Desde la elaboración de las Bases de Manresa, en aquellos días en los que el proteccionismo que envaneció a los estratos más acomodados de la sociedad catalana decaía, existe en Cataluña el proyecto de disponer de un poder judicial propio capaz de ser manejado por el poder ejecutivo reservado para las gentes de aquella tierra. La documentación decimonónica así lo señala: «Sólo los catalanes, tanto los de nacimiento como los que lo sean por naturalización, podrán desempeñar cargos públicos en Cataluña, incluidos los gubernativos y administrativos que dependan del poder central». Las semejanzas entre estos propósitos y los que reaparecieron durante el pujolato son evidentes y, en gran medida, comprensibles si se tiene en cuenta el grado de corrupción que distingue a gran parte de los poderes, desde la Generalidad al Camp Nou, que manejan la región con excelentes dividendos para quienes se insertan en ellos.
Como consecuencia de los actos relacionados con el golpe de Estado dado en 2017 por un conjunto de facciosos adulados durante décadas, algunos de estos elementos tienen cuentas pendientes, pocas después de la reforma legal hecha a medida por Sánchez en cumplimiento de sus oscuros acuerdos, con la Justicia española. Dos de ellos, o por mejor decir, de ellas, se han visto las caras con los jueces recientemente. Como es tradición en este colectivo, Laura Borrás montó un numerito victimista antes de ser condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a cuatro años y medio de cárcel y 13 de inhabilitación por trocear contratos para adjudicarlos a dedo. O lo que es lo mismo, la Borrás ha sido condenada por sus corruptelas delictivas, quedando impunes las más graves, las consentidas. A saber, aquellas que tratan de corromper a la Nación española, propósito para el cual trabaja doña Laura a tiempo completo mientras fracciona contratos a tiempo parcial para entregárselos a un amigo. Lo más sorprendente de la sentencia es que el propio tribunal, que haría las delicias de los redactores de la mentadas Bases, propone un indulto parcial que rebaje a la pena de prisión a menos de dos años para que la señora pueda eludir la cárcel.
El otro sainete de la semana lo protagonizó Clara Ponsatí, acaso enviada a España por el fugado Puidgemont para sondear el ambiente y, de paso, ganar cierta cuota de pantalla de cara a las próximas elecciones catalanas, objetivo más que cumplido, pues a doña Clara se le permitió dar una rueda de prensa trufada de todos los argumentos del mundo lazi. La escena se remató con la Ponsatí blandiendo su carné de eurodiputada ante un mozo de escuadra que, amabilísimamente, procedió a detenerla. La escena se resolvió con la suelta de la barcelonesa que tanto conmina a sus correligionarios a entregarse al martirologio y el emplazamiento para que declare en el futuro.
En lo que se refiere a su dimensión esperpéntica, nada de nuevo tienen estos incidentes, pues el secesionismo suele ofrecer este tipo de espectáculos, sabedor de que su odiado Estado español rara vez actúa con contundencia ante sus agresores. En efecto, desde hace medio siglo, a excepción de acciones que se volvieron en contra de la propia España, los sucesivos gobiernos, dependientes siempre de los anómalamente legales partidos independentistas, han preferido ir cediendo a sus pretensiones. A ello ha de sumarse el factor Europa, ante el que muchos españoles se abisman, ofreciendo su rostro más acomplejado, paralizados ante el qué dirán del que tanto lazis como aberchales sacan innumerables réditos.
