Ante la evidente inviabilidad financiera y política del Estado de las Autonomías en su actual configuración, funcionamiento y coste, se alzan numerosas voces proponiendo una reforma de la Constitución, tanto desde las filas del partido del Gobierno como de la principal fuerza de la oposición. La necesidad de una modificación de la Ley de leyes de 1978 que surja al paso de la insatisfactoria realidad surgida del desarrollo del Título VIII mediante el principio dispositivo no es algo que se plantee ahora por primera vez. Algunos ya señalamos la conveniencia de este cambio hace siete años y presentamos un nuevo texto articulado que hubiera corregido a tiempo la deriva rupturista que ha desembocado en la convocatoria por parte de la Generalitat de Cataluña de una consulta de autodeterminación inconstitucional e ilegal para el próximo 9 de noviembre. La pasividad del PP y del PSOE, combinada con la contumacia divisiva de los nacionalistas, nos ha arrastrado a una grave crisis institucional a la que no se le ve salida fácil y sin traumas.
El panorama que se dibuja tras la abdicación de Don Juan Carlos es el de un Rey joven y bien preparado con capacidad para pilotar una transformación de nuestro sistema político que nos proporcione estabilidad y nos permita afrontar los serios problemas de competitividad, fragmentación interna y descontento social que padece España tras el vendaval arrasador de las tres burbujas, la de los bancos y cajas, la del ladrillo y la de la elefantiasis del sector público. Sin embargo, en semejante coyuntura se plantea un dilema decisivo: ¿en qué dirección se van a corregir las notorias deficiencias de nuestra Carta Magna? ¿En el sentido de un fortalecimiento de las instancias centrales del Estado y una simplificación de la multiplicidad de Administraciones que nos devuelvan la posibilidad de crecer impulsando el dinamismo de una economía libre de trabas o en el de una confederalización del Reino, con Cataluña y el País Vasco como pseudoestados cuasisoberanos asociados y el resto de la Nación dotada de un grado aún más alto de descentralización para compensar los privilegios concedidos a las comunidades de hegemonía nacionalista? En otras palabras, una reforma que subsane los defectos existentes u otra que ahonde en ellos. La primera requeriría un acuerdo muy sólido entre los dos grandes partidos establecidos y una amplísima base social en toda España, Cataluña y el País Vasco incluidos, que venciera la feroz resistencia que los separatistas ofrecerían a esta operación regeneradora; la segunda sólo sería la antesala a la desaparición definitiva de España como proyecto común y como identidad política, histórica y civil reconocible.
Urge, pues, que todas las corrientes y movimientos políticos y sociales que desean que España mantenga su cohesión y que se sitúe en el ámbito de las sociedades abiertas y democráticas frente a los ataques del oscurantismo preilustrado y totalitario que representan los nacionalismos secesionistas, aúnen sus esfuerzos y coordinen estrechamente sus acciones. Nada podemos esperar del duopolio parlamentario declinante que nos ha arrastrado hasta el presente callejón sin salida con su miopía, su cobardía y su corrupción. Los millones de españoles decentes, racionales y productivos que sostienen con su trabajo, su ahorro y su creatividad lo que va quedando de nuestra antigua y atribulada patria, han de reaccionar porque nos jugamos el ser o el no ser, el seguir formando parte de las democracias occidentales avanzadas o disolvernos en un caos violento de tribus inconexas. Poco hay a nuestro alrededor que nos induzca al optimismo, pero todo nos recuerda nuestra obligación de seguir luchando hasta el último aliento.
