Parece mentira que haya que recordar que existen ciertas condiciones imprescindibles para que un sistema democrático parlamentario, cuya base es un sistema de sufragio universal, debe cumplir para que pueda funcionar correctamente. En primer lugar conviene apuntar que tales regímenes son propios de las democracias parlamentarias de origen liberal y no de las denominadas “democracias populares”. Cada vez que los principios de origen marxista o anárquico han penetrado en el sistema se ha terminado dinamitando el invento.
En toda sociedad siempre habrá una división de intereses en función de la situación económica, sociológica, cultural e ideológica de sus miembros. El aceptar la participación de todos en el sistema de gobierno dependerá de respetar una serie de reglas sustanciales, básicas, no discutibles en función de los recuentos electorales o las ideas, apetencias, deseos o modas. Esa es la razón por la cual las democracias liberales anglosajonas en términos generales han conseguido sobrevivir y consolidarse como el mecanismo de gobierno preferido por dichas sociedades. No se puede decir lo mismo de otros experimentos al margen de dichos supuestos y condiciones.
En resumen nos estamos refiriendo a lo que se entiende por “Constitución”, una norma básica de convivencia que establece las relaciones entre el Estado y sus miembros, y la de estos entre sí. Es un documento que puede estar escrito o no, ser más o menos extenso, pero cuyos principios esenciales deben respetarse, y que se comparten por todos los participantes del juego democrático.
Si alguien o algún grupo político, no comparte dichos supuestos debe estar fuera del sistema democrático electoral, es normal en naciones perfectamente democráticas que ciertos partidos están proscritos, pues su existencia y participación en el juego político entraña un peligro para el sistema. Su preponderancia podría llevar al país al conflicto abierto y a la guerra civil.
Dentro de esas constituciones hay ciertos conceptos cardinales para que los ciudadanos respeten las reglas democráticas del sufragio universal, esos conceptos cardinales en una sociedad occidental son: En primer lugar la libertad, y todo lo que dicho concepto arrastra, de conciencia, de educación, de movimiento, de expresión, de industria o profesión etc. con las cortapisas necesarias pero limitadas, para respetar a su vez los derechos ajenos. Este principio, por ejemplo, no es compartido por las filosofías colectivistas tanto de origen marxista o religioso fundamentalista, ya que no lo respetan por convicción ideológica de base. Su modelo de sociedad es diferente, por tanto su participación en un sistema electoral de corte occidental es una parodia y una parodia peligrosa. No estoy negando su derecho a imponerse en su entorno ni en sus países, lo que no es aceptable es mezclar ambos sistemas contaminado el proceso democrático occidental, porque acaba por destruirlo.
Otro elemento esencial es la propiedad privada con todo lo que ello conlleva: derecho a detentar un patrimonio, a utilizar los recursos generados con arreglo a criterios propios y no impuestos, a equivocarse o a triunfar en función del mérito, a legar lo ahorrado a los descendientes etc. Todo ello dentro de las limitaciones impuestas igualmente por el respeto a los derechos ajenos y a las necesidades de financiación del estado. No se trata de negar el derecho del estado a percibir impuestos sino de impedir que se expropie a los ciudadanos con la disculpa del “bien común” o “la redistribución de la renta” eufemismos para desviar fondos a las causas predicadas por ideólogos. (Ingeniería social).
El derecho a la propiedad privada está directamente relacionado con el anterior: sin recursos propios el hombre carece de libertad y se convierte en un peón del estado, por ello ciertas ideologías combaten directamente este derecho ya que les impide ejercer su dominio autocrático de forjar una sociedad a su voluntad. La igualdad es una condición no un derecho, y de hecho es incompatible con la libertad, si se busca su imposición estricta en una sociedad ya que solo es imponible por la fuerza. Lo cual tampoco excluye una actitud abierta a resolver problemas y necesidades de algunos miembros menos afortunados de esa misma sociedad.
Estos dos principios son fundamentales si se busca la paz social, el progreso real y conservar un sistema democrático electoralista Se me acusará de liberal por defender estos criterios, no lo niego, pero obsérvese que solo en los países de tradición liberal se ha conseguido mantener el orden democrático aceptable.
Si el acceso al poder de fuerzas que ignoran o pretenden subvertir estos principios llegara a materializarse, es lógico que aquellos que detentan el poder real, los medios y recursos, la capacidad organizativa y la competencia necesaria, se subleven contra dichas imposiciones. Independientemente del resultado electoral harán valer su derecho sobre la opinión de la mayoría si ese fuera el caso. Más aun cuando ese intento de subvertir el orden social no es ni siquiera mayoritario, sino fruto de unos manejos políticos retorcidos manipulando tanto el sistema electoral, como a acuerdos bajo la mesa de una minoría de interesados en detentar el poder.
Lo situación en este momento en España es muy grave, está a punto de ejercer poder político y económico real en nuestra sociedad, si el sentido común y la generosidad de algunos no lo remedia, un grupo anarco-marxista por muy numeroso que ahora aparente, minoritario con respecto al conjunto del país, y ni que decir tiene, con respecto a aquellos sectores de la sociedad con capacidad real de sacar este país adelante. La política no debe ser un juego de combinaciones aritméticas de escaños, estamos convirtiendo la función de gobernar en un juego de mesa. Gobernar es gestionar una nación en el día a día sin perder de vista el futuro, estamos confundiendo frívolamente el medio con el fin y las consecuencias pueden ser letales.
