A los enormes problemas políticos, institucionales y económicos que la América Hispana arrastra hace décadas sin solucionar, hay que agregarle el flagelo del crimen organizado, identificado originariamente con el narcotráfico pero que, pasados los años, hoy abarca otros delitos de igual porte. En un principio, los carteles de la droga y las bandas ligadas a la producción y tráfico de estupefacientes se centraron en la venta de sustancias ilegales. Sin embargo, en la actualidad el mega-negocio criminal se diversificó y suma extorsión, tráfico de personas y órganos, armas y lavado de activos. Se estima que la magnitud económica que implica la violencia alcanza, en números, alrededor del 4% del PIB regional.
Hace unas décadas, cuando se hablaba de narcotráfico en América se lo ubicaba con epicentros en Colombia y México. Los demás países no registraban un volumen significativo. Hoy, una suerte de transnacionalización del crimen organizado está en marcha. Para las macro bandas, las fronteras ya no representan el límite de su actividad. Su presencia ha traspasado los ámbitos nacionales y las vemos en cualquier lugar de la región. Esto se observa con los carteles mexicanos presentes en Ecuador, los brasileños Primer Comando de la Capital y Comando Vermelho en Paraguay, el grupo venezolano Tren de Aragua en Chile y Perú o los carteles colombianos distribuidos por todo el continente, situación que se replica en la región metropolitana de Santiago, Chile o en Argentina. Esta es la gran novedad del delito en desarrollo.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) acaba de convocar a una Cumbre Latinoamericana de Seguridad, a la que asistieron 12 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, más el anfitrión, Ecuador.
En esa oportunidad, el presidente de la entidad propuso la creación de una alianza para la seguridad regional que implica trabajar en conjunto contra el crimen trasnacional. El BID aborda el problema del crimen y la violencia con la visión centrada en la prevención y el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia.
La estrategia es ahogar el crimen organizado haciendo foco en tres ejes: limitando su influencia entre las poblaciones más vulnerables, fortaleciendo las instituciones del Estado y cortando su flujo financiero. Las iniciativas se complementan con tecnología y programas para prevenir el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas. Este flagelo también lo padecen Estados Unidos y Europa desde hace décadas y cuyas gravísimas consecuencias hoy están a la vista.
La desaparición de las fronteras, el aprovechamiento de las poblaciones vulnerables por parte de la delincuencia y la necesidad económica los estados para enfrentarlos son el núcleo. «El crimen organizado trabaja sin fronteras, mientras que los gobiernos trabajan con fronteras, carecen de recursos y necesitan la colaboración regional e internacional» dijo el funcionario en ese encuentro. “Nosotros tenemos que dar una respuesta regional, con una mayor coordinación con nuestras policías, una política transnacional de la incautación de bienes y golpear el financiamiento más rápido, eliminando la burocracia”. Y por eso estos organismos internacionales proponen ayuda financiera.
La Argentina es un buen ejemplo de ese proceso de penetración del negocio del narcotráfico, tanto en la población marginal como en ámbitos políticos, policiales y hasta judiciales. Cuanto más alto es el nivel de corrupción, mayor es el nivel de filtración del narcotráfico en la sociedad. El año pasado, el jefe de la Policía de Santa Fe, un territorio argentino prácticamente tomado por bandas narco, y los más altos funcionarios de la policía de la provincia de Córdoba fueron detenidos e imputados como cómplices del desarrollo de bandas de narcos. También hay concejales e intendentes involucrados, lo que indica que el negocio ha permeado, también, el poder político. Mientras tanto, se trabaja con juzgados federales colapsados por la cantidad de causas que deben tratar, y ello ocurre a pesar de reclamos de la Corte Suprema para que se nombren funcionarios judiciales en juzgados federales de zonas críticas.
Esta última «vuelta de tuerca» que ha tenido el negocio tiene relación directa con el aumento de la violencia y los homicidios. Es que las bandas criminales pelean por el control del territorio y esa puja se dirime a los tiros con la eliminación del adversario. La segunda cuestión es el efecto que tienen ciertas drogas «duras» en la psiquis de los consumidores, que deterioran los límites inhibitorios y los llevan a cometer, en muchos casos, crímenes aberrantes, cosa que hace un par de décadas no sucedía. Es el caso del «paco», que lleva a los jóvenes adictos, para sostener su adicción, a salir armados y convertirse en «soldados» al servicio de las organizaciones narco. La toxicidad potenciada de la droga cortada y mezclada con cualquier producto, afecta radicalmente el sistema neurológico. Debido a esto, en el presente, se incrementa el número de delincuentes de peligrosidad extrema que no tienen límite alguno. Es la nueva cara de la delincuencia callejera.
Un hecho preocupante en todos los países de la región es que, con el paso del tiempo, el narcotráfico pasó de ser un negocio logístico, donde la droga pasaba por el territorio para ir hacia mercados de consumo en los Estados Unidos o Europa, a convertirse en un negocio de consumo masivo local. A partir de ese momento, las bandas criminales pelean para controlar el territorio y distribuyen las drogas en un creciente mercado de consumo local. Los datos de las Naciones Unidas señalan que en diez años el consumo de marihuana y de cocaína en la Argentina se ha duplicado y que también ha crecido y mucho el de drogas sintéticas y paco.
El Observatorio de Drogas del Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hizo recientemente una evaluación del tema y los resultados son alarmantes; señalan aumentos impactantes de consumo y disminución de la edad de inicio de los jóvenes. Un combo letal.
Un libro publicado por Eugenio Burzaco, especialista argentino en materia de seguridad señala «que el mercado de consumo local de estupefacientes mueve alrededor de 1.000 millones de dólares anuales en el país, dinero que es utilizado también para corromper y destruir las raíces mismas del Estado». Esta explosiva realidad es otra de las herencias que el peronismo kirchnerista ha dejado plantada en la Argentina.
