El 28 de abril de 1994, la banda terrorista ETA asesinó al cabo primero de la guardia civil, José Benigno Villalobos, en Trapagarán. Tres disparos a bocajarro acabaron con su vida cuando el miembro de la benemérita abrió la puerta de su coche para ir a trabajar. En el vigésimo sexto aniversario de tan criminal hecho, EH Bildu ha salvado el decreto ley impulsado por el Gobierno para establecer medidas contra, dicen, los efectos de la guerra ruso-ucraniana. Terminada la sesión parlamentaria, la foto de Mercedes Aizpurúa rodeada de entregados periodistas, ofrece la imagen más elocuente del triunfo de los continuadores de la ensangrentada tarea llevada a cabo por la banda del hacha y la serpiente.
La Aizpurúa, actual portavoz de EH Bildu, que durante un lustro dirigió el diario proetarra Gara, después de que en el plomizo año de 1984 fuera condenada por la Audiencia Nacional por apología del terrorismo, tenía motivos para sentirse exultante. No en vano, formará parte de la Comisión de Secretos Oficiales que da acceso a materias reservadas relacionadas con la seguridad del Estado. Una comisión abierta tanto a los filoetarras como a las facciones golpistas catalanas que parasitan las instituciones políticas de la nación, circunstancias estas, que el sanchismo asume con la misma naturalidad con la que escuchó, de boca de un exetarra como Otegui, estas palabras: «Nosotros tenemos 200 presos en la cárcel y esos presos tienen que salir de la cárcel. Y si para eso hay que votar los presupuestos… pues los votaremos. Así de alto y claro lo decimos». Con esta frase convertida en permanente espada de Damocles, Grande-Marlaska cumple semanalmente con su tarea de trasladar etarras presos a las inmediaciones de la tierra del cupo y de las prisiones transferidas, de las que, todos lo sabemos, saldrán muy pronto los miembros de una organización fundada para robar a los españoles parte de su tierra, objetivo mantenido hoy por algunos de los que se sentarán en la mentada comisión. Preso de sus compromisos, el doctor ha dado acceso a los secesionistas a una institución habitada por los arcana imperii que toda sociedad política posee. Intereses y datos inconfesables e indetectables incluso en los innumerables portales de transparencia en los que los políticos hacen un calvinista ejercicio de exhibición de determinadas intimidades.
Ahíta de fundamentalismo democrático, pero también de sectarismo, gran parte de la sociedad española se apresta a asumir con naturalidad lo inaudito de la medida. Al cabo, lemas como el del «derecho a decidir», unidos a la adulación hacia un electorado pagado de sí mismo, han ofrecido las condiciones ideales para la fractura nacional ya esbozada en la Carta Magna, cuya calculada redacción —«nacionalidades y regiones»— respondía ya, hace casi medio siglo, a las aspiraciones de las sectas secesionistas camufladas bajo un tenue antifranquismo. Así las cosas, la acorazada propagandística saldrá en amparo de quien la financia, colocando oportunas cuotas justificadoras de una decisión que, de haberse tomado en una sociedad no anestesiada, precipitaría la caída de un Gobierno entregado a los enemigos de la nación.
Es imprescindible neutralizar a aquellos que aspiran a consumar semejante crimen político
En relación al lógico espionaje a quienes proclamaban a los cuatro vientos su intención de dar un golpe de Estado, preguntábase Margarita Robles, cuya cabeza ha sido pedida tanto por golpistas fugados como por aquellos que están en nómina del Estado que trataron de quebrar: «¿Qué tiene que hacer un Estado o un Gobierno cuando se vulnera la Constitución o se habla con Rusia?». Como buena jurista, la Robles ha apelado a un argumento leguleyo: existía una autorización judicial para llevar a cabo las escuchas. Mantenga o no, metafóricamente, su cabeza, la ministra debería contemplar posibilidades más amplias y realistas para su interrogante. Si de atajar el problema que ella señala se trata, un problema que es mucho más profundo, pues estas facciones aspiran a la aniquilación de España, la respuesta, evidentemente: es imprescindible neutralizar a aquellos que aspiran a consumar semejante crimen político.
