Muy explotadas ya las posibilidades de privilegio territorial en España, esquilmadas esas minas, el gobierno avanza en la producción legislativa para sus votantes. Ayer fue un día provechoso: salvó la revalorización de las pensiones, ultimó el «escudo social» para sus vulnerables y avanzó en hacer algo con la juventud, sector en el que está perdiendo. Todo, hay que recordar, después de haber anunciado la regularización de nueva clientela política.
Sánchez anunció que prohibirán el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. Esto lo legisló ya Australia, pionera en todo lo que mezcle progresismo y control social, y se aprobó en Francia para la edad de 15 años. Sánchez coloca a España en la vanguardia del progresismo y de la contestación a la derecha asociada a Trump y los tecno-oligarcas.
La justificación en todos los casos es difícil de criticar. Hay una evidencia del daño que las redes sociales provocan en los adolescentes, aunque también es difícil de creer que países y partidos hasta hace nada entregados a la experimentación trans en el cuerpo y la mente de niños y púberes, ahora se preocupen tanto por, pongamos por caso, el impacto de la pornografía en los adolescentes (en España, por cierto, se igualará el umbral de madurez para abrirse un tik-tok y para abortar sin consentimiento de los padres).
Usan argumentos de psicología y de paternalismo a partir de los datos de ansiedad recabados en la fresca generación Z, pero los Z también se caracterizan por un derechismo inaudito, así que no cuesta demasiado ver la medida como un modo de manipular ideológicamente a los jóvenes o de impedir como sea el descubrimiento online que los lleva al lado oscuro.
También esgrimen un argumento soberanista: aquí mandamos nosotros, no Elon Musk, pero también conocemos el pobre alcance de ese soberanismo suyo…
En todo caso, la medida enfrenta dificultades técnicas. ¿Cómo conseguir ponerle puertas al mar? La legislación europea invita a formas de injerencia técnica seria, más allá del «afirmo tener 16 años», pero la instalación de estos sistemas públicos será ya una forma de control.
Si no fuera esto bastante, Pedro Sánchez, que ha roto a referente internacional, presentó la idea de la «huella de odio y polarización». Como un visionario, anunció el fin de la época en que «el odio era invisible e imposible de cuantificar». Promete una herramienta que lo cuantifique, que mida el odio como base para futuras sanciones económicas.
La medición del odio no es ninguna locura. Ya se han visto en la prensa gráficos sobre el «avance del fascismo». Se unen dos mundos aquí: el periodismo de datos y el periodismo observatorio de fascismos. La huella de odio imita también la huella de carbono del cambio climático, ese indicador que mide los gases emitidos y los asigna a un individuo a efectos de sanción o de tributación.
La cuantificación de cualquier cosa es la puerta de entrada a otra fase: la matemática, la formalización, la tabulación, una operatividad nueva. La huella mide principalmente el dióxido de carbono, y el medidor de odio podría ser algo así. Igual que Lavoisier midió los gases y la alquimia saltó a la química, Sánchez puede pasar a la historia como el primer medidor del odio, el que saque al odio de su invisibilidad, el que lo arranque de lo etéreo. Imaginen descomponerlo en partículas, darle un sistema de medida… Se haría necesaria una unidad de medida y podrían llamarlo el sánchez. ¿Se imaginan la notificación del ministerio? «Usted lleva emitidos 4’9 sánchez. Vaya sacando la cartera». Un nuevo impuesto al odio sería una genialidad absoluta. ¿Y si hubiéramos entrado en la fase sanchista del globalismo?
