Miles de personas -aunque tampoco demasiadas, no se asusten- salen estos días a las calles de las principales ciudades y pueblos de España para reivindicar la III República, o al menos un referéndum para que los españoles se pronuncien al respecto. Lo que no sabemos es lo que reivindican los 45 millones restantes que no salen a ninguna parte, o si lo hacen es para ir a trabajar, o a tomar el aperitivo, o a pasear a su perro y a disfrutar del buen tiempo, o a practicar algún deporte, o a hacer lo que les dé la real gana. Fue Ramiro Ledesma quien dejó escrito aquello de que «las masas tomaron las calles mientras la mayoría se quedó tranquilamente en su casa».
Yo a estos republicanos les propondría una república… pero presidida por José María Aznar o por Esperanza Aguirre. Ya verían qué pronto se acababa esta cosa de «los Borbones a las elecciones». Y no porque yo no sea partidario de un referéndum sobre la forma de Estado, que podríamos valorarlo, siempre y cuando fuera legal y tuviera cabida en la Constitución. Es que los primeros que dejarían de ser tan demócratas y tan ‘guays’ serían todos estos dignísimos representantes de la extrema izquierda con que sólo intuyeran la posibilidad de que su anhelada consulta popular pudiera terminar en un sistema con un resultado semejante.
Se ha escrito muchas veces, aquí y en otros medios, algo que no por repetido deja de ser necesario recodar cada día: la república es un modelo -dentro de todos los posibles- de organización del Estado y no una ideología en sí misma. A todos estos amigos de la libertad y la democracia -que lo son únicamente si sirve para instalar el ‘gulag’- conviene quitarles ya del todo la careta para que no sigan liando al personal. Los españoles, los que aún no lo hayan intuido, deben saber que lo piden estos no es una III República y sí un redivivo Frente Popular. Un Gobierno, o contubernio, que hizo perder a la II República la poca legimitidad que podía tener, desacreditada ya tras el ‘golpe’ del 34 en Asturias, dado por la propia izquierda y que constituyó el auténtico inicio de la Guerra Civil. Un Gobierno, salido en febrero de 1936, de unas urnas amañadas cuyos resultados electorales reales en muchas provincias españolas jamás fueron dados a conocer. Y un Gobierno en suma que, por si no fuera suficiente lo anterior, nunca fue capaz de garantizar lo único que distingue a un Estado realmente digno de tal nombre: la garantía del orden público, que para ello es depositario del monopolio de la violencia legítima.
Esto y no otra cosa es lo que quieren los Iglesias, los Cayos y los Garzones, las Sabanés y los del lobby ‘freaky’ verde-ecologista, trufados de antisistemas y teóricos del ‘derecho de autodeterminación’. Conviene que se sepa.
