Ahora lo llaman relato, que es más fino que propaganda, nombre ya tan gastado. Sea como fuere, me descubro ante el aparato de fabricación de trolas del Imperio Progre.

Cuando empezaron a caer sus presidentes por corrupción, la izquierda inventó el término ‘lawfare’ para asegurar que estaba sufriendo un ataque de los ‘poderes fácticos’. En vez de militares y la CIA, ahora eran los jueces los que destituían y encarcelaban a gobernantes ‘progresistas’, porque éstos se habían atrevido a molestar a los verdaderos dueños de los países mediante medidas que beneficiaban a los pobres y excluidos. Cuando en España se formó el Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos, también apareció el término de marras. Los voceros de izquierdas advirtieron de que la mayor resistencia iba a provenir de los jueces, a los que se empezó a descalificar como señalándoles como más fachas que el palo de la bandera.

Los jueces son la última línea de defensa que nos queda a los ciudadanos frente a los Gobiernos del ‘socialismo del siglo XXI’

A los peronistas argentinos y a los socialistas y comunistas españoles les preocupan más los jueces independientes que los principales partidos de la oposición, ya que el PP, Ciudadanos y Cambiemos están desarbolados y hasta deseando que el gobierno respectivo les incluya en su consenso. “La nueva normalidad es pactar” tituló el periódico ABC el verano en una de sus más ridículas portadas.

En España, Sánchez pretende obligar al PP a un nuevo reparto de los miembros del órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, que decide los ascensos y nombramiento. Para ello amenaza a Pablo Casado, el líder más penoso del partido de centro desde los años 80, con modificar la ley que lo regula para que los nombramientos de esos vocales los hagan las Cámaras de las Cortes por mayoría absoluta, en vez de por dos tercios, aunque ese plan ya ha sido criticado por la Unión Europea.

La partitocracia se niega a reconocer las consecuencias de sus actos y se las atribuye al habitual chivo expiatorio

En Argentina, el presidente Fernández ha arremetido contra los jueces y policías por no ser suficientemente duros con los delincuentes, cuando (con todas las excepciones que se quiera) esos funcionarios cumplen las leyes ‘buenistas’ aprobadas por los políticos, sobre todo peronistas, en los últimos años. La partitocracia se niega a reconocer las consecuencias de sus actos y se las atribuye al habitual chivo expiatorio.

La amenaza a la que ha recurrido Fernández para que los jueces y fiscales argentinos se comporten y dejen de investigar a su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, es la creación de un nuevo tribunal que detraiga competencias a la Corte Suprema. ¿Y qué jueces compondrían ese súper-Supremo? Los que nombrase la Casa Rosada, más unos puestos de relleno que daría a la oposición domesticada. Mismo modelo que en España.

Los jueces son la última línea de defensa de nuestras libertades que nos queda a los ciudadanos frente a los Gobiernos del ‘socialismo del siglo XXI’. Por eso, las izquierdas desean marcarlos a fuego como si fueran ganado, para luego servírselos a la mesa.