Al final he entendido la polémica de las deportaciones masivas. Todo empezó en aquella rueda de prensa de los portavoces nacionales de VOX Rocío de Meer y Samuel Vázquez el pasado día 7.
Sospecho que convenientemente amplificado por El País. Además, era después del congreso del PP en el que habían hecho un tibio giro en la materia. Yo lo vi también en otros medios. Como Rac1 —la cadena de radio del conde Godó—, titulando más o menos igual.
Pero como decía Santiago Abascal el pasado día 24 en Cuatro, «a quienes hay que echar es a los extranjeros ilegales y a los extranjeros legales que cometan delitos». «Pero esto ya está en nuestras leyes, lo que pasa es que en España no se cumplen las leyes», añadió.
En realidad, en la rueda de prensa de diez días antes —tras la reunión del comité de acción política del partido— había dicho lo mismo. Entonces, la paliza a un abuelo de Torre Pacheco por parte de unos magrebíes y los incidentes posteriores habían puesto el tema en el candelero.
En esa comparecencia; el líder de VOX recordó, por otra parte, que «la inmensa mayoría de los españoles está a favor de las deportaciones masivas de inmigrantes ilegales y de las deportaciones de los legales que cometan delitos». Más claro agua. A mí me pareció de una lógica aplastante.
El mismo día, en efecto, El Mundo publicaba que, según una encuesta, «el 70% de los españoles respalda las deportaciones de inmigrantes ilegales». En el caso de votantes del PSOE, la cifra rozaba el 60%. Incluso, entre los electores de Sumar, el 32% estaba a favor.
De hecho, es lo que hacen todos los países: expulsar a los ilegales y, por supuesto, a los que han cometido delitos. Aunque la postura se ha endurecido entre los países de la UE a medida que la inmigración ha irrumpido en la agenda política y mediática. Es decir, resta votos a los partidos tradicionales.
También a remolque de Estados Unidos donde, tras el regreso de Trump a la Casa Blanca, no les tiembla el pulso. Cuando empezaron a expulsar inmigrantes esposados, e incluso encadenados por los pies, pensé que rozaba o hasta vulneraba el respeto a los derechos humanos. Pero, sin duda, las imágenes habrán tenido efectos disuasorios en toda Iberoamérica. En algunos casos es la única manera de frenar la inmigración descontrolada.
Mientras que en Dinamarca, que ostenta la presidencia de la UE, también han optado por la línea aparentemente ‘dura’ y están a favor de acelerar las deportaciones. No sólo en su país sino en toda la Unión Europea. Y eso que son socialdemócratas. De la misma familia ideológica que Pedro Sánchez.
Sin olvidar tampoco el cambio de actitud en el Reino Unido. El primer ministro Keir Starmer ya anunció en mayo medidas antiinmigración para que «no seamos una isla de extraños». Y, recientemente, ha llegado a un acuerdo con Francia para que el Canal de la Mancha no sea un colador. Starmer, por cierto, es laborista. Ni siquiera es conservador o de VOX.
Aunque modestamente, si me permiten una humilde sugerencia de este plumilla, yo no hablaría de «deportaciones». Desde la II Guerra Mundial tiene una connotación muy negativa. Yo hablaría mejor de «expulsiones», que además es lo que son.
En esto los catalanes, incluso los no indepes, jugamos con ventaja. Aprendimos mucho durante el procés. Aquí también nos doraron la píldora con el lenguaje. Al derecho a la autodeterminación —que tiene reminiscencias coloniales— lo rebautizaron como «derecho a decidir». Sobre todo para no asustar a las ‘tietas’ que habían votado a Convergencia toda la vida.
