El Gran Ayatolá Hussein-Ali Montazeri, estrecho colaborador y sucesor oficial del fundador de la República Islámica, Ruhollah Jomeiny, hasta su caída en desgracia y arresto domiciliario en 1989, falleció en la ciudad sagrada de Qom en Irán en 2009. Uno de sus hijos, encargado de velar por su legado, ha dado a conocer recientemente una grabación de audio hasta hoy inédita de una reunión de su padre celebrada el 15 de Agosto de 1988 en Teherán con los entonces representante del Ministerio de Información en la prisión de Evin, Mustafá Pourmohammadi, juez religioso, Hussein Alí Nayyeri, fiscal, Morteza Eshraghi, y fiscal auxiliar, Ebrahim Raeesi. Este grupo de altos responsables gubernamentales y judiciales eran en aquellas fechas los encargados de organizar y llevar a cabo la ejecución sumarísima de 30000 prisioneros políticos, miembros o simpatizantes de la organización de los Mujaidines del Pueblo de Irán, el principal, más activo y más numeroso movimiento opositor al régimen dictatorial y teocrático imperante.
El 25 de Julio anterior Jomeny había dictado un edicto en el que ordenaba la liquidación física de todos los integrantes de los Mujaidines acusándolos de «guerra contra Dios», de renegados y de traidores a la República. Un cierto número de militantes de esta organización opositora habían huido de Irán y se habían constituido en unidades armadas refugiándose en el vecino Irak bajo la protección de Saddam Hussein. La persecución implacable contra ellos mantenía en las cárceles iraníes a decenas de miles de sus seguidores y afiliados. La decisión del Líder Supremo de la Revolución Islámica de proceder a una masacre de estas dimensiones suscitó reservas incluso entre los más fieles de sus subordinados y el Presidente del Tribunal Supremo de la época, Musavi Ardebili, le consultó si debían subir al patíbulo también los ya juzgados y condenados a penas de reclusión que estuvieran cumpliendo sentencia. La respuesta de Jomeiny fue afirmativa, al igual que para la misma pregunta referida a mujeres, incluso las embarazadas, y los menores. En el breve plazo de un mes, treinta mil vidas fueron segadas y los cuerpos sepultados en fosas comunes sin que nunca sus familiares hayan sabido del lugar en que sus deudos se encuentran enterrados.
En la mencionada reunión, Montazeri expresa su firme rechazo a la matanza y pone de relieve que se trata de un acto criminal, que las generaciones venideras sentirán repulsión por semejante barbaridad, que los Mujaidines defienden ideas distintas a las suyas, pero que ello no justifica la violación de los más elementales principios del Estado de Derecho ni un comportamiento tan inhumano, que considera indigno de creyentes en el Islam. Sus interlocutores persisten en su propósito de obedecer al Líder Supremo, no atienden a sus objeciones y se niegan a detener la operación. Esta rotunda protesta, junto a reiteradas manifestaciones críticas sobre las políticas antidemocráticas y totalitarias de Jomeiny que había venido realizando desde hacia unos cuantos años, sellaron su destino político. Fue destituido de sus cargos, desposeído ilegítimamente de su título de Gran Ayatolá y sepultado en la marginación y el ostracismo.
La difusión de esta grabación de audio vuelve a exponer a la luz un episodio sobrecogedor de la historia reciente de Irán que la férrea censura del régimen había cubierto con el velo del silencio y del miedo. La tensa conversación entre un atribulado Montazeri y sus crueles e impasibles interlocutores demuestra que se trató de una carnicería perfectamente planeada cuya fría y pavorosa dimensión recuerda la llamada «solución final» perpetrada por los nazis.
En momentos en los que la Unión Europea desarrolla una estrategia de apaciguamiento y diálogo constructivo con la República Islámica de Irán, a la que se ha sumado el Gobierno español, conviene saber con quién está uno sentándose a la mesa. El horror del martirio de las treinta mil víctimas de Jomeiny por pedir democracia y libertad para su país hace ahora casi tres décadas se sitúa al mismo nivel de lo sucedido en Ruanda, en Bosnia o en Camboya y desde luego entra de lleno en la categoría de crimen contra la humanidad tal como se contempla en el artículo 7 del Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional. Parece obligado condicionar la marcha de la eventual cooperación con el régimen iraní en los terrenos financiero, energético, comercial y cultural a la expresión pública de arrepentimiento por aquella hecatombe por parte de sus autoridades, al cese en sus actuales funciones públicas de los que participaron en un crimen tan escalofriante y a la apertura de un procedimiento en las instancias internacionales adecuadas para depurar responsabilidades. Se supone que la Unión Europea es una comunidad de valores comprometida con los derechos humanos y la justicia. Se supone.
