Lamento decirles que lo de Puigdemont es más de lo mismo. De hecho, no tendrá efectos prácticos. O te sumas a una moción de censura —y eso no lo harán— o de nada sirve. Mi opinión coincide pues, básicamente, con lo que expresaba mi colega de estas mismas páginas Iván Vélez el pasado lunes: «cosmética democrática». Incluso comparto la idea de que «el tiempo corre contra Puigdemont». Y desde hace tiempo, si me permiten la redundancia.
Casi después de media hora de comparecencia —sin preguntas— se escenificó la supuesta ruptura. Algo que, en realidad, ya lo habían insinuado por activa y por pasiva. Llevaban una semana mareando la perdiz. La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, aprovechó la última sesión de control para soltar lo de la «la hora del cambio». En el PSOE lo tenían tan cuesta abajo que nadie se ha puesto a temblar. Ni dan por terminada la legislatura. Aunque será, como ahora, un traspiés tras otro. Una verdadera agonía.
En efecto, los de Junts aprietan pero no ahogan. Hasta un diario tan inclinado a Sánchez como La Vanguardia recogía en su crónica del día después que «a primera vista no se ven grandes cambios en las relaciones entre posconvergentes y socialistas». Incluso tenían que citar «fuentes» del partido que aseguraban que la supuesta ruptura «se notará» y que «romper significa romper». El problema es que no tienen credibilidad alguna.
En julio de 2023, antes de las elecciones generales, Carles Puigdemont se dejó entrevistar por un periodista de confianza, Antoni Bassas, en Waterloo y le dijo en tono solemne: «Sánchez no será presidente con los votos de Junts», Luego cambió de opinión. La excusa era alcanzar un «compromiso histórico». En el fondo, era un «¿qué hay de lo mío?». Es decir, la amnistía.
El lunes insistió en que «Pedro Sánchez podrá ocupar poltronas, pero no podrá gobernar». O sea, como ahora. Porque la ley más importante aprobada es la de la Amnistía, que no pretende el interés general, sino el particular de unos pocos. Tampoco podrá sacar adelante los Presupuestos. Da igual, lleva ya dos ejercicios sin hacerlo. Pese a que es un mandato constitucional. Es decir, incumple la Constitución. El artículo 134.3 establece que hay que empezar a tramitarlos «al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior».
Por eso, todo es postureo. Puigdemont ha roto por tres motivos: en primer lugar, porque su electorado está huyendo a Aliança Catalana, que sube por las consecuencias de la política de puertas abiertas. Como VOX en el resto de España. Al fin y al cabo, no se ha hecho nada en la materia durante los últimos veinte años. Excepto el «papeles para todos», el «refugees welcome» y el «volem acollir». Se ha perdido un tiempo precioso. La situación en algunos barrios y localidades es explosiva.
En segundo lugar, porque no se ha beneficiado de la amnistía. Aunque, si lo hubiera hecho, quizá también habría roto. Soy incapaz de saber qué se mueve en el interior de la cabeza de Puigdemont. Entre otras razones, porque no soy psiquiatra. Finalmente, porque es de cajón romper meses antes de las elecciones en caso de gobiernos de coalición o acuerdos de legislatura. Si no, el pez grande se come al chico. Quizás el caso paradigmático es el de los liberales británicos que, tras las elecciones de 2010, tenían la paella por el mango. Aceptaron un ejecutivo con los conservadores de David Cameron y su líder, Nick Clegg, fue aupado nada menos que a viceprimer ministro. En las siguientes elecciones, las de 2015, perdieron el 60% de los votos.
Sin embargo, no son todas malas noticias. Tómenselo por el lado bueno. El vaso está medio lleno. El proyecto de la República catalana es historia. Puigdemont no osó ni mencionarla. Tampoco la palabra «independencia». Como mucho, «la voluntad del pueblo de decidir libremente su futuro», es decir, el soñado referéndum. Pero se han pasado la vida diciendo que el bueno era el de 2017 y que sólo había que implementar los resultados.
Casualidades de la vida, el líder de Junts compareció precisamente el mismo día que se declaró la independencia hace ocho años. Desde entonces no han parado de utilizar expresiones como «confrontación inteligente» o «embate democrático» para contentar al personal. Pero nada. La prueba irrefutable es el uso del catalán en el Congreso, que definió como «un hecho histórico». Del catalán en el Parlamento Europeo no dijo nada porque la cosa está más jodida. Sí, y a mí también me parece un coñazo eso de la traducción simultánea. Pero si pides el catalán en el Congreso es la prueba definitiva de que no te vas. Al fin y al cabo es el Parlamento del Reino de España.
Hasta puso como méritos de Junts «la bonificación del 100% de la seguridad social a monitores y entrenadores de clubs deportivos» que —aseguró— «es muy importante» porque hay muchos jóvenes que se ganan cuatro perras entrenando a equipos infantiles. Pero esto es también el denostado ‘peix al cove’ de Jordi Pujol. En teoría, se embarcaron en el proceso para no hacerlo nunca más.
