«Ser es defenderse», Ramiro de Maeztu
Iván Vélez (Cuenca, España, 1972). Arquitecto e investigador asociado de la Fundación Gustavo Bueno. Autor, entre otros, de los libros: Sobre la Leyenda Negra, El mito de Cortés, La conquista de México, Nuestro hombre en la CIA y Torquemada. El gran inquisidor. Además de publicar artículos en la prensa española y en revistas especializadas, ha participado en congresos de Filosofía e Historia.

Prioridad okupacional

1 de junio de 2026

«Vivíamos de squatters en un piso/Abandonado de Moratalaz/Si no has estado allí no has visto/El Paraíso Terrenal». Estos versos forman parte de la canción Eva tomando el sol, compuesta por un Joaquín Sabina preceja zapateril. Por un Sabina que en 1988 evocaba sus tiempos londinenses para deslocalizarlos, cosas de la rima, en el madrileño barrio de Moratalaz. La canción era oportuna, pues durante los ochenta, los mitificados ochenta, los de la movida, los de «a colocarse y al loro», el movimiento okupa cobró un auge que hoy se mantiene gracias a una nueva burbuja a la que no es ajeno el gran aumento poblacional fruto de la inmigración masiva que sigue llegando a España. Ante un problema tan grave, los más proclives a la ocupación, los más comprensivos con este fenómeno, apelan al artículo 47 de esa misma Constitución que consideran un cerrojo: «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada…».

Aunque el papel todo lo sostiene, el argumento leguleyo es impotente y los precios siguen subiendo y con ellos la conflictividad. Prueba de ello son los incidentes que se han producido en Vitoria en las últimas semanas. Concretamente en el barrio de Errekaleor, propiedad del Ayuntamiento de Vitoria que lleva más de una década okupado por un colectivo autogestionado y alineado con la izquierda radical vasca. Unos vecinos que obligan a emplear el vascuence para vivir allí en un barrio que el PGOU de 2003 indica que debe ser derruido, en cuya web, ofrecen su hospitalidad: «Las puertas del barrio están abiertas para quienes deseen venir a vivir aquí, para quienes quieran participar en las actividades que organizamos y, por supuesto, para cualquiera con ideas nuevas».

Pese a tan loables intenciones, las puertas de Errekaleor se cerraron abruptamente hace unos días para aquellos que pretendían okupar lo okupado. Para quienes intentaron acceder a Errekaleor con «ideas nuevas». Su lugar de procedencia inmediata, la fábrica abandonada de URSSA. Su origen remoto, el Magreb. Los incidentes fueron tan graves que requirieron la intervención de la Ertzaintza. O lo que es lo mismo, la policía protegió a unos okupas frente a otros.

El trasfondo del incidente resulta revelador y nos obliga a regresar a la web de Errekaleor Bizirik (Errekalero vivo). En ella leemos lo siguiente:

Muchas personas llegaron del sur de España en busca de trabajo, y Errekaleor se construyó para albergar a algunas de ellas: un barrio con 192 viviendas situado en las afueras de Vitoria-Gasteiz. Con una identidad obrera profundamente arraigada, el 3 de marzo de 1976, la policía española disparó y mató a un joven vecino, Romualdo Barroso, durante una huelga general en Vitoria-Gasteiz, junto con otros cuatro trabajadores.

La burbuja inmobiliaria de hace un par de décadas hizo el resto y al abandono definitivo del barrio le siguió la ocupación, iniciada por unos estudiantes. Hasta ahí el relato es perfecto. Trabadores maketos, pero trabajadores al cabo, habrían venido a vender su fuerza de trabajo a las industrializadas -¿gracias a quién?- provincias vascongadas. La policía española, además, había matado a un joven concienciado durante una asamblea celebrada en la Iglesia de San Francisco de Asís. 

Sin embargo, estos antecedentes históricos, que extenderían un manto de solidaridad entre trabajadores, han chocado, literalmente, con una nueva realidad. La de la llegada de gentes allende Extremadura, lugar de origen de Barroso. Los nuevos visitantes son muy diferentes. Son insolubles en los postulados aranianos e, incluso, incompatibles con experimentos tolerados como la de Errekaleor, cuyos beneficiarios han tenido que recurrir a la policía autónoma para defender su prioridad okupacional.

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