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Este artículo se publicó en La Gaceta antes de convertirse en La Gaceta de la Iberosfera, no siendo entonces propiedad de Fundación Disenso.

Soberanía nacional

18 de noviembre de 2014

La Constitución Española de 1978 ya lo recoge en sus artículos 1 y 2. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Y añade que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Qué definición más contundente y clarificadora pues no permite interpretaciones.

Por su parte, el artículo dos atestigua que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Además de articular la posibilidad de modificarla con unas condiciones claras.

Nuestra norma suprema, la que nació del consenso democrático de todos los españoles, modélica en su momento y alabada y estudiada por muchas universidades del mundo, ha conseguido ofrecernos un marco legal que nos ha sustentado durante sus más de treinta años de vigencia y nos ha dado el periodo más fructífero de la historia reciente de España.

Para nosotros, la Constitución ha sabido, durante todos estos años de desarrollo del Estado autonómico, aunar sensibilidades y enriquecer al conjunto de la ciudadanía con la diversidad cultural, social e idiomática que ello supone. Pero como todo en la vida siempre aparece algún mesiánico, carente de factores inhibitorios, que quiere echar por tierra lo que entre todos hemos logrado.

El 9-N ha sido el escenario en el que Artur Mas ha presentado su espectáculo. Un gran simulacro en una jornada de propaganda política que solo pretendía ocultar el fracaso del presidente de la Generalitat al no haber podido convocar la consulta ilegal que anunció el pasado 12 de diciembre. Todo simulacro que parte de un error termina en un fracaso.

Como siempre defendemos, la legitimidad democrática no tiene que ver con las veleidades de un mandatario, que representa en su Comunidad Autónoma lo que quiere destruir, el Estado. Y menos cuando este simulacro ha sido organizado por fuerzas partidarias de la independencia, financiado con dinero público de todos los españoles, y además carente de cualquier tipo de validez. Por lo menos, en cuanto a garantías se refiere.

No ha habido censo, no había representantes de los partidos políticos, ni interventores, y mucho menos algún órgano independiente y democrático que haya controlado el resultado de los votos. Queda claro que la democracia no se puede ejercer en fraude de ley ni con cajas de cartón.

El presidente de la Generalitat, por cierto una institución legitimada por la Constitución Española, ha olvidado que en nuestra democracia no tienen cabida los antojos personales de ningún tipo, porque como decíamos al principio la soberanía nacional reside en el pueblo.

Por tanto, esgrimir que los españoles que viven en Cataluña tienen derecho a ser escuchados y por eso tenían derecho a votar esa consulta es un argumento sesgado, puesto que así se está privando de ese derecho a quién realmente le corresponde que es el conjunto del pueblo español. En otras palabras, una parte de nuestro país no puede tomar decisiones que corresponden a todos los españoles por igual. Pese a ello, hay que reconocer, y sería ilógico que no, que mucha gente normal, con buena voluntad y guiada por buenos sentimientos participaron de esta jornada. Pero ellos no son los culpables, y por eso hay que tenerlos en cuenta.

Mientras esta semana se sucedían los actos por el veinticinco aniversario de la caída del muro de Berlín, Artur Mas pretende levantar un muro entre los catalanes, separar familias y romper con siglos de convivencia. El presidente de la Generalitat pretende seguir riéndose de todos los españoles, mientras divide Cataluña de forma unilateral.

Es más, creemos que la idealizada Cataluña de Artur Mas poco tiene que ver con la realidad de una Comunidad Autónoma con amplias competencias, que se ha desarrollado de forma pareja al resto de España, participando de la ventaja que supone integrar un gran país y pertenecer a la Unión Europea.

Lo hemos dicho en múltiples ocasiones y no nos cansaremos de repetirlo: ser catalán, español y europeo dentro de la marca España es un valor seguro de reconocimiento mundial, sin olvidarnos de que juntos valemos más que separados y así lo atestiguan las más de tres décadas que llevamos compartiendo el mismo barco.

Todos los españoles cumplimos con nuestras obligaciones, con nuestras responsabilidades y respetamos la ley porque esa es la manera de respetarnos como sociedad justa y en igualdad. Sigamos en esa línea. No rompamos algo que hemos construido entre todos y que nos pertenece a todos.

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