Hace 30 años, a las 9.53 de la mañana del 18 de julio de 1994, volaba el edificio donde funcionaba la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) ubicado en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. El brutal atentado terrorista dejó un saldo de 85 muertos y 300 heridos.
Transcurría la presidencia del peronista Carlos Menem, musulmán de origen que se convirtió al catolicismo para acceder a la primera magistratura, en línea con la Constitución Nacional de entonces que establecía la necesidad de que el presidente profesara la religión católica apostólica romana. Esa condición fue suprimida en la reforma de la Ley Magna que impulsó más tarde el propio Menem para habilitar su reelección.
La hipótesis más firme es que se trató de un coche bomba estacionado frente a la mutual con una carga de explosivos suficiente para derrumbar el edificio.
El hecho fue adjudicado a la organización terrorista libanesa Hezbollah que responde al Gobierno de Irán. Si bien ese país negó estar relacionado con el hecho, la justicia argentina imputó a ocho iraníes y un libanés ser los autores.
Sin embargo, durante los primeros años la investigación no avanzó y muchos interpretaron que los funcionarios argentinos estaban encubriendo el atentado, armando una causa que involucraban a expolicías de la provincia de Buenos Aires para desviar la atención de los hechos verdaderos. El primer juicio se inició en 2001 y se basó en la teoría de la «conexión local». Tres años más tarde, el entonces presidente peronista Néstor Kirchner creó una fiscalía especial para llevar adelante la investigación del caso AMIA y designó a Alberto Nisman al frente de la misma.
Sin embargo, la política impulsada por el kirchnerismo no ayudó nunca al esclarecimiento del atentado. Su simpatía por Irán era inocultable. En 2013 el Congreso argentino, con mayoría peronista, ratificó un ‘Memorándum de Entendimiento’ Argentina-Irán propuesto por la entonces presidente Cristina Fernández de Kirchner, con el supuesto fin de destrabar la causa estableciendo un mecanismo para tomar declaración indagatoria en su país a los iraníes acusados, entendiendo que sería imposible hacerlos comparecer en Argentina dado que Irán se negaba a su extradición.
Dos años después de ese engendro, el fiscal Nisman fue asesinado 24 horas antes de su exposición ante el Congreso Nacional, donde iba a explicar su denuncia contra la entonces presidente Cristina Kirchner, su canciller y otros funcionarios kirchneristas por considerar que aquel memorándum era, en verdad, una herramienta delictiva con la que se intentaba encubrir a los iraníes, auténticos responsables del ataque. Dos años más tarde y tras examinar enorme cantidad de pruebas y entrecruzamiento de llamados telefónicos, otro juez volvió a ordenar la captura de siete funcionarios iraníes y un miembro de Hezbollah. Desde entonces, los distintos gobiernos de Argentina reclaman a Irán, sin éxito, la extradición de los acusados.
Para no agobiar con detalles judiciales, llegamos al presente. El jueves pasado, como todos los 18 de julio desde aquel de 1994, se recordaron las 85 víctimas en un conmovedor acto en el que se nombró a cada una de ellas y se contaron algunas historias de vida. Participaron cientos de personas incluidos muchos políticos a pesar del rechazo de la mayoría, que guarda un entendible rencor hacia los funcionarios públicos, sin distinción de procedencia política. Porque, a pesar del dolor o además del dolor, los familiares llevan en el alma el peso de treinta años de impunidad y entienden, con razón, que ninguna administración pudo ofrecerles respuesta al requerimiento de verdad y justicia: no se terminan de explicar los detalles del atentado ni de condenar a los culpables.
La resolución del trágico atentado se suma a la larga lista de «asuntos pendientes» que la sociedad argentina acumula. Como todos los años, esta vez también se le reclamó al actual gobierno el esclarecimiento de aquel hecho, como lo viene haciendo la comunidad judía con cada administración política. Tres décadas después, la posibilidad de que eso suceda es bastante remota, aunque la política exterior argentina ha dado un decidido giro respecto de los alineamientos que venía cosechando el kirchnerismo.
Recientemente ha colocado a Hamás en el listado de organizaciones terroristas y ha enfriado su acercamiento con Irán. Esto le ha costado una contundente amenaza publicada hace unos días en un editorial del Teheran Times, órgano para-oficial del régimen, donde afirma que Irán “le hará lamentar su enemistad” para con ese país en el momento que lo considere oportuno. Nada que sorprenda: el ADN del terrorismo es, precisamente, sembrar el terror. La respuesta de los funcionarios argentinos no se hizo esperar y fue unánime: «No nos dejamos amedrentar y nadie nos amenaza».
Es de esperar que Irán no cumpla sus dichos y que Argentina pueda esclarecer aquel hecho luctuoso, porque es una deuda directa para con los familiares de las víctimas pero también para con la sociedad toda. Un auténtico impulso a la investigación sería una fuerte señal para el país, agobiado de falta de justicia y un mensaje al mundo, con un importante contenido ideológico implícito: Occidente vuelve a ser su lugar de pertenencia. La República Argentina ha cambiado de eje.
