suma al fuerte bloqueo que, como ya se mencionó, se ha ejercido sobre trenes y autobuses. Hubo presiones y hasta se produjeron hechos de vandalismo sobre quienes decidieron circular; piedrazos contra los vidrios de las unidades en movimiento que, gracias a Dios, ocasionaron lesiones menores.
El costo total del paro se calcula en 500 millones de dólares. Esto significa que la pulseada entre los sindicatos y las autoridades le costó al país 500 millones de dólares. Los ciudadanos argentinos tienen 500 millones de dólares menos y deberán trabajar aún más para recuperar los 500 millones de dólares perdidos por la medida de fuerza.
Lo cierto es que una de las transformaciones que el país reclama con desesperación es la modificación de las leyes laborales a la que, obviamente, los jerarcas del sindicalismo argentino se oponen con ferocidad. Pero, objetivamente, el sistema que rige es pésimo, anacrónico y uno de los motivos por los cuales la creación de empleo está estancada hace más de una década. Los sindicatos reciben de cada empleado una cuota mensual que se le descuenta de su salario de manera compulsiva, lo que les otorga un importantísimo poder económico. Lamentablemente ese privilegio, que en un primer momento el actual gobierno pretendió suspender, fue restituido en el proyecto de ley por tratarse en estos días en la Cámara de Senadores. Esa injusticia, la agremiación compulsiva y el monopolio de sindicatos que prohíja el estado son la base del sistema perverso que, según parece, no sufrirá modificaciones en el corto plazo.
Las leyes laborales argentinas son una invitación a no contratar personal. Las condiciones de despido son leoninas para el empleador y esa ineficiente burocracia es la que defienden los grandes sindicatos, cuyos titulares llevan décadas ejerciendo funciones.
Mientras en Estados Unidos existen poco más de 100 sindicatos para sus 350 millones de habitantes, la Argentina supera los 3200. Por dar un ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, capital de la Nación, existen 17 gremios diferentes en el ámbito de la educación. La superposición y la pelea territorial entre ellos y sus dirigentes se vuelve inevitable y la legítima defensa de los intereses de sus representados se esfuma en la maraña de intereses.
Una frase que la historia, a mi juicio erróneamente, le atribuye a Eva Perón dice que «la revolución se hace con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes». Hoy muchos argentinos han reaccionado y entienden que la intermediación de esos personajes no solo no les rinde beneficios sino que los perjudica. Esa importante evolución de las clases menos acomodadas, que rechazan el asistencialismo y están dispuestas a ser protagonistas de sus destinos, es un éxito de la prédica liberal que, a mediados del siglo pasado inició Álvaro Alsogaray y que continuamos muchos hasta el presente; un emocionante triunfo sobre el populismo peronista que militó el pobrismo de la clase trabajadora y la utilizó de escudo para sus negocios. Falta la batalla final contra la casta sindical que se niega a renunciar a su vida de lujos, prebendas y presiones pero todo indica que el proceso histórico de su ocaso está en marcha, que es inexorable y que solo es una cuestión de convicciones firmes y algo más de tiempo.
