Tal como han señalado diversos analistas, el más reciente Guillermo Gortázar en su magnífico libro “El salón de los encuentros”, el sistema político español no es una democracia propiamente representativa, sino una partitocracia, un sistema de partidos. Estas organizaciones controlan los resortes del Estado, se financian básicamente gracias a líneas presupuestarias que ellos mismos deciden, deterioran seriamente la independencia de los tres poderes interviniendo fuertemente en su configuración, elaboran las listas cerradas y bloqueadas de candidatos a las elecciones, orientan las líneas editoriales de influyentes medios de comunicación, tanto públicos como privados, y colonizan la sociedad civil mediante subvenciones, adjudicaciones y otros instrumentos de presión. Cuando un partido en España alcanza la mayoría absoluta en las Cortes se da la situación patológica de que prácticamente todos los órganos constitucionales y reguladores, el Ejecutivo, el Legislativo y en bastante medida el Judicial, así como las grandes corporaciones de sectores regulados y los principales periódicos, radios y televisiones, quedan en manos de una sola persona, el jefe de la fuerza hegemónica, que es a su vez el Presidente del Gobierno. No hay contrapesos y equilibrios capaces de limitar su dominio de las palancas de la Administración, de las instancias normativas, de las herramientas coactivas y de los recursos financieros. Armado del BOE y de la distribución de más del 40’% del PIB, el inquilino de La Moncloa, en caso de disponer de más de la mitad de escaños en el Congreso y en el Senado, donde sus señorías no representan a los españoles, sino que son sus empleados porque él los ha colocado dónde están, al igual que a los restantes ocupantes de puestos clave del entramado institucional, es el amo casi absoluto de vidas y haciendas al estilo de las antiguas monarquías absolutas, eso sí, bajo la apariencia formal de una democracia.
Los nuevos partidos, surgidos de la crisis económica y de las turbulencias asociadas al desbordamiento de la corrupción de los dos hasta ahora hegemónicos, pese a hacer gala de una firme voluntad reformadora conducente a la regeneración y saneamiento del sistema, están adquiriendo rápidamente los vicios de aquellos a los que en teoría han venido a combatir y experimentan un proceso de creciente burocratización, dependencia sumisa del líder y adaptación a un entorno que favorece su fortaleza como organización. Por consiguiente, es una evidencia que el principal problema de nuestro país en el terreno de la articulación de una verdadera democracia radica en el modelo de partidos que soportamos y que es el origen de muchos de los problemas que nos aquejan. Aunque esta deficiencia esencial de nuestro orden institucional y político está perfectamente identificada y su subsanación es una demanda reiterada por parte de voces muy autorizadas de nuestra sociedad, los responsables no se consideran aludidos y se mantienen en sus trece. Véase si no cómo se ha organizado el próximo Congreso Nacional del Partido Popular, que se va a celebrar dentro de tres meses con dos años de retraso, acompañado de la absurda pretensión de su Secretaria General de continuar como tal siendo ministra de Defensa. O la forma impúdica en que el aparato central de Podemos ha intervenido en el resultado de la elección por primarias de su Secretario General en Madrid. En cuanto a las vibrantes llamadas de Pedro Sánchez, cuando estaba la cabeza del PSOE, a respetar a la militancia mientras liquidaba a los cabezas de fila regionales o municipales elegidos por los afiliados cuando no le eran afines, es otra muestra elocuente de este pernicioso fenómeno.
Acudiendo al Derecho comparado, existen en el mundo modelos de partido que, sin ser perfectos, permiten aminorar considerablemente las escandalosas imperfecciones que encontramos en los españoles. Por ejemplo, partidos sin financiación pública cuyas arcas se nutren exclusivamente de las cuotas de sus afiliados y de donaciones transparentes, partidos en los que los candidatos a las elecciones son fruto de procesos de selección interna con participación directa de las bases y neutralidad del aparato, partidos en los que el liderazgo emana del grupo parlamentario y no de congresos amañados por la cúpula oligárquica y cooptada, partidos en los que los cargos orgánicos internos son incompatibles con puestos de representación o función política, partidos en los que la estructura de organización y gestión interna tiene un perfil técnico y profesional mientras la política se deja para los representantes electos en las instituciones, partidos cuyas asambleas generales que marcan la estrategia y los programas se convocan con periodicidad anual o como máximo bienal, sistemas electorales total o parcialmente mayoritarios a una o dos vueltas con circunscripciones de censo similar y de un tamaño que permite un vínculo efectivo entre representante y representados, y así sucesivamente. En definitiva, se trata de reemplazar la partitocracia tentacular y corrupta en la que ha degenerado el régimen del 78 por una auténtica y saludable democracia constitucional en la que la separación de poderes y la honradez de los responsables públicos quede mejor garantizada.
Es curioso que incluso aquellas formaciones que desean de veras una mejora del sistema, como Ciudadanos, propongan fórmulas insuficientes o simplemente equivocadas como listas abiertas o aumento de la proporcionalidad que, lejos de atacar el fondo del mal que nos corroe, lo mantendría o incluso lo agravaría.
En tanto no se proceda a elaborar y aprobar una Ley de Partidos y una Ley Electoral que corrija las notorias fragilidades de nuestro sistema político, seguiremos condenados a vivir bajo un diseño institucional que daña seriamente la calidad de nuestra democracia y limita de manera alarmante nuestras posibilidades de ser una sociedad próspera y competitiva.
