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Abogado. Columnista y analista político en radio y televisión.
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Quién manda de verdad

14 de agosto de 2022

 Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, celebró hace unos días que varios países de la Unión estén aplicando medidas voluntarias de ahorro energético. Aquí hay un engaño porque, en este asunto, hay pocas cosas “voluntarias”. España ha brindado un ejemplo memorable.

Cuando el pasado 20 de julio Von der Leyen anunció unilateralmente la necesidad de que todos los Estados miembros ahorrasen energía, la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, lamentó profundamente “decir que España no apoya esta propuesta. Consideramos que se plantea sin orientación previa, sin debate de orientación general en el Consejo Europeo, incluso cuando las consecuencias económicas y en términos de impacto resdistributivo son particularmente importantes». Parecía que el Gobierno de Pedro Sánchez se atrevía a plantar cara a la Comisión Europea en algo. Era tan extraño, tan raro que el Gobierno diese alguna muestra de independencia de criterio, que no podía ser cierto. En efecto, seis días más tarde, después del Consejo Extraordinario de Ministros de Energía del 26 de julio, la ministra reconocía que “estamos obligados a decir que sí”. 

Entre el interés de España y el del Gobierno, Pedro Sánchez siempre antepondrá el segundo

A partir de entonces, se abrió el debate que Pedro Sánchez trató de acallar con propuestas estrafalarias como la supresión de las corbatas. A medida que se iba conociendo las medidas que preparaba el gobierno, el descontento crecía. Los hosteleros, los comerciantes y los trabajadores advirtieron de los problemas del decreto que preparaba el Gobierno. La normativa de prevención de riesgos laborales obligaba a mantener ciertas temperaturas para evitar los golpes de calor. El calor disuadiría a los clientes de entrar en las tiendas y los restaurantes.

El Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural expone bien a las claras quién ha tomado aquí las decisiones: “para cumplir con los acuerdos solidarios de reducción de demanda alcanzados en el Consejo Extraordinario de Ministros de Energía del 26 de julio, así como para reducir la dependencia energética del gas natural, es necesario [sic] la adopción de medidas de efecto inmediato orientadas a un uso responsable de la energía que permite minimizar el impacto sobre la economía y la seguridad de suministro de una interrupción parcial o total del suministros [sic] de gas por parte de Rusia, y evitar que el peso de estas posibles situaciones recaiga sobre los más vulnerables”. 

Sin duda, Pedro Sánchez y su Gobierno tienen una responsabilidad política por no afirmar el interés nacional de España. Si se trataba de negociar la aceptación de medidas que van a ser perjudiciales para España, el Gobierno debería haber exigido algo a cambio. Desgraciadamente, entre el interés de España y el del Gobierno, Pedro Sánchez siempre antepondrá el segundo. Para él, seguir en La Moncloa un día más ya es una victoria.

Resulta necesario señalar la ideología que subyace a esas decisiones. Criticar a Sánchez es preciso, pero insuficiente

Sin embargo, hemos de reparar en la geometría del poder: Pedro Sánchez se comporta más como el gobernador de un protectorado que como el presidente de un gobierno independiente. Quien quiera enfrentarse a él, tarde o temprano, tendrá que estar dispuesto a desafiar a la Comisión Europea de Ursula von der Leyen con su “transición ecológica”, su “economía verde” y su imposición de la Agenda 2030. En efecto, Pedro Sánchez es el ejecutor, en España, de decisiones tomadas en otras instancias políticas y económicas. Esto no merma la responsabilidad del presidente, pero sí indica hasta qué punto es necesario un nuevo liderazgo político. 

No basta, pues, llamar al Dos de Mayo contra el real decreto. Resulta necesario señalar la ideología que subyace a esas decisiones. Criticar a Sánchez es preciso, pero insuficiente. Estamos asistiendo a la ejecución de políticas que, so pretexto de distintas crisis, van restringiendo la libertad de los ciudadanos al tiempo que los empobrecen.

La Agenda 2030 es transversal al Partido Socialista y el Partido Popular. La comparten Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Aceptar sus postulados supone el sello de calidad para acceder a los círculos de poder internacionales desde la Comisión Europea hasta el Foro Económico Mundial. Oponerse a ellos, implica sufrir campañas de desprestigio y estigmatización como las que han venido sufriendo Polonia y Hungría.

Así, cuando algún político reclame para sí la bandera de la oposición a Pedro Sánchez, pregúntense si está dispuesto a enfrentarse, también, a quienes mandan de verdad, es decir, a quienes imponen las políticas que Sánchez ejecuta. 

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