El pasado 1 de julio se cumplieron 25 años de la liberación de José Ortega Lara de la minúscula y húmeda celda subterránea, –«cárcel del pueblo» según la jerga etarra-, en la que permaneció encerrado durante 532 días. Las imágenes del macilento y barbudo funcionario de prisiones moviéndose desorientado todavía impactan. Un cuarto de siglo después, el manto de silencio arrojado sobre ETA por la izquierda española con representación institucional, unido a las adecuadas dosis de propaganda, junto a la demonización del partido en el que milita Ortega Lara, han diluido, en gran medida, la figura de tan estoico servidor público. Hoy, puede afirmarse que son muchos los compatriotas que preferirían estar acompañados por Otegui a estarlo por el burgalés, cuya liberación fue respondida, apenas unos días más tarde, con el secuestro de Miguel Ángel Blanco, al que el etarra Txapote disparó por la espalda en un descampado de Lasarte. El 13 de julio de 1997, Miguel Ángel Blanco expiró en el Hospital de San Sebastián. Recientemente, el Ayuntamiento de Pamplona ha mostrado su condena al asesinato del edil popular, con una excepción: la de EHBildu, principal puntal del Gobierno del doctor Sánchez, cuyo mantenimiento en su preciado puesto se debe al hecho de constituir toda una garantía en el desarrollo de una España que entrega poder a las estructuras regionales, allí donde dominan poderosas oligarquías, pero también a las de carácter supranacional. Grandes corporaciones unidas bajo dogmas ideológicos, conectadas a poderosos Estados con planes y programas que van más allá de la siguiente cita con las urnas.
Sobre este trasfondo es sobre el que se pretende poner en marcha una nueva ley, llamada de Memoria Democrática, que, dados los réditos de su predecesora, la Ley de Memoria Histórica debida a Rodríguez Zapatero, promete ofrecer maniquea munición al tardofranquista PSOE, máximo hacedor de la España autonómica que se finge rompedora con el llamado periodo preconstitucional. El proyecto, que pretende tensar de nuevo a los españoles, cuenta en esta ocasión con la colaboración de ese EHBildu en el que destaca la figura de la diputada española María Mercedes Aizpurúa Arzallus, vulgo Merche Aizpurúa, que ya ha anunciado que dicha ley apurará el año 1983, en pleno primer mandato de Felipe González.
La nueva ley, llamada de Memoria Democrática, (…) promete ofrecer maniquea munición al tardofranquista PSOE, máximo hacedor de la España autonómica que se finge rompedora con el llamado periodo preconstitucional
Cabe recordar a la desmemoriada España que la Aizpurúa, autora de una laudatoria biografía del dirigente etarra Argala, fue condenada en 1984 por apología del terrorismo, dato que, unido al hecho de que los asesinatos de Lasa y Zabala ocurrieron en 1983, resta arbitrariedad a la fecha escogida para ejercitar tan ideológica y selectiva memoria, en la que no habrá cabida para el forzoso inquilino de un zulo cuya réplica exacta se puede visitar en el vitoriano Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, cuyo discurso expositivo ha sido cuidadosamente diseñado para anegar la especie –terrorismo etarra- en el género que, sin mayores atributos, aparece en su rótulo.
