El presidente de Extremadura ha justificado su decisión de conceder a las extremeñas que sobrevivieron a la guerra civil y a la posguerra de una ‘ayuda permanente’ de 300 euros al año en una cuestión de dignidad, justicia y ‘memoria histórica’.
Hubiéramos preferido que explicara que se va a gastar diez millones y medio de euros al año durante una década (la ayuda va dirigida a las 35.000 extremeñas mayores de 75 años y la esperanza de vida de la mujer española supera los 85 años) para ‘comprar’ el voto de las pensionistas en las próximas elecciones autonómicas de 2015.
Hubiera sido más sincero, más fácil y nos hubiera evitado sacar otra a vez a pasear los fantasmas de la guerra civil. Que no es que esas mujeres, y todas las demás españolas que trabajaron como mulas y apenas cotizaron, no se tengan bien merecida una ayuda de 300, de 500, de 1.000 o de 5.000 euros mientras vivan. La cuestión es que eso no es un derecho adquirido por mucho merecimiento, justicia y dignidad que implique. Es una decisión política a un año de las elecciones. Y además, José Antonio Monago se agarra a argumentos absolutamente prescindibles en pleno siglo XXI para sacar de las arcas públicas más de cien millones de euros que se abonarán de forma directa o mediante deducción a las extremeñas que nacieron al finalizar la guerra civil.
Ahora habrá que esperar la respuesta las españolas mayores de 75 años no residentes en Extremadura, que sentirán el agravio de no tener a Monago de presidente autonómico. Y confiar en la responsabilidad de los cargos electos para que no se gasten el dinero de todos en hacer política.
